El Gobierno declara zona gravemente afectada por emergencia a Cataluña por los incendios

Cataluña ha sido declarada, tras ser aprobado el Real Decreto del Consejo de Ministros, zona afectada gravemente por emergencia de protección civil a consecuencia de los fuertes incendios forestales. En los últimos meses, varios fuegos han devastado numerosas hectáreas en la comunidad, especialmente tras la llegada de la ola de calor. No obstante, este fenómeno no es exclusivo del territorio catalán y han sido incluidas bajo esta denominación doce autonomías más.

Isabel Rodríguez, ministra portavoz del Gobierno, ha explicado que con esta declaración las comunidades autónomas afectadas podrán acceder a "ayudas para atender las urgencias y lo más inminente". Los territorios que entran en la lista son Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y Asturias.

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, interviene en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / M.FERNÁNDEZ. POOL - EUROPA PRESS

Cobertura de emergencias

El Real Decreto cubre, así, todas las emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, tanto en infraestructuras como en bienes públicos y privados; daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas. Esto ha sido confirmado por Rodríguez, quien ha asegurado que estas ayudas también irán destinadas a viviendas, enseres, establecimientos industriales, ganaderos, agrarios, también para personas jurídicas y si los hubiera, para las corporaciones locales afectadas.

Aunque el Gobierno no dispone aún de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, ha valorado que la magnitud de sus efectos, las medidas que ha sido necesario adoptar para paliar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales justifican la intervención de la Administración General del Estado. Según ha argumentado el Ejecutivo, esta implicación se realiza por solidaridad interterritorial y para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las comunidades autónomas y otras administraciones territoriales.