Sitges pide ayuda al Govern para acabar con los 1.600 pisos turísticos ilegales del municipio

El Ayuntamiento de Sitges ha pedido a la Generalitat que ordene el cierre de un apartamento turístico ilegal de la ciudad. Este requerimiento se enmarca en la campaña que el consistorio acaba de iniciar para acabar con esta actividad no regulada.

El nuevo equipo municipal ha destinado un trabajador a recorrer las calles del municipio para verficiar las denuncias y quejas de los vecinos que alertan de la existencia de este tipo de viviendas. De momento, el ayuntamiento actúa de oficio si sospecha de alguna irregularidad.

Competencia de la Generalitat

Según los datos de la Concejalía de Turismo existen aproximadamente 1.600 viviendas que alojan turistas al margen de la normativa. La concejal del área, Aurora Carbonell, considera que esta medida es el primer paso para enviar una alerta a la Generalitat del estado de la cuestión, según informa Diari de Girona.

La Generalitat és la administración competente en la regulación de estas actividades y también en su inspección, en la que pueden colaborar los ayuntamientos. El Gremio de Hostelería del municipio también se ha quejado de esta situación y se espera que el Govern tome medidas.

Dañan la imagen de Sitges

Según la concejala, los pisos turísticos dañan la imagen de Sitges. La falta de control sanitario y de seguridad sobre estos establecimientos serían los principales motivos de la "mala imagen" que se puede atribuir al municipio si no se toman medidas.

El equipo municipal considera que estos negocios ilegales engañan a sus clientes, a los que incluso les cobran una cantidad en concepto de tasa turística. Además de ser una actividad que comporta competencia desleal a los hosteleros con licencia y que cumplen la normativa.

Control de páginas webs

Las acciones del consistorio también se dirigirán al control de páginas webs. Se estudiarán todas las empresas que se dediquen a anunciar alojamientos turísticos en pisos.

En los casos que susciten duda o sea evidente su situación irregular se pedirá "el número de registro como establecimiento autorizado", explica Carbonell. Con esta segunda fase para detectar los pisos irregulares se pretende confeccionar un registro para que la Generalitat pueda actuar.