La empresa acusada de saquear la sanidad catalana quiere más dinero público

La empresa investigada por el presunto saqueo de la sanidad catalana quiere más dinero público. Sagessa, en el epicentro de una investigación por varios delitos, acaba de recurrir a la justicia ordinaria tras perder un contrato en Tarragona valorado en 14 millones de euros. La empresa ha confirmado el recurso, mientras fuentes sanitarias lamentan que la firma "siga ganando adjudicaciones".

La compañía ha interpuesto recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tras ceder la gestión del centro de día y residencia para mayores de Gandesa (Tarragona) a la empresa l'Onada.

"Sí, es cierto, podemos confirmar que hemos interpuesto recurso porque no compartimos el criterio de adjudicación", ha señalado un portavoz de Sagessa.

"Su gestión era caótica"

Fuentes del sector sanitario dan otro punto de vista. "La gestión de Sagessa en la residencia era caótica. La empresa obligaba a algunos trabajadores a hacer jornadas de dos semanas. No respetaba los turnos y congeló los salarios en 2011", explica un trabajador del sector.

Hay más. Además del recurso, la empresa investigada en el marco del caso Innova utilizó presuntas malas artes tras perder el contrato. "Sagessa entregó tarde la documentación para subrogar a los 56 trabajadores, y azuzó el pánico para crear inseguridad. He visto muchos cambios de gestor: nunca ví uno tan bronco", agrega la misma fuente.

Con lo que respecta a la licitación, una fuente cercana al concurso da más detalles. "La ganadora quedó primera, mientras que Sagessa quedó novena. Puntuó muy mal en todos los aspectos. ¿Por qué recurre a la justicia? No lo sé".

Macroinvestigación

Cabe recordar que Sagessa, filial de la empresa municipal Innova de Reus (Tarragona), está en el centro de una macroinvestigación judicial por, presuntamente, la comisión de varios delitos económicos por parte de sus exdirectivos.

La causa es de un tamaño tan notable que se divide en 14 procedimientos. El juzgado de Instrucción número 3 de Reus lidia con la imputación de 110 personas, y 40 personas físicas y jurídicas se han personado como afectados.