Barcelona ya cuadruplica a Madrid en okupaciones

Aunque la situación varía mucho entre ciudades españolas por las normativas regionales entre otros factores, en el conjunto de España ha habido una reducción generalizada de estos casos, que han bajado de media un 4,4%. En cambio, en Barcelona apenas se nota esta mejora, que se ha quedado en menos del 0,5%.

Desalojo de okupas en un inmueble de Gràcia, en Barcelona / EP

16 okupaciones diarias

La capital catalana concentra, además, una de cada tres okupaciones en toda España, según datos remitidos por el Ministerio del Interior correspondientes al primer cuadrimestre de este año, los últimos disponibles. Ello implica que, cada día, la provincia de Barcelona sufre 16 allanamientos y usurpaciones de vivienda.

En estos cuatro meses, se han producido un total de 1.930 okupaciones, que, si se comparan con el número de inmuebles, equivalen a más de siete por cada 10.000 viviendas. Una tasa que multiplica por más de cuatro las 1,8 okupaciones por cada 10.000 viviendas que se dan en Madrid, cuyas Administraciones se han mostrado más hostiles con los okupas.

Edificio okupado en el barrio de Vallcarca / GOOGLE MAPS

Inacción ante los allanadores

"Ha habido una consolidación de las okupaciones", alerta Òscar Gorgues, gerente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. El directivo del sector inmobiliario asegura que la situación en la ciudad "preocupa bastante" y por ello reclama una nueva legislación "que contemple la okupación como delito".

Precisamente la Comunidad de Madrid ha impulsado una propuesta de reforma del código penal que, de ser bendecida por el Gobierno central, daría a los okupas 48 horas para abandonar un inmueble si no son capaces de acreditar con un documento su derecho de residencia. En cambio, los cambios normativos llevados a cabo por el Ejecutivo catalán, como regularizar las okupaciones con alquileres sociales en ciertos supuestos, han indignado a los representantes inmobiliarios.

El sector se muestra muy crítico con un marco legal que, en muchos casos, eterniza los intentos de desokupación. Denuncian que este limbo jurídico ni soluciona el problema social de la vivienda ni garantiza el derecho a la propiedad privada para su óptima utilización como bien de mercado.