Dos niños juegan en un aula escolar EFE
El impacto de la tutela en Cataluña: tres años y medio en centros de acogida alteran el neurodesarrollo
Expertos alertan en el ICAB de que la estancia media de 3,5 años en centros de acogida genera "estrés tóxico" en una infancia tutelada que ya suma 8.724 expedientes activos
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El tiempo de respuesta de la administración es, en ocasiones, incompatible con las necesidades del desarrollo infantil.
Bajo esta premisa técnica arrancó este martes la jornada “Un sistema de protección a la infancia en revisión”, organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB).
En este foro marcado por la urgencia, diversos especialistas constataron que la estancia media de 3,5 años en centros de acogida no es un periodo inocuo.
Para los 8.724 menores bajo la tutela de la Generalitat, cada mes de espera condiciona su arquitectura emocional, una realidad que se agudiza en los 260 niños menores de seis años institucionalizados. De ellos, 110 ni siquiera alcanzan los tres años de edad.
La factura del "estrés tóxico"
La Dra. Anna Fàbregas, pediatra del Hospital Vall d'Hebron, puso voz a una advertencia que trasciende lo social para entrar en lo clínico: la ausencia de un referente afectivo estable durante el internamiento prolongado altera el mapa neurológico del menor.
Este vacío desencadena el denominado estrés tóxico, un proceso fisiológico en el que la sobreexposición prolongada al cortisol inhibe el desarrollo de áreas críticas del cerebro como la corteza prefrontal y el hipocampo.
"La esperanza de vida de estos niños se ve disminuida", advirtió la pediatra, quien insistió en que ningún centro residencial, independientemente de la cualificación de su personal, posee la capacidad de replicar los beneficios biológicos de un entorno familiar estable.
Sede de la DGAIA en Barcelona
Este mecanismo biológico compromete el aprendizaje y "reprograma" el sistema inmunológico del menor, predisponiéndolo a patologías físicas y de salud mental crónicas.
Para la comunidad científica, el tiempo que estos menores pasan en instituciones representa un "periodo crítico" donde el daño por falta de apego corre el riesgo de volverse irreversible.
Contra la "cultura de la retirada"
El debate sobre el modelo de protección también interpeló directamente a la filosofía de la intervención pública.
El psicólogo Jaume Funescentró su ponencia en la necesidad de blindar el derecho al vínculo afectivo, recordando que proteger a un niño es, ante todo, garantizarle el "derecho a importar a alguien".
Funes cuestionó la "cultura de la retirada" que a menudo impera en la administración, donde el temor al riesgo legal suele prevalecer sobre el derecho del niño a su propio entorno.
El evento "Un sistema de protección a la infancia en revisión: hacia un modelo más garantista y respetuoso con los derechos", organizado por la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB, en Barcelona
Ayudas a las familias
En un ejercicio de autocrítica sistémica, el psicólogo aseguró que "la mayoría de nosotros, si se nos aplicaran las pautas de 'buena familia' que exige el sistema, no las pasaríamos".
Los expertos coincidieron en que el sistema no puede pretender corregir mediante el ingreso en centros lo que es, en su origen, un problema de pobreza estructural.
Por ello, el objetivo de la reforma no es localizar "familias de película", sino dotar de apoyos reales a las familias biológicas para que puedan ejercer su rol protector sin que la precariedad económica dicte la separación.
El fallo en la prevención
Para que el sistema deje de ser reactivo, resulta imprescindible derribar los muros burocráticos.
Los ponentes denunciaron que la prevención en Cataluña fracasa porque Salud, Educación y Derechos Sociales operan como compartimentos estancos.
Judith Miró, directora de instituto, lamentó que la ausencia de un expediente único compartido impida que las alertas escolares lleguen con la agilidad necesaria a los servicios sociales territoriales.
Futuro hipotecado
Esta fragmentación operativa dilata los tiempos de respuesta y condena al sistema a intervenir solo cuando el daño ya es grave. Las consecuencias de esta demora son visibles en la etapa post-institucional; el educador Daniel Ortega advirtió que la inestabilidad de estas largas estancias deriva en tasas de abandono y fracaso escolar que duplican la media general.
Esta brecha académica hipoteca la autonomía de los jóvenes una vez que cumplen la mayoría de edad, dificultando su integración laboral y social.
![Sede de la DGAIA en Barcelona](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/05\/16\/vida\/1003742657999_14587404_320x180.jpg"])
Mandato europeo
La jornada en el ICAB concluyó con una reivindicación técnica que ya es un mandato de la Garantía Infantil Europea: el sistema no debe permitir que ningún menor pase más de dos años en un recurso residencial.
