ATLL: Acciona, con la ayuda de KPMG, carga contra la Oficina Antifraude

El futuro de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL) está en el aire desde el pasado febrero, cuando la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) señaló las presuntas irregularidades en la gestión del servicio que propiciaban y permitían anular la concesión. La Generalitat movió ficha para intentar revertir el contrato sin pagar indemnización a la compañía que lo firmó, un consorcio encabezado por Acciona. Ahora, la cotizada de la familia Entrecanales ha hecho lo propio para defender la licitación con la ayuda de la consultora que puede defender de forma más efectiva sus tesis, KPMG.

No es la primera ocasión en que la firma, que forma parte del selecto grupo de los big four, intercede en la guerra del agua en Cataluña. Abrió los brazos al ideólogo de la concesión, el exconsejero de Territori Lluís Recoder, cuando decidió poner punto y final a su trayectoria política en marzo de 2013 y se incorporó como socio asesor del área legal a la firma.

Argumentos de KPMG

Allí ha seguido los últimos tres años hasta que la auditora decidió prescindir de sus servicios a mediados de marzo. Como avanzó este medio, lo hizo por los escasos resultados profesionales que había obtenido y su implicación en el caso ATLL, ya que temía que el fracaso del concurso público le pasara factura en lo reputacional.

Los reparos de KPMG ante la imagen pública que daba con Recoder en plantilla no impidieron que preparaba el forensic para desmontar los argumentos de Antifraude. Los portavoces de la auditora defienden que el exconsejero de Territori se mantuvo completamente al margen de la realización del Informe Acciona Agua, tal y como se denomina internamente el documento.

Problemas con el trabajo de la OAC

Defienden, asimismo, que las cláusulas de confidencialidad con los clientes impiden divulgar el contenido del informe. El documento, con todo, ya ha salido a la luz pública. KPMG asegura que la institución que persigue las irregularidades en el sector público y que preside Daniel de Alfonso no hizo bien su trabajo con ATLL. Incluso señala, entre líneas, que Antifraude actuó para favorecer los intereses de una de las partes de la guerra del agua.

La consultora dice que ATLL Concesionaria, la sociedad que gestiona el servicio participada de forma mayoritaria por Acciona, estaría perfectamente capacitada para “reclamar legítimamente una indemnización por los daños y perjuicios” derivados de una resolución del contrato. Incluso los “beneficios futuros” que dejaría de percibir en los 46 años que aún estaría viva la concesión, en contra de la opinión de la OAC y de la auditoría que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) encargó a Faura-Casas para esclarecer si existían irregularidades en la gestión del servicio.

Facturas cruzadas correctas

KPMG mantiene que Antifraude erró al considerar irregulares los servicios que ATLL Concesionaria subcontrató a Acciona Agua sin la autorización expresa de la Generalitat. Se remite a las condiciones del contrato firmado el 27 de diciembre de 2012 en el que se afirma que Acciona actuará como socio industrial de la concesión. Considera que el título le permitía emitir facturas desde la división de agua de la cotizada a ATLL, ya que corresponden al 10% de remuneración por compartir el know how incluidos en el contrato y una cantidad extraordinaria para compensar los costes reales del servicio, por encima de los ofertados. Según la investigación de la OAC, esta actuación propició el desvío de 13,3 millones en beneficio del privado.

Al validar las facturas cruzadas entre ATLL y Acciona Agua, la consultora también da por buenos los costes que se imputaron en la tarifa de agua en alta, --la que abonan las compañías que gestionan servicio a nivel municipal, principalmente Aguas de Barcelona (Agbar), el otro gran actor de la guerra del agua-- y las deducciones fiscales que beneficiaron a Acciona Agua por la actividad. Es decir, mantiene que no hay materia para iniciar una causa judicial.

Representación pública

Finalmente, asegura que la Generalitat estuvo al corriente de todas las decisiones que se tomaban para gestionar ATLL porque el gerente del ACA --Joan Pinyol primero y Diego Moxó después-- participó en todas las reuniones del consejo de administración de la sociedad.

Antifraude sancionó que solo hubiera asistido a nueve de los 17 encuentros que se celebraron de 2012 a 2015 y la auditora justifica que los ocho restantes no fueron presenciales pero que todos los consejeros recibieron la documentación de los acuerdos autorizados. Reconoce, asimismo, que el representante público tenía voz pero no voto en el órgano de decisiones sobre la gestora de agua.