Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo Europa Press

Vida

Encerrado a diez metros bajo tierra en un zulo del Raval: el caso que lleva la esclavitud a juicio

La víctima, de origen pakistaní, estuvo encerrada durante dos meses cocinando más de 15 horas al día en condiciones de absoluta insalubridad 

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Un joven pakistaní que llegó a España en busca de un futuro mejor acabó convertido en esclavo en un zulo del barrio del Raval.

La Audiencia de Barcelona ha juzgado esta semana a dos acusados, que se enfrentan a siete años de prisión, por un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pero en su vertiente de esclavitud, una calificación agravada y excepcional en este tipo de procedimientos.

Según fuentes consultadas por Crónica Global, la inclusión de esta agravante supone “un hito histórico”, ya que en la mayoría de casos el delito se queda únicamente en explotación laboral. “Aquí concurrían todos los elementos de la esclavitud: privación absoluta de libertad, control total sobre la víctima y condiciones inhumanas”, apuntan.

Dos meses bajo tierra

La víctima, un joven de origen pakistaní, llegó a Madrid a mediados de 2022 en busca de empleo. Allí, una red criminal integrada por compatriotas le prometió una plaza de cocinero en un restaurante del barrio del Raval de Barcelona.

Nada más llegar a la ciudad, fue despojado de todas sus pertenencias y encerrado en un zulo a diez metros bajo el suelo, donde permaneció dos meses cocinando más de 15 horas al día para otros locales pakistaníes y servicios de comida a domicilio.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional CNP

El espacio, según fuentes conocedoras del caso, era “insalubre y sin ventilación”. Allí dormía, cocinaba y hacía sus necesidades. No recibía salario alguno y tenía terminantemente prohibido salir del sótano.

Su vida cambió cuando, aprovechando un descuido de sus captores, logró escapar. Desorientado y exhausto, se cruzó con una patrulla de la Guardia Urbana, que lo auxilió y trasladó el caso a la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional.

Una investigación ejemplar

Los agentes de la UCRIF de Barcelona iniciaron una investigación que culminó con la detención de dos sospechosos, presuntos responsables de mantener al joven cautivo.

Según las fuentes consultadas por esta redacción, las condiciones en las que fue hallado el trabajador “encajan plenamente con el concepto jurídico de esclavitud”, un delito recogido en el artículo 177 bis del Código Penal.

Las mismas voces subrayan que la acusación marca “un antes y un después” en la persecución judicial de la trata laboral. “Por primera vez en años se da el paso de reconocer que no solo hubo explotación, sino esclavitud moderna en toda regla”, apuntan.

No es un caso aislado

Este episodio no es aislado. La Policía Nacional, a través de la UCRIF, lleva años desarticulando redes que explotan a trabajadores extranjeros en condiciones infrahumanas, especialmente en restaurantes y supermercados 24 horas de Barcelona.

En estos locales, los agentes han detectado un patrón idéntico: empleados sin contrato, jornadas de 12 a 14 horas diarias, salarios de miseria —a veces inferiores a 500 euros—, y alojamientos improvisados en trastiendas o sótanos donde duermen hacinados.

“Es una explotación de manual”, aseguraban agentes de la unidad en declaraciones previas a Crónica Global. En los últimos años, se han intensificado las inspecciones, y el caso del joven pakistaní se ha convertido en símbolo de una realidad oculta que se extiende por distintos puntos de la ciudad.

Supermercado en Barcelona

Supermercado en Barcelona Europa Press

Víctimas que no saben que lo son

Los investigadores destacan otro factor preocupante: muchas víctimas no son conscientes de estar siendo explotadas. Proceden de contextos de pobreza extrema, sobre todo de Pakistán o India, y asumen las condiciones de trabajo abusivas como un mal menor para poder enviar dinero a sus familias.

Esa falta de conciencia y miedo a denunciar facilita que estas redes sigan operando con impunidad. “Este caso demuestra que la esclavitud del siglo XXI existe —añaden las fuentes—, y que la justicia puede y debe llamarla por su nombre.”