Un trabajador bajando la persiana de su comercio durante la pandemia del coronavirus
Cuenta atrás para juzgar el saqueo de 20 millones en ayudas del ICO por el Covid
La Audiencia de Barcelona acogerá la vista oral por el fraude millonario a los créditos públicos avalados por el Instituto de Crédito Oficial durante la pandemia del coronavirus
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La pandemia del coronavirus no solo trajo una crisis sanitaria y económica sin precedentes. También abrió la puerta a uno de los fraudes más codiciosos detectados en Cataluña en torno a las ayudas públicas destinadas a sostener el tejido empresarial durante el Covid-19.
La Fiscalía Provincial de Barcelona acusa a una organización criminal de haber diseñado un sofisticado entramado de sociedades pantalla para saquear más de 20 millones de euros en créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Institut Català de Finances (ICF-Avalis).
A la espera de juicio
Según el escrito de acusación del Ministerio Público, del que dispone Crónica Global, la trama habría accedido a estos fondos mediante una falsificación masiva de documentación oficial, simulando solvencia económica y actividad empresarial inexistente.
El trabajador de un comercio cierra su establecimiento el primer día del cierre total de la hostelería y de tiendas por el coronavirus
Ahora, la investigación ya ha superado la fase de instrucción y el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona ya dictó el auto de apertura de juicio oral el pasado 15 de diciembre.
Una decisión que allana el camino para que el caso se juzgue en la Audiencia Provincial.
Se aprovecharon de las ayudas
El origen de la trama se sitúa en marzo de 2020, cuando el estallido de la pandemia obligó a las administraciones públicas a activar líneas extraordinarias de financiación para evitar el colapso de miles de empresas y autónomos.
Estas ayudas consistían principalmente en préstamos concedidos por bancos, pero avalados parcialmente por el Estado a través del ICO o por organismos públicos como Avalis, dependiente del Institut Català de Finances.
El objetivo era claro: proporcionar liquidez a aquellas empresas afectadas por el parón económico.
Sin embargo, y según sostiene el fiscal, este entramado aprovechó el contexto excepcional para simular empresas solventes que, en realidad, no tenían actividad económica real.
Un entramado de sociedades ficticias
El núcleo de la operación fraudulenta fue la creación de más de una veintena de sociedades mercantiles que, según el Ministerio Fiscal, carecían de actividad real.
Entre ellas figuran empresas como Tiger Global SLU, Slussen Gata SL o Return Trading SLU, utilizadas para solicitar los préstamos millonarios a las distintas entidades financieras.
Sobre el papel, estas compañías cumplían todos los requisitos para acceder a las ayudas. En la práctica, sin embargo, la red presentaba ante los bancos documentación completamente manipulada para simular que las empresas estaban al corriente de sus obligaciones fiscales.
De hecho, la clave del engaño residía precisamente en la falsificación de documentos oficiales.
Cientos de documentos falsificados
En este sentido, los acusados presentaban ante las entidades financieras certificados de la Agencia Tributaria generados ex novo, en los que, incluso, incluían Códigos Seguros de Verificación (CSV) inventados para aparentar autenticidad.
Imagen de archivo de una oficina de la Agencia Tributaria EP
De este modo, las empresas aparentaban estar al corriente de pago con Hacienda, cuando en realidad acumulaban deudas o ni siquiera desarrollaban actividad económica.
La red también aportaba autoliquidaciones falsas del Impuesto de Sociedades, retenciones de trabajadores o declaraciones de IVA, diseñadas específicamente para superar los controles de riesgo de los bancos.
Estructura jerarquizada
La fiscalía describe una organización criminal con una estructura claramente definida y un reparto de funciones muy preciso.
En la cúspide del entramado se situaría a Jordi Ribadulla, señalado como el cabecilla de la red. Según el Ministerio Público, era quien decidía qué sociedades se creaban, qué importes debían solicitarse a los bancos y cuál sería el destino final del dinero obtenido.
![Bryan, el](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/03\/06\/business\/1003742739179_15798384_320x180.jpg"])
La gestión técnica de las solicitudes recaía en Fernando José Mouriño, que operaba a través de su empresa Intelsyscon Business Projects SL. Su papel consistía presuntamente en tramitar los créditos y generar toda la cobertura documental necesaria para engañar a las entidades financieras.
El resto del entramado lo completaban diversos testaferros —como Wigbert V., José O., Francisco David J. o Ramón Z.— que figuraban formalmente como administradores de las sociedades a cambio de una compensación económica.
Un agujero de más de 20 millones
El resultado de este sistema fue un fraude que, según la fiscalía, alcanzó los 20.351.393 euros. Entre los principales perjudicados, el fiscal destaca el Institut Català de Finances, BBVA, Banco Santander, Caixabank e Ibercaja.
Todas ellas son consideradas víctimas del fraude, al haber concedido los créditos bajo la falsa creencia de que estaban financiando empresas reales afectadas por la pandemia.
Una empleada de CaixaBank asesora a una clienta, en una imagen de archivo
Una vez obtenido el dinero, la red puso en marcha diversas operaciones destinadas a ocultar su origen ilícito y desvincular el flujo económico del fraude, según describe la fiscalía en su escrito de acusación.
Parte de los fondos se movieron rápidamente fuera de España. En concreto, 2,7 millones fueron transferidos al extranjero sin que existiera justificación documental que acreditara la adquisición real de bienes o servicios.
Otra parte del dinero —más de 2,4 millones— fue desviada hacia sociedades vinculadas directamente al presunto cabecilla del entramado, Jordi Ribadulla.
La estructura de blanqueo
La investigación también detectó transferencias hacia empresas vinculadas a otros beneficiarios del entramado, entre ellos el empresario catalán y presidente del Gavà FC, Iván Carrillo, a través de distintas sociedades mercantiles en el marco de lo que la fiscalía describe como "una red de receptores de fondos procedentes de los préstamos fraudulentos".
![Iván Carrillo, propietario de la asesoría Jurojin Consulting, señalada por fraude](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/06\/04\/business\/1003742663180_14680119_320x180.jpg"])
Además, la trama utilizó parte del dinero para cancelar otros préstamos, retiradas masivas de efectivo —más de 1,7 millones en metálico— o pagar a los testaferros que figuraban como administradores de las sociedades pantalla.
Pese al exhaustivo rastreo financiero realizado durante la investigación, el destino final de más de dos millones continúa siendo un misterio.
Lo que pide el fiscal
Con todo, el Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen los delitos de falsedad documental, estafa, fraude de subvenciones y pertenencia a grupo criminal.
Para el presunto líder de la trama, Jordi Ribadulla, la fiscalía solicita 14 años y seis meses de prisión, además de una multa de 40 millones de euros. Para el gestor de la red, Fernando José Mouriño, 11 años y nueve meses de cárcel y una multa de 34 millones.
Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y la Audiencia de Barcelona Europa Press
Además, los principales acusados deberán responder civilmente por el fraude y devolver los más de 20 millones defraudados a las entidades financieras y organismos públicos perjudicados.
El escrito de acusación también identifica a decenas de personas que habrían recibido parte de los fondos sin ofrecer contraprestación alguna, los denominados "partícipes a título lucrativo", como Iván Carrillo, que deberán restituir las cantidades percibidas.
