"Me quitaron la custodia de mi bebé antes del parto": la Generalitat tutela 152 recién nacidos

El sistema de protección de menores le quitó a su bebé antes de que naciera. Desde que dio a luz a su hija el 2 de junio de este año, Laura -nombre inventado para proteger su identidad- solo la ha conocido a través de las visitas semanales que le permiten hacer en un punto de encuentro y bajo la vigilancia de un trabajador social.

Ahora, con la ayuda de una abogada, lucha para recuperar a la pequeña y poder ejercer de madre en plenas facultades.

No es un caso único. La misma letrada, Silvina Scotino, defiende a otras dos madres en situaciones similares. Y, según los datos de la Generalitat, el 1,7% de los 8.954 menores que al cierre de septiembre estaban separados de sus familias por desprotección infantil no habían llegado todavía a cumplir su primer año de edad: son 152 bebés.

Educadores anónimos, que conviven diariamente con los menores tutelados y tienen contacto con las familias, aseguran a Crónica Global que se trata de situaciones de “extrema gravedad” en las que el bebé sufre un riesgo evidente.

"Me arrancaron a mi hija"

Laura tiene dos hijos mayores, también amparados por la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), la antigua DGAIA. Sin embargo, asegura que nada ni nadie le advirtió que podría ocurrirle lo mismo con el tercero: “Antes de dar a luz, vinieron a casa, vieron la cuna, la hamaca, lo evaluaron todo y dijeron que estaba bien”.

Dice que no supo nada de lo que iba a ocurrir hasta la noche del 1 de junio, cuando ingresó al Hospital Sant Joan de Déu, después de romper aguas, y le comunicaron la notificación que habían recibido de servicios sociales. “Me quedé blanca”, recuerda.

“Fue un parto natural y me la pusieron encima cuando nació” -tiene ese momento grabado a fuego. “Luego, nos subieron a la habitación a las cinco de la tarde, pero a las ocho se la llevaron”. Los instantes más tensos los vivió al recibir el alta: “Me dijeron que no me la podía llevar, yo me empeñé en que sí, pero insistían en que no me lo iban a permitir y se pusieron a malas; sentí que me arrancaban a mi hija de los brazos”.

"La última opción"

“La retirada de un infante de su núcleo familiar no es una decisión fácil y no es aleatoria ni subjetiva, es una decisión colegiada”, indican fuentes del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña a Crónica Global.

La abogada Silvina Scotino Òscar Gil Coy Barcelona

Justifican, ante un dato [el de los 152 bebés de menos de un año separados de sus familias] que resulta impactante, que “el desamparo siempre es la última opción. Y se llega, dicen, cuando no se han podido articular otras soluciones, o cuando se está actuando en una situación de urgencia muy grave”.

Maltrato prenatal

En los nueve primeros meses de este año, los profesionales sanitarios de la red hospitalaria pública han notificado diez casos de maltrato infantil prenatal en el registro unificado que comparten con la DGPPIA. “Estas causas normalmente van ligadas a consumo de drogas por parte de la madre”, aclaran las mismas fuentes, aunque se pueden dar otras circunstancias.

“Muchas veces, estas familias tienen hijos más mayores que ya están amparados por el sistema y, a la hora de tener un nuevo bebé, no han resuelto las situaciones por las que se les retiró la custodia”, profundiza una educadora. Además, aclara que se suelen dar circunstancias como adicciones, violencia de género e intrafamiliar y “una falta de interés muy marcada por recuperar la tutela de los pequeños”.

Inestabilidad

Laura relata que en servicios sociales le han avisado de que el primer paso para recuperar a sus hijos es reponer su estabilidad económica y “con la pareja”, que vive entre Barcelona y su país de origen, y con quien asegura que ahora está “bien”, aunque reconoce haber pasado periodos más turbulentos.

El objetivo de la mujer es “recuperar primero al bebé y luego a los dos mayores”. Cree que demostrar su capacidad de cuidar de la pequeña le allanará el camino para recomponer la familia: “Quiero que me den la oportunidad de ver cómo está conmigo, que me estudien, que vengan a casa por sorpresa, pero me dicen que no es posible si no resuelvo todo lo otro”.

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Asevera que se ha hecho más tests médicos de los que le han pedido para demostrar que no consume ningún tipo de estupefaciente y que está totalmente sana; sin embargo, se niega a someterse a una prueba de discapacidad: “Yo sé que no tengo nada y ya me estoy cansando de hacer todo lo que me dicen para que luego no me devuelvan a mi hija”.

Visitas controladas

En estos momentos, está desempleada por la depresión que esta situación le ha causado y porque, dice, es incompatible con el horario de visitas de la pequeña, a las que acude sola, sin el padre de la criatura porque, “como trabaja de camarero, no puede ir”, pese a que tiene permiso para ello.

Sobre estos encuentros, que se llevan a cabo en centros de la Generalitat para este propósito, dice que son “muy estresantes” porque los responsables de servicios sociales que las supervisan están constantemente encima de ella: “No se fían de que no me la vaya a llevar en cualquier momento”, lamenta.

“Me dejan a la niña en el carro, con todas sus cosas de bebé, y, a cada movimiento, cuando voy a coger un pañal para cambiarla o un chupete, vienen corriendo a preguntarme qué voy a hacer”, detalla.

Fuentes conocedoras del protocolo informan a este medio que esta sobreprotección se da cuando existe la sospecha de que el contacto con la madre biológica puede ser especialmente dañino para el menor.

Sin intervención judicial

Al margen de la reciente reestructuración del sistema de protección de menores de Cataluña -ejecutada por la consellera Mònica Martínez Bravo a raíz del caso la menor tutelada que fue captada en una trama de prostitución-, el debate acerca del proceso de desamparo sigue abierto por la ausencia de intervención judicial.

“A diferencia de lo que ocurre en un juzgado, que se rige por el derecho y las leyes, este organismo administrativo está formado por funcionarios y su criterio”, denuncia la abogada Silvina Scotino. Explica su punto de vista comparando esta situación con otras: “Para inspeccionar tu casa necesitan una orden judicial, pero para quitarte un hijo no”.

Desde la conselleria defienden que los equipos a cargo de esta toma de decisiones lo hacen “atendiendo a criterios que afectan al bienestar de los menores y su desarrollo”, pues “el entorno de un bebé le afecta de por vida”.

Ley de Derechos de la Infancia

La Generalitat asegura que “es un protocolo estructurado, en el que intervienen varios equipos profesionales, en el que se valoran todos los elementos de protección, así como los indicadores de riesgo que se establecen en la ley”.

Sobre casos similares al descrito, detallan que, “en todo caso es necesario emitir una resolución de desamparo que está validada y supervisada por un jurista, que ha de constatar que se cumplen todos los preceptos de la Ley 14/2010”, la conocida como ‘Ley de los Derechos y Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia’, la LDOIA.