El fútbol catalán, acorralado: afloran nuevas pruebas de falsificación en la FCF

"Hoy no me esperes a cenar porque estoy en la federación falsificando firmas". Así lo dijo presuntamente un trabajador investigado de la Federació Catalana de Futbol (FCF) a su pareja en una conversación telefónica intervenida por los Mossos d’Esquadra y citada este martes en el Parlament.

La frase, pronunciada durante la comparecencia de Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, y Oriol Camacho, secretario general de la federación, ante la Comisión de Deportes, resume el clima de sospecha que rodea a la entidad.

La tensión ha vuelto a estallar en sede parlamentaria, con acusaciones de fraude electoral, inacción institucional y una Generalitat señalada por blindar a la actual cúpula federativa.

Miguel Galán, azote de la corrupción, denuncia a Soteras y a la cúpula de la FCF

La sesión, dedicada monográficamente a analizar las elecciones de la FCF y la actuación del Tribunal Catalán del Deporte (TCE), ha servido para poner negro sobre blanco un conflicto que el fútbol catalán arrastra desde hace años y que hoy tiene abiertos frentes penales, contencioso-administrativos e institucionales.

Un fraude que salta al Parlament

El origen del escándalo se sitúa en las elecciones federativas de 2023, en las que Joan Soteras fue reelegido presidente en un proceso marcado por la sospecha de falsificación de firmas y actas notariales.

Decenas de presidentes y secretarios de clubes declararon posteriormente que su firma había sido utilizada sin su consentimiento para favorecer a la candidatura de Soteras, una práctica que investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell.

Joan Soteras, presidente del fútbol catalán, en la RFEF Europa Press

Según un informe de más de 400 páginas elaborado por los Mossos d’Esquadra, se habría articulado un plan de fraude electoral que permitió a trabajadores de la propia Federación votar en nombre de clubes, suplantando identidades mediante documentación presuntamente manipulada.

Los perjudicados por la corrupción en la Federación Catalana de Fútbol: "Soteras falsificó mi firma"

Ese informe es el que sustenta gran parte de las diligencias penales hoy en curso.

Mientras, el Tribunal Supremo avanza un recurso de casación que busca anular la presidencia de Soteras por haber permanecido en el cargo de forma ilegal para preparar los comicios con ventaja.

A esto se suma la vía institucional, donde el Síndic de Greuges ya ha pedido sancionar a la directiva por irregularidades ante un TCE hoy paralizado.

"Política de tierra quemada"

En este contexto, Oriol Camacho, testigo protegido en la causa penal, ha explicado su vivencia personal dentro de la Federación y ha defendido la necesidad de introducir cambios profundos en los procesos electorales para evitar que se repitan los hechos investigados.

Durante su comparecencia ha hablado de una "política de tierra quemada para asegurar el poder", denunciando la deshumanización en el trato a trabajadores, clubes y deportistas que no siguieron las directrices de la cúpula federativa. A su juicio, muchos de ellos "merecerían una disculpa profesional de la propia federación".

Camacho también ha hecho autocrítica sobre el funcionamiento interno de la FCF y ha cargado contra la pasividad de los organismos de control: "En un caso tan flagrante, sorprende que no se haya activado la inspección deportiva".

¿Una trama organizada?

La intervención más dura ha llegado de la mano de Miguel Ángel Galán, que ha dibujado un escenario de corrupción sistémica dentro de la Federación.

"¿Cómo tiene que ser el nivel de corrupción para que el secretario general sea testigo protegido?", ha preguntado ante los diputados.

Miguel Galán, el denunciante, ante la sede de la RFEF Cedida / Agencias

Ha señalado directamente a José Miguel Calle, director general de la FCF, y ha explicado cómo se habrían utilizado servicios federativos para falsear actas de presidentes de clubes y manipular el resultado electoral.

En ese punto ha citado las escuchas telefónicas incorporadas a la causa judicial, entre ellas la frase que ha sacudido la Comisión de Deportes y que resume la gravedad de los hechos investigados: "Hoy no me esperes a cenar porque estoy en la federación falsificando firmas".

El Govern, en el centro

Buena parte de la comparecencia ha girado en torno al papel de la Generalitat. Galán ha acusado al Govern de haber optado por proteger a la actual junta en lugar de garantizar la limpieza democrática del proceso, especialmente tras la resolución conocida este lunes.

Se trata de un documento firmado por el conseller de Deportes, Berni Álvarez Merino, que descarta la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria con fines electorales anticipados y respalda el criterio de la FCF: la única vía estatutaria para un relevo es la moción de censura.

Una decisión que, en la práctica, bloquea la celebración de elecciones pese a la presión de los clubes. Para Galán, la resolución es "injusta y arbitraria" y supone "una ignominia para el fútbol catalán".

Sede central de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) en Barcelona

Ha anunciado una doble ofensiva: medidas "cautelarísimas" en la vía contencioso-administrativa y una querella por presunta prevaricación administrativa contra el propio conseller, el secretario general de Deportes, Abel García, y la directora del Consell Català de l’Esport, Carmen Bastida.

441 clubes contra el cierre

El trasfondo del conflicto sigue siendo la movilización de 441 clubes catalanes, que han reclamado elecciones anticipadas ante la acumulación de causas judiciales contra la cúpula federativa.

Según los estatutos, se requiere el apoyo del 15% del censo para forzar la asamblea. Sobre un censo de 1.237 entidades, la cifra necesaria era de 185,55 apoyos; en un ejercicio de ingeniería contable, la Federación invalidó decenas de firmas hasta dejar la cuenta en exactamente 186 válidas.

Apenas media firma de margen ha servido a la directiva para evitar, de momento, el paso por las urnas.

Con Joan Soteras enrocado y la Generalitat cerrando la puerta a las urnas, el conflicto ha trascendido definitivamente el ámbito deportivo. El Parlament ha escuchado este martes acusaciones que hasta ahora se ventilaban en los juzgados.