Presentación del 'Índice SCC de riesgo catalán'.

Presentación del 'Índice SCC de riesgo catalán'.

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Societat Civil Catalana estima que el 'procés' ha aumentado un 20% el "riesgo" económico en Cataluña

La entidad ve "muy improbable" la ruptura

18 noviembre, 2015 18:10

Societat Civil Catalana (SCC) afirma que el "riesgo" político y económico en Cataluña ha aumentado en un 20% durante 2015, debido al proyecto independentista. Añade que este incremento de la "incertidumbre" se refleja también en las decisiones de inversión y de deslocalización de empresas

Según un estudio que ha presentado este miércoles en Madrid la asociación, el "índice SCC de riesgo catalán" ha vuelto a aumentar este año, después de haber estado descendiendo desde su máximo de 2012. La asociación elabora este índice a partir de indicadores sobre la coyuntura económica, y del número de noticias sobre la incertidumbre económica y política en Cataluña publicadas en 40 medios de comunicación españoles y extranjeros.

La entidad que se opone a la independencia de Cataluña explica que este "riesgo" ha aumentado especialmente en los últimos meses, debido a los procesos electorales y a la actitud abiertamente independentista de Junts pel Sí, la candidatura de CDC, ERC y las entidades soberanistas que se impuso en los comicios autonómicos del 27S.

Mejora a partir de 2016

Según los autores del estudio, el vocal de SCC Ferran Brunet, el economista Javier Santacruz y el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares Juan Ramón Cuadrado-Roura, el riesgo en Cataluña descenderá a partir de 2016. Consideran que las elecciones del 20D pueden causar "cambios significativos" en el proyecto independentista, así como mandar "un mensaje de confianza a los inversores".

La entidad también prevé un "escenario de confrontación bajo" de cara a los próximos meses. Para SCC, es "muy improbable" un futuro escenario de ruptura. Pero también considera igualmente improbable una resolución rápida del conflicto.

El índice de SCC arranca en 2004, un año considerado como de "normalización política" por la entidad, y aumentó notablemente a partir de 2007, y especialmente a partir de 2010, tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.