La justicia avala al Govern: prohibidas las reuniones de más de 10 personas en Cataluña

El Juzgado Contencioso número 13 de Barcelona ha dado este viernes a primera hora de la tarde un espaldarazo al Govern en su decisión más polémica para atajar los rebrotes de coronavirus. Ha avalado la decisión de prohibir las reuniones de más de 10 personas en todo el territorio para “intentar controlar la curva de contagios” en contraposición a la opinión de la Fiscalía, que estaba en contra de la limitación. Los que se salten esta norma se exponen a multas.

Este veto se aplica tanto en el ámbito público como en el privado, con algunas excepciones que ya han levantado polvareda. Las actividades laborales, de culto, actos religiosos o celebraciones como bodas y entierros, el transporte público y los planes específicos de salas culturales y deportivas sí podrán concentrar más de 10 personas.

Bula para la Diada independentista

La polémica ha llegado con la declaración del Ejecutivo liderado por Quim Torra de que la “limitación no es aplicable al derecho de manifestación”. De esta forma, la ANC podrá celebrar sus actos independentistas en el marco del 11 de septiembre, la Diada.

La organización liderada por Elisenda Paluzie ya ha dejado claro que solo piensa anular el programa si se llega a otro confinamiento y el Ejecutivo catalán ya ha dado su visto bueno a las protestas planificadas. Una de las últimas voces a favor de ello ha sido la de la consejera de Salud, Alba Vergés (ERC), quien ha justificado que se pueden llevar a cabo porque la mayoría de los contagios han tenido lugar “en el ámbito doméstico”.

La consellera de Salud, Alba Vergès, durante su entrevista en Catalunya Ràdio / CCMA

Evitar un nuevo confinamiento

El magistrado reconoce que los datos actuales de propagación de la enfermedad son suficientes para limitar los encuentros sociales. Todo ello, para “evitar que se tengan que evitar medidas más limitadoras de derechos de las personas como sería sin duda tener que acordar el confinamiento total o parcial”.

Llegar a este escenario es el principal reto de la Administración. El propio juez reconoce los “evidentes perjuicios” que ello “conllevaría para las personas y la actividad económica”.

La prohibición de encuentros se mantiene a lo largo de los próximos 15 días y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).