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Eloi Badia, el concejal de Energía del Ayuntamiento de Barcelona, y Ada Colau frente la parte del cementerio derrumbada / CG

La gestión de Badia en el cementerio de Montjuïc podría convertirse en un ‘Caso Yak-42’

Juristas advierten del peligro de hacer certificaciones de identidad de los nichos que se derrumbaron sin las comprobaciones pertinentes

25.09.2017 00:00 h.
6 min

Se cumple una semana desde que el viernes 15 de septiembre se derrumbó un bloque de 144 nichos del cementerio de Montjuïc de Barcelona, provocando que algunos restos óseos quedasen al descubierto y se mezclasen. Siete días en los que el Ayuntamiento de Barcelona no había hecho declaraciones sobre el asunto para explicar las causas de lo ocurrido hasta este mismo viernes.

Según el concejal de Presidencia y responsable del asunto, Eloi Badia, se detectó una gran grieta en el bloque dos días antes del desastre, pero no se llegó a tiempo de arreglarlo antes del hundimiento. Lo que no explicó en ningún momento el edil de Barcelona en Comú es la forma en que trabaja el consistorio mientras no se soluciona el problema: sin intervención de forenses o autoridades judiciales y sin contar con las familias, funcionarios municipales separan restos óseos de hombres y mujeres y proceden a nuevos enterramientos sin garantizar que correspondan a la misma persona.

‘Caso Yak-42’

El abogado Jordi Medina Ortiz, doctor en Derecho y secretario de la sección de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), alerta de que la gestión que está capitaneando Badia puede desembocar en un nuevo Caso Yak-42, el avión militar español estrellado en Turquía en el que murieron 75 militares españoles.

El Tribunal Supremo dictó varias sentencias condenatorias en las que condenaban a diversas personas por falsedad documental, ya que los mandos militares que certificaron la identidad de los cadáveres y restos humanos no hicieron las comprobaciones oportunas.

“No creo que en el caso del cementerio de Montjuïc se pueda producir esta circunstancia, pero si algún funcionario o autoridad llega a hacer certificaciones de identidad sin las comprobaciones pertinentes, el precedente aquí está”, explica a Crónica Global el letrado.

Ordenanza municipal

Argumenta que la identificación de restos cadavéricos con posterioridad al entierro no está regulada y recuerda que la actividad de gestión de cementerios está sujeta a una reglamentación muy minuciosa, aunque no dispone de una regulación clara para casos como éste.

En relación a las inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, la Ordenanza de Cementerios del Ayuntamiento de Barcelona remite al Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, que podría ser aplicable. El artículo 13 prevé dos puntos básicos: el primero, que cada féretro solo pueda contener los restos de la persona para la que se autorizó la inhumación. El segundo, que solo excepcionalmente se puede permitir la inhumación de dos o más personas en el mismo féretro: casos de abortos en el que madre e hijo mueren a la vez; casos de catástrofes y de epidemias. En estos dos últimos supuestos, se necesitaría el permiso de la alcaldesa.

“Si la entidad encargada de la gestión del cementerio no cumple con este artículo, incurriría en una infracción”, explica Medina. Y apunta que, en materia de infracciones y sanciones, el reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria se remite a la Ley General de Sanidad, que dicta sanciones de 15.000 euros para infracciones graves.

Indemnizaciones

Sobre los familiares afectados por el derrumbe de los nichos, el doctor en Derecho recuerda que “es evidente que se ha producido un daño moral y que se tiene que indemnizar”. Siempre que una persona, por acción u omisión, causa un daño a otra, está obligada a reparar el daño causado.

Para que exista esta obligación de indemnización, tiene que haber una acción u omisión imputable a alguien; un daño evaluable económicamente; un nexo de causalidad y una ausencia de culpa en la víctima. Lo complicado es cuantificar ese daño: “Si la situación comporta gastos por el segundo entierro o la compra de lápidas, esas podrían ser las cantidades. Si no, es difícil cuantificarlo”.

Auditoría externa

De momento, la oposición al equipo de gobierno de Ada Colau ya ha tomado partido en el asunto exigiendo responsabilidades a los comunes. El Partido Popular ha reclamado una auditoría externa e independiente para no basar todo a una hecha por la propia empresa de camposantos. “No se puede aceptar que, en un cementerio municipal, los nichos se acaben convirtiendo en una fosa común o un osario”, ha replicado Alberto Fernández.

El Grupo Demócrata (PDeCAT), por su parte, ha pedido un trato sensible y cuidadoso de los restos humanos, además de un nuevo Plan Director del Cementerio de Montjuïc y un incremento de las partidas económicas para este año y para 2018. Sònia Recasens, portavoz adjunta del partido, ha reprobado “de nuevo el silencio que mantiene la alcaldesa Ada Colau ante el accidente más grave que se ha producido nunca en el Cementerio de Montjuïc”.

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