El Govern retira el dinero de las becas comedor antes del plazo máximo para gastarlo

El incumplimiento del Govern con las becas comedor sigue generando episodios de mala gestión. Pese a que la Generalitat prometió mantener estas ayudas durante el verano, una reciente orden dictada por las Consejerías de Educación y Asuntos Sociales ha echado por tierra este compromiso.

En esta resolución, se señalaba el 31 de julio como fecha límite para gastar el dinero transferido a las tarjetas monedero. Sin embargo, algunos beneficiarios han comprobado con sorpresa que sus fondos han sido sustraídos de forma arbitraria.

El Govern incumple los plazos

Ramón es uno de los afectados por este repentino cambio de criterio. Este padre de familia narra cómo su saldo fue barrido antes de tiempo: "Intentamos comprar en un supermercado el día 28 y no fue posible. También probamos de hacer una compra online y la operación fue denegada. Al comprobar el estado de la tarjeta, vimos que se había reintegrado todo el saldo ese mismo día". Crónica Global ha tenido conocimiento de otras personas que se encuentran en la misma situación pero prefieren preservar el anonimato.

Fondos retirados de una tarjeta comedor antes del 31 de julio

Hay que recordar que el pasado 18 de junio, el Parlament aprobó por unanimidad una moción para asegurar la "cobertura de las ayudas alimentarias para menores vulnerables durante los meses no lectivos del verano de 2020". Tras los últimos acontecimientos, la moción ha quedado en papel mojado.

"Una decisión unilateral"

Jordi Gil, responsable de Educación en el Consejo Comarcal del Baix Llobregat, confirma a este medio que "desde este jueves 30 se han empezado a quitar los fondos". El propio consejo comunicó a los perceptores que tenían hasta final de mes para usar la tarjeta.

Estos órganos comarcales tienen delegadas las competencias de gestión del programa, aunque Gil subraya que ha sido el Govern quien ha tomado una "decisión unilateral" quedándose el dinero. "Los consejos propusimos dar continuidad a las becas hasta terminar el año e incluso ampliarlo al siguiente, pero la Consejería de Educación ha optado por otra vía", resume Gil.

Una medida extraordinaria

Un portavoz de la Consejería de Educación recuerda que las tarjetas se instrumentaron de forma extraordinaria para sustituir a los comedores escolares, clausurados durante el estado de alarma.

"El curso escolar acabó el pasado 19 de junio y se ha concedido un mes y medio para gastar las transferencias pendientes. Fuera de ese periodo, son los entes locales los que según el Gobierno deben cubrir estas necesidades", informa el departamento, que no ha aclarado el motivo de estas incidencias.

Crece la indignación

Pese a estas explicaciones, la indignación ha prendido en el mundo local. Treinta municipios del área metropolitana de Barcelona han exigido que "se reconsidere la decisión de finalizar las ayudas alimentarias (...) y que durante todas las vacaciones escolares, de manera excepcional por la crisis del Covid-19, esta sea la fórmula para dar respuesta a las necesidades de alimentación de los niños".

Distintas entidades sociales también han levantado la voz contra la actuación de la Generalitat. La asociación SOS Menjadors Escolars Públics ha pedido a las administraciones trabajar juntas para lograr que este agosto todos los niños en situación de vulnerabilidad "tengan una comida digna asegurada", mientras que CCOO considera que la decisión vulnera los derechos de los menores en un momento complicado para las familias.

Récord en pobreza infantil

Antes de la pandemia, el Observatorio Social de La Caixa registró un aumento inusitado de la pobreza infantil en Cataluña. Según datos de la entidad, casi la mitad de los niños (un 48,1%) que viven en hogares donde solo trabaja uno de los padres se encuentra en el umbral de la pobreza.

El estudio del Observatorio, realizado en febrero de este mismo año, también señalaba que, pese a sus altos índices de pobreza entre los menores, España es uno de los países que menos lucha contra esta lacra. Una disfunción que, en palabras de los investigadores, "no garantiza una vida digna" para los más pequeños.