Fábrica cementera de Montcada i Reixac Europa Press
Un exresponsable ambiental de la Generalitat, a un paso del banquillo por favorecer a la cementera de Montcada
La asociación de vecinos del barrio de Can Sant Joan sostiene que, sin su trato de favor, la cementera "habría tenido que cerrar sus actividades"
Más información: “Nadie en la Generalitat sabe nada”: la batalla judicial contra Lafarge suma otro capítulo
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Los vecinos del barrio de Can Sant Joan, en Montcada i Reixac, están un paso de sentar en el banquillo de los acusados a Emili Dragone Vives, exfuncionario de alto rango en los servicios de evaluación ambiental de la Generalitat de Cataluña.
La asociación de vecinos sostiene que Dragone tuvo un "trato de favor inaudito y completamente contrario al ordenamiento jurídico durante dieciséis años (2006-2022)" con respecto a la cementera HOLCIM (la antigua Lafarge).
Entienden que este favoritismo fue clave para que la empresa obtuviera resoluciones favorables, pues sin ellas, la cementera "habría tenido que cerrar sus actividades".
Varios delitos contra el medio ambiente
Según su escrito de acusación, Dragone, que fue jefe de Servicio de Prevención y Evaluación Ambientales, utilizó su influencia para beneficiar a Lafarge a pesar de que varias autorizaciones ambientales le fueron declaradas nulas de pleno derecho por los tribunales.
De hecho, en el escrito se afirma que, sin la conducta de Dranoge, la empresa habría tenido que cerrar sus actividades por no adecuarse a la ley.
Cementera Lafarge en Montcada i Reixac (Barcelona)
Es por ello, que acusan a Emili Dragone de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por informar favorablemente para la concesión de autorizaciones ilícitas; de otro delito contra los recursos naturales por omitir la aplicación de las leyes; y de un tercer delito de incumplimiento de sentencias por funcionario público.
En el escrito, la defensa de los vecinos sostiene que Emili Dragone actuó de forma ilícita al emitir informes y resoluciones favorables a la Lafarge a sabiendas de su ilegalidad; y por omisión al no aplicar las leyes, es decir, al no denunciar la situación ilícita de la empresa o no ordenar el cierre de la actividad a pesar de su ilegalidad.
17 años sin informes favorables
Si nos remontamos a los hechos, la asociación de vecinos de Can Sant Joan detalla que Dragone ocupó sucesivamente los cargos de Jefe de Servicio de Prevención y Control, Jefe del Servicio de Intervención Integral de Actividades y, finalmente, Jefe del Servicio de Prevención y Evaluación Ambientales. Posiciones desde las que, presuntamente, influyó en la concesión de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a Lafarge, el 29 de julio de 2008.
Esta DIA se concedió pese a que la empresa no acreditaba el cumplimiento de la legislación sobre contaminación atmosférica en relación con algunas partículas en suspensión conocidas por ser nocivas y potencialmente cancerígenas.
Asimismo, alegan la manipulación de informes para hacer creer que el uso de residuos reducía la emisión de partículas contaminantes, cuando en realidad la aumentaba.
Las presuntas irregularidades
El problema principal radica en que la Generalitat, presuntamente influenciada por Dragone, intentó saltarse un paso legal fundamental para ayudar a la empresa. Según el escrito, al que ha tenido acceso Crónica Global, cuando el ejecutivo iba a conceder la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para permitir a la Lafarge incinerar residuos, la ley obligaba a someter esa declaración a un período de información pública
Este trámite, sostienen en el escrito, es esencial para que los ciudadanos y las asociaciones (como la Agrupación de vecinos de Can Sant Joan) puedan revisar el proyecto, presentar alegaciones y participar en el proceso. Este paso, aseguran, fue omitido por completo.
El abogado Albert Calduch y el portavoz de la Agrupació de Veïns del barri de Can Sant Joan de Montcada i Reixac, Jose Luis Conejero
Con todo, la Agrupación de Vecinos lleva más de 16 años denunciando las prácticas de la Generalitat. Por estas conductas, se solicitan tres años de prisión por el primer delito de prevaricación ambiental, otros tres por el segundo delito por omisión y dos por incumplimiento de sentencia.
La acusación concluye que la Generalitat, por influencia del acusado, permitió que Lafarge funcionara sin autorización válida desde 2008, a pesar de las repetidas advertencias judiciales y del daño ambiental provocado a los vecinos del barrio de Can Sant Joan.
