El abogado Francisco Comitre declarando ante el tribunal por el caso 'Cocoon'
Conformidad en la gran estafa inmobiliaria de Cataluña: el 'capo' acepta 4 años y 7 meses
El abogado Francisco Comitre evita los 20 años que pedía la Fiscalía tras reconocer el fraude que permitió arrebatar cientos de viviendas a víctimas vulnerables entre 2009 y 2015
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Tras años de instrucción judicial, la trama liderada por el abogado Francisco Comitre encara su desenlace con un acuerdo de conformidad que pone fin a uno de los mayores entramados de fraude inmobiliario juzgados en Cataluña.
La Fiscalía, que durante la fase de instrucción describió una estructura criminal “estable y organizada” dedicada a despojar a ciudadanos de sus viviendas entre 2009 y 2015, ha accedido finalmente a rebajar sustancialmente las penas solicitadas.
La rebaja de las penas es fruto de una intensa negociación entre las partes y de la aplicación de las atenuantes de confesión y reparación del daño, tras la admisión de los hechos por los acusados, en una sentencia que el tribunal ha dictado in voce.
4 años y 7 meses para Comitre
El principal acusado, Francisco Comitre San Martín, ha visto rebajada drásticamente su condena.
De los 20 años de prisión que inicialmente solicitaba el Ministerio Fiscal, la pena queda fijada en un total de 4 años y 7 meses de cárcel: 2 años y un mes por los delitos agravados de estafa y falsedad documental; 10 meses por blanqueo de capitales y 1 año y 8 meses por pertenencia a grupo criminal.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye la inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía, profesión de la que se sirvió para articular el entramado fraudulento, así como una multa de 7.200 euros.
Los acusados Artur Segarra, Francisco Comitre y Enrique Peña
3 años y 2 meses para el notario
Por su parte, el notario Enrique Peña, considerado cooperador necesario, ha sido condenado a una pena total de 3 años y 2 meses de prisión por delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.
El fallo también establece su inhabilitación especial para el ejercicio de la función notarial de forma definitiva y el pago de una multa superior a los 13.000 euros.
Conformidad para el resto
El acuerdo de conformidad se extiende al resto de implicados, que han visto igualmente reducidas sus penas de poco más de 2 años de prisión respecto a las inicialmente solicitadas.
El grueso de los acusado, excepto Comitre, podrán favorecerse de una eventual suspensión de la pena a cambio de una multa y evitar su ingreso en prisión.
A cambio, todos ellos han reconocido los hechos ante el tribunal y han aceptado ‘in voce’ su responsabilidad penal y civil.
Imagen de archivo del exterior de la Ciudad de la Justicia
Esta admisión ha permitido cerrar el procedimiento sin necesidad de celebrar un juicio que estaba previsto que se prolongara durante varios meses, dada la complejidad de la causa y la presencia de hasta 128 partes perjudicadas.
Se anulan las escrituras
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo afecta directamente a los perjudicados. La conformidad contempla la nulidad de las escrituras públicas formalizadas en el marco de las operaciones fraudulentas, así como de las correspondientes inscripciones en el Registro de la Propiedad.
Asimismo, se ha acordado instar la nulidad de las sociedades instrumentales que fueron creadas exclusivamente para ejecutar el fraude.
Se trata de un paso decisivo para que las víctimas —muchas de ellas personas de edad avanzada y en situación de especial vulnerabilidad— puedan recuperar la titularidad de sus viviendas, de las que fueron despojadas mediante engaño.
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No obstante, la vía judicial no se da todavía por cerrada para todos los afectados. Está prevista la continuación del procedimiento en la jurisdicción civil, donde deberá esclarecerse el alcance completo de la responsabilidad económica derivada de la causa, especialmente en aquellos supuestos en los que los inmuebles fueron transmitidos a terceros adquirentes de buena fe.
En estos casos, el debate se centrará en fijar las indemnizaciones correspondientes y determinar quién debe asumirlas, ya sean los propios condenados o las aseguradoras vinculadas a las operaciones.
Segarra, en rebeldía
La tercera pata de este entramado criminal la representaba Arturo Segarra, que continúa en situación de rebeldía procesal en esta causa.
No obstante, su paradero es conocido. El estafador huyó a Tailandia para eludir la acción de la justicia española, pero terminó siendo detenido, juzgado y condenado en ese país por el asesinato del empresario español David Bernat en Bangkok, por el que cumple actualmente condena perpetua en una prisión tailandesa.
El catalán Artur Segarra cumple cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de David Bernat EFE
El mecanismo del fraude
Cabe recordar que la red actuaba bajo una apariencia de legalidad, captando a clientes con escasos conocimientos jurídicos en situaciones de extrema vulnerabilidad económica.
El engaño consistía en ofertar productos financieros como préstamos personales o rentas vitalicias que, en realidad, ocultaban la transmisión plena de la propiedad de los inmuebles a favor de las sociedades instrumentales, controladas por la organización.
La pieza clave del fraude residía en la firma de escrituras duplicadas: en una la víctima vendía su casa y en otra se establecían las garantías de cobro o usufructo. Sin embargo, la red solo ratificaba la primera, dejando a los afectados sin casa y sin las prestaciones prometidas.
