Planta industrial de Iqoxe en Tarragona / EFE

Planta industrial de Iqoxe en Tarragona / EFE

Vida

Un juez de Tarragona investiga la explosión de Iqoxe como imprudencia grave

Tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas el 14 de enero por el estallido en la empresa química

17 julio, 2020 14:13

El Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona investiga la explosión en enero en la empresa química Iqoxe, con base en los presuntos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones, daños y delitos contra los derechos de los trabajadores.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha explicado en un comunicado este viernes que la investigación tiene, además, dos piezas separadas: una sobre las licencias de los reactores de la empresa, y otra sobre presuntos delitos contra el medio ambiente por verter residuos directamente al mar.

Tres fallecidos

Tres personas murieron y ocho resultaron heridas el 14 de enero de 2020 a raíz del estallido en la empresa química en el polígono petroquímico de Tarragona, que también causó daños materiales en las instalaciones de la empresa y en edificios de las poblaciones del entorno.

Una vez levantado el secreto de la actuaciones, las diligencias recogen que la planta de Iqoxe en La Canonja "venía desarrollando su actividad con una política empresarial de aumento de la producción y reducción de costes de lo que resulta indiciariamente un deficiente mantenimiento de las instalaciones y el ejercicio de la actividad sin las debidas condiciones de seguridad laboral e industrial exigibles a este tipo de empresas químicas, y con un insuficiente número de trabajadores para realizar el proceso productivo con las debidas garantías de seguridad".

Fuga en el reactor

Así, señala el documento judicial que, en la misma tarde de la explosión, se detectó una fuga en una de las bombas del reactor, la cual tenía problemas anteriores por pérdidas de materia prima. Al detectarse la fuga, hubo una reunión de los responsables de la planta que acordaron continuar el proceso de producción.

Por ello, el magistrado investiga si las medidas de protección de la población adoptadas "fueron acordes a las circunstancias de riesgo existente, apreciándose indiciariamente que no sonaron las alarmas ni el sistema de avisos, que hubo falta de información a la población en general y que únicamente se indicó que debía procederse a un confinamiento preventivo en caso de nube tóxica".