La ONU condena al Ayuntamiento de Barcelona por discriminar a un policía

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha condenado al Ayuntamiento de Barcelona por discriminar a un policía. La organización transnacional ha afeado al segundo mayor consistorio de España y que gobierna Barcelona en Comú (BComú) que no vele por la inclusión de los agentes de la Guardia Urbana incapacitados.

Lo ha hecho en un dictamen con fecha a 2 de abril referido al agente Vicente Flores, exguardia urbano discapacitado y a la sazón presidente de Asociación para la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad (AILPOLD). La opinión, que es vinculante en la medida en que España suscribió el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008, concluye que el efectivo policial, de 40 años, "fue discriminado por motivo de su discapacidad", ya que se le jubiló forzosamente y no se le permitió continuar trabajando. Ello vulnera los artículos 5 y 27 de la Convención, que protegen el derecho a la no discriminación y el derecho al trabajo y al empleo de las personas con una minusvalía.

Compensación al agente

Con este dictamen condenatorio, el instrumento internacional de Naciones Unidas para velar por los derechos de las personas con capacidades especiales expone cuatro elementos que el Reino de España y el Ayuntamiento de Barcelona deberían hacer. Son compensar judicialmente a Vicente por los gastos judiciales en los que haya incurrido y adoptar medidas para que el agente "pueda ser sometido a una evaluación funcional alternativa", proporcionándole una segunda actividad u otras complementarias. Con lo respecta a normativa, emplaza el Gobierno a "ajustar el Reglamento de Segunda Actividad de la Guardia Urbana" para que éste no limite solo el pase a segunda actividad a los efectivos policiales con discapacidad parcial. Pide también la Convención "armonizar la diversidad de normativas locales y regionales que regulan el pase a segunda actividad" de los funcionarios de la administración para ajustarlos "con los principios de la Convención y las recomendaciones del presente dictamen".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d) y Evelio Vázquez (i), jefe de la Guardia Urbana, con agentes / CG

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (d) y Evelio Vázquez (i), jefe de la Guardia Urbana, con agentes / CG

¿Qué significa ello? Que obraron mal, en opinión de Naciones Unidas, los gobiernos municipales de los exalcaldes Jordi Hereu y Xavier Trias al denegar al policía --que perdió funciones motoras al accidentarse en moto mientras acudía en moto a un servicio urgente hallándose de baja médica-- la segunda actividad con arreglo al artículo 7.2 del Reglamento que regula este cambio de puesto de trabajo en el cuerpo municipal de seguridad. Además de ello, forzaron los Ejecutivos locales de ambos políticos a Vicente a recurrir un auténtico via crucis judicial. Recurrió el agente su jubilación forzosa a los 31 años y la ganó en Primera Instancia, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revertió la decisión en 2012. El caso recaló en el Tribunal Constitucional (2014), primero, y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, 2015), después, que desestimaron sus recursos. Finalmente, la Convención sí ha arropado al exfuncionario.

"No me dieron ni las gracias"

En conversación con este medio, Vicente Flores ha valorado como "muy positiva" la opinión vinculante de la ONU. "El Reino de España suscribió esa Convención, por lo que cualquier abogado dirá que el dictamen hay que ejecutarlo", ha recordado el activista. Ha explicado Flores que "le obligaron a jubilarse con 31 años, como ocurre con otros agentes de la Guardia Urbana a los que se niega la segunda actividad, perdiéndose así ese potencial y conocimientos que tienen". Recuerda la misma fuente que este desempeño de funciones no operativas "no tiene que ser en la estructura del cuerpo, sino que puede ser en la plantilla municipal --Barcelona tiene unos 11.000 funcionarios-- ya sea como abogado, periodista o la profesión que corresponda con los estudios del agente que ha quedado incapacitado". Reclama por ello el denunciante que "se reforme" el Reglamento de Guardia Urbana --aprobado en 2002-- y se actualice a la normativa vigente, incluidos los aspectos recogidos en la Convención.

En el terreno personal, Flores recuerda que "ha batallado un largo combate judicial durante 10 años" hasta que Naciones Unidas ha estimado su caso. "Es muy importante, pues abre la puerta a compañeros policías que pueden estar en la misma situación", agrega. Añade que hay guardias urbanos que "esconden graves lesiones o incluso enfermedades infecciosas por miedo a que les declaren incapaces totales", perdiendo parte del salario que reciben. Flores se sobrepuso al hecho de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) lo declarara incapaz para desempeñar su puesto de trabajo y el Ayuntamiento lo expulsara en septiembre de 2010. Agradece el apoyo de su abogada, Leonor Lidón, delegada y representante asignada por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y el de Ainhoa (su mujer) y Chloe y Enzo, sus hijos. Tiene también una crítica a los gobiernos municipales: "Nunca nadie me agradeció los servicios prestados, pese a que perdí mi trabajo en cumplimiento del deber de actuar en caso de flagrante delito cuando estaba de baja médica", remacha.