La 'operación Adif' cuestiona por enésima vez la gestión de José Manuel Entrecanales

La entrada de la Guardia Civil este martes en la sedes de Barcelona y Madrid de Adif para recabar información sobre la presunta malversación de fondos en la construcción de un tramo del AVE en Cataluña, el túnel de la Sagrera, ha sacado de nuevo los colores a una de las principales constructoras y gestoras de infraestructuras del país, Acciona. El nombre del grupo aparece de forma más reiterativa en investigaciones judiciales y la sombra de la corrupción llega a su presidente, José Manuel Entrecanales, cuya gestión está en entredicho.

Según el hilo del que ha tirado el fiscal anticorrupción de Barcelona Emilio Sánchez Ulled, los encargados de construir el nuevo intercambiador de la capital catalana entre el metro y la alta velocidad habrían hinchado el coste de los trabajos en 82 millones de euros tras pagar mordidas a funcionarios para que avalaran las operaciones.

Sobrecoste en la construcción de la estación

Hay 14 detenidos y los agentes del instituto armado también han buscado documentos sobre los que descansan las sospechas en la sede de la empresa adjudicataria de las obras.

Acciona se alió junto a Dragados, Comsa y Acsa para pujar por el proyecto y, según las pesquisas judiciales, fue la que sacó mayor tajada del presunto desvío intencionado. La investigación que motivó el registro concluye que casi el 80% de la diferencia de precio se encuentra en los costes de construcción de la estación de La Sagrera, la parte que ejecutaba la cotizada de los Entrecanales.

Escándalo en Zaragoza

Este escándalo se suma a los otros dos casos de presunta corrupción que han marcado el arranque del ejercicio para el grupo. Anticorrupción declaró a finales de enero a la constructora responsable civil subsidaria del pago de indemnizaciones por valor de 147,2 millones por el caso Zaragoza Plaza.

Es decir, le hizo autor de la trama corrupta que se urdió en la órbita de la empresa pública creada para gestionar la plataforma logística que lleva el mismo nombre. Eso sí, comparte este protagonismo doliente con la sociedad del constructor local Mariano López Navarro. La fiscalía considera que existen suficientes pruebas para demostrar la vinculación de los directivos de Acciona en el territorio para desviar fondos, encargar trabajos ficticios e incrementar los costes de obras. El presunto fraude ascendería a unos 360 millones. 

‘Caso Acuamed’

Algo parecido con el caso Acuamed, otro problema judicial para Acciona que saltó solo dos días antes de que Fiscalía Anticorrupción entregara su escrito en el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza.

Varios directivos de la compañía, entre ellos el director general de la división de infraestructuras, Justo Vicente Pelegrini, acabaron detenidos en el marco de la operación Frontino y los tribunales han puesto la lupa a los proyectos que ejecutó el grupo ante las sospechas de nuevos sobrecostes y mordidas. La instrucción sobre los tejemanejes en la dirección de la empresa pública que realiza las grandes infraestructuras de la red de abastecimiento de agua del país aún está en fase inicial.

Directivos de segundo nivel

El consejo de administración de Acciona nunca se ha visto implicado directamente en los casos de corrupción investigados, ya que son los directivos de segundo nivel los que han acabado ante los tribunales. Oficialmente, el grupo defiende su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Las causas van para largo y la cotizada cuenta con recursos jurídicos suficientes para defender a sus ejecutivos y hacer frente a las posibles responsabilidades (especialmente económicas) para la compañía.

Pero no tener ninguna responsabilidad en el marco de la investigación no implica que no se exija a los gestores que pongan freno a este tipo de prácticas que afectan a la imagen del grupo y que asuman responsabilidades. Y en el caso de Acciona, es el nieto del fundador de la empresa quien da la cara.