Imagen de una médico con una paciente en un ambulatorio
Médicos catalanes alertan de posible "desatención" a pacientes por la ley de Mónica García
Un informe de ACEBA, asociación de ambulatorios gestionados por sanitarios, rechaza la norma que denosta los proveedores no públicos
El documento pide "preservar la pluralidad de modelos organizativos" y "no invadir competencias autonómicas"
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Una asociación de ambulatorios catalanes gestionados por médicos alerta del impacto del proyecto de ley que impulsa la ministra de Sanidad, Mónica García, en la posible "desatención" a 280.000 ciudadanos. Un dictamen jurídico de Aceba (Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa) rechaza la norma en tramitación y pide su archivo o reforma completa.
Lo deja negro sobre blanco el informe Análisis del Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que firma el abogado Josep Lluís Lafarga Traver, asesor jurídico de Aceba.
El trabajo llega a tres conclusiones importantes: el proyecto legislativo "impone un modelo único de gestión": el público directo; invade competencias en materia de organización de los servicios sanitarios y elimina la "pluralidad" de modelos organizativos en el seno del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Posible "desatención"
Ello es así porque el texto en discusión parlamentaria prevé poner trabas a la gestión indirecta de servicios públicos. Ello, podría, según el dictamen, dejar a los ciudadanos "desatendidos".
Un impacto en última instancia que "podría en cuestión la equidad en el acceso a los ciudadanos y ciudadanas".
Pero habría otras consecuencias, subraya Lafarga para Aceba, como una sacudida a la "sostenibilidad, eficiencia y capacidad resolutiva" del sistema.
Imagen de una sanitaria en el área de vigilancia intensiva del Hospital Clínic
"Sin base empírica"
En su razonamiento, el asesor jurídico advierte que el proyecto de ley carece de "base empírica". Es así porque "no hay estudios que comparen los resultados de las diversas formas de gestión" presentes en el SNS.
Y pese a esa falta de literatura, la iniciativa legislativa circunscribe los principios de universalidad, equidad y calidad "solo en la gestión pública directa". Orilla los otros tipos de provisión, muy presentes en Cataluña, pese a que cuentan con una red propia, la concertada, llamada Siscat.
"Prejuicios ideológicos"
Hay más. Según el análisis, el proyecto de ley adolece de "reduccionismo", soslayando las experiencias mixtas que han arrojado buenos resultados.
![Fotomontaje de Boric, Sheinbaum, Sánchez, Lula da Silva, Petro y Salvador Illa](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/04\/16\/actualidad\/1003742752268_15974424_320x180.jpg"])
La ley de la ministra García, pues, presenta "rigidez organizativa", según el dictamen, dejando de lado el hecho de que el envejecimiento poblacional pide "modelos más flexibles e innovadores".
Ignora el modelo catalán
En opinión de Lafarga, el borrador "no tiene en cuenta como debería" la realidad autonómica, "especialmente la catalana".
Es así porque en el territorio hay diversidad de proveedores de salud, como "fundaciones, asociaciones, mutualidades, cooperativas, instituciones religiosas, sociedades profesionales y Entidades de Base Asociativa (EBA)", cuya organización ha encargado el parecer jurídico.
Este examen da dos datos para Cataluña: en salud mental, ámbito sociosanitario y atención intermedia y hospitales, el 80% de la prestación la cubren entidades privadas. En atención primaria y comunitaria, "el 40%", concluye el autor.
Por ello, cualquier norma que no cubra estas cifras "desconoce" la realidad catalana, asevera el letrado.
El nuevo Hospital de Sant Pau de Barcelona, visto desde una posición frontal
Riesgo de "desatención"
Más grave si cabe, el firmante plantea que si se aprobara la ley en proyecto, "se pondría en cuestión la equidad en el acceso de los ciudadanos y ciudadanas". Estos, privados de su proveedor, no público, "podrían quedar desatendidos".
También habría impactos sobre la "sostenibilidad, eficiencia y capacidad resolutiva", añade el abogado.
El papel de las EBA
¿Quién ha encargado el dictamen? El autor recuerda que las Entidades de Base Asociativa son el segundo proveedor de atención primaria en Cataluña --después del ICS--.
![La 'consellera' Olga Pané, en el Parlament, en diciembre de 2025](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/04\/12\/actualidad\/1003742750653_15953005_320x180.jpg"])
Gestionan 13 áreas básicas de salud (ABS), con 280.000 tarjetas sanitarias asignadas, el 3'5% de la población catalana. En total, este modelo emplea a 825 profesionales, con un presupuesto total de unos 130 millones de euros, según datos de 2025.
Las encuestas de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias (AQuAS) concluyen que las EBA "obtienen los mejores resultados asistenciales" en el campo de "sostenibilidad y eficiencia". Presentan mejores ratios en gasto farmacéutico e incapacidades laborales. También puntúan mejor, recuerda el análisis, en visitas a urgencias y derivaciones a especialistas.
"Pluralidad organizativa"
Lafarga se apoya en estos buenos resultados para argumentar que "la fortaleza del SNS reside en la capacidad de adaptación y la coexistencia de distintas formas de provisión de servicios". Una pluralidad que se organiza en el marco de una financiación única, universalidad y equidad.
Las reformas planteadas, según él, deberían reforzar la "transparencia, evaluación de resultados y los mecanismos de control" --como la "rendición de cuentas"-- de las formas de colaboración "público-social y público-privada".
![El Hospital Plató de Barcelona, vinculado al Clínic](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2026\/06\/08\/actualidad\/1003742768471_16177770_960x636.jpg"])
El Hospital Plató de Barcelona, vinculado al Clínic
Otro posicionamiento
La toma de posición del dictamen, que nutrirá la postura pública de Aceba, se suma a las que han emitido el Cercle de Salut, la patronal CSC y el propio consejero de Presidencia.
En paralelo, Junts ha denunciado la "grave injerencia competencial" del proyecto de ley, y ha apremiado a Mónica García a "no dictar cómo se organiza Cataluña" en el Congreso de Diputados.
Tras ello, el 12 de mayo, Consejo de Ministros aprobó el texto --modificado, eso sí--, dando inicio a la tramitación parlamentaria del mismo. Pero si persiste el veto de Junts, la mayoría que sostiene el Gobierno será incapaz de aprobar la norma, puesto que las otras derechas también la rechazan.
