Un millón de trabajadores catalanes, pendientes de Yolanda Díaz: "La patronal atrasa la firma de los convenios"

La aprobación o no de la reducción de la jornada laboral tiene en vilo a patronal y sindicatos. Todas las miradas están puestas en la sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados del 22 de julio, aunque en las últimas horas la vicepresidenta Yolanda Díaz ha abierto la veda a atrasarlo hasta septiembre. Una medida que afecta de lleno al año de la renovación de 60 convenios colectivos sectoriales en Cataluña, con más de 1,1 millones de trabajadores. 

Los sindicatos UGT y CCOO saldrán a la calle el miércoles 16, a las 09.45, delante de Foment del Treball con el propósito de "avanzar hacia un nuevo modelo laboral digno y justo", reclaman los sindicatos de forma conjunta a través de un comunicado. Cada texto tiene su intríngulis, pero presentan un factor común: la reducción de la jornada laboral como punto de conflicto en las negociaciones.

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En busca de seguridad jurídica

Fuentes consultadas de Foment del Treball alertan del "impacto significativo" que está teniendo la tramitación parlamentaria en Cataluña. "La incerteza reguladora generada por esta reforma ha propiciado una situación de expectativa y ralentización en muchas mesas", indican.

A partir del Registro de Convenios Colectivos (REGCON), la patronal indica que en mayo se registraron 50 convenios que afectaban a 437.054 trabajadores y 42.336 empresas, mientras que en el mismo período del año anterior había 64 convenios para un total de 1,1 millones de trabajadores y 155.294 empresas. Una tendencia que confirma la tesis.

Asimismo, hay siete convenios sectoriales con una vigencia exclusiva para 2025 y otros 33 con vigencias limitadas hasta diciembre. Un límite que responde con "prudencia" ante lo que ocurra, contempla Foment. No obstante, hay efectos negativos, ya que "dificulta la consolidación de acuerdos estables, reduce la ambición de las mejoras pactadas y puede incrementar la conflictividad futura". 

Por otra parte, hay formalizados 12 acuerdos parciales entre enero y mayo de 2025 en el marco de las comisiones negociadoras, en los que solo se ha abordado el incremento salarial de este período. En cambio, en 2024 la cifra fue de ocho en total. "Este fenómeno evidencia las dificultades para cerrar acuerdos globales mientras persista la indefinición normativa", sostienen.

"Atraso de la firma"

La industria del metal ha llenado los escaparates de Via Laietana con cientos de post-it con el mensaje: Metal en lluita! Delante de Unión Patronal Metalúrgica (UPM) demandaron mejoras para cerca de 182.000 trabajadores. Al teléfono se pone Javier Rubio, responsable de CCOO de Industria de Cataluña, quien pone la reducción de la jornada en el centro del conflicto. 

Entre los puntos fuertes, un incremento salarial del 4% anual entre 2025 y 2027 ante el encarecimiento del coste de vida y varios asuntos, como la eliminación de la cláusula de absorción y compensación salarial —por la que se permite a las empresas neutralizar los incrementos si ya perciben salarios superiores— o la implementación efectiva de los planes de igualdad y LGTBI.

Adelanto a la ley

Quieren adelantarse a los planes del Gobierno: "Pedimos la jornada de 37,5 horas y que los trabajadores no paguen las consecuencias, en todo caso, se tendrá que hacer cargo la patronal". El objetivo era cerrar las negociaciones antes de las vacaciones, pero las semanas avanzan y el diálogo permanece infructuoso. "Tienen una posición muy negativa", asegura, pidiendo, por el contrario, más flexibilidad por parte de los empleados. 

A partir de los datos recopilados por CCOO, la mayor parte de los 60 convenios por los que sigue adelante la protesta caducaron en diciembre de 2024, entre los que hay colectivos como hostelería y turismo, centros de atención primaria, sociosanitarios y de salud mental, también, las cooperativas del campo o el transporte de viajeros por carreteras, al igual que el comercio de muebles, de flores y plantas o los despachos, entre otros. 

¿Por qué estoy a favor de la reducción de la jornada laboral?

Hostelería 

El malestar se percibe en la hostelería, cuyo acuerdo previo había logrado los dos días seguidos de descanso semanal, un fin de semana al mes y jornada de ocho horas. Esteban Sanabria, responsable de CCOO en la Federación de Servicios de Cataluña, apunta que las condiciones de 280.000 trabajadores ahora están en el aire. "La patronal quiere saber si se aprueba o no la reducción de la jornada", admite.

Entre los puntos más conflictivos, está el incremento salarial, ya que los sindicatos plantean una subida del 4% y 5% con el fin de recuperar poder adquisitivo. Todo ello, acompañado por una cláusula de revisión y, mirando otros aspectos, limitar la externalización de servicios, cuestión que afecta sobremanera a las camareras de piso, o medidas específicas para garantizar la salud laboral. 

La revisión del modelo parece imperiosa, sobre todo cuando es "tan complicada la conciliación", subraya el responsable sindical. Al respecto, la patronal ha hecho extensa a los medios esta queja en varias ocasiones, aludiendo que hay falta de mano de obra en los negocios que acompañan a un sector, el turístico, que genera el 12% del producto interior bruto (PIB) de Cataluña.

"No tenemos fecha límite", indica, aunque la intención es que se llegue a un acuerdo antes del mes de agosto, un escenario que se plantea "difícil". "Va a influir mucho si se aprueba la reducción de la jornada, porque, de ser así, habrá más incertidumbre", asegura.

Una subida salarial del 20%

Otro colectivo que está en armas es el del Ciclo integral del agua. No piden reducción de horarios, sino un incremento del 20% salarial porque "ahora no se puede vivir con este salario". Jordi Oliva, dentro de la Federación de servicios a la ciudadanía de CCOO, representa a unos 7.000 trabajadores que forman parte de las empresas de agua potable o la depuración de las aguas residuales, y cobran alrededor de 1.300 euros. 

Todos ellos, empleados de la Administración pública tanto de forma directa como indirecta, están incluidos en el mismo convenio desde 2014, momento en el que se decidió fusionar los cuatro provinciales que existían previamente. "La pretensión de este convenio es muy alta", adelanta, y se muestra contrariado ante la atención mediática y política que hubo durante la época de sequía, "pero el dinero no llega a los trabajadores", mientras se les ha pedido "esfuerzos", como la congelación de salario durante tres años.

"Responsabilidad"

Max Arias atiende a Crónica Global y muestra el lado opuesto de la moneda: por qué no termina de convencer a las patronales este acuerdo. El abogado laboralista y presidente de la Sección de Derecho Laboral del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) achaca al Gobierno y a los partidos del arco parlamentario de cierta "irresponsabilidad".

"¿Cómo se puede negociar un convenio si hay una clase política que propone a mitad de año desbarajustar toda la planificación?", cuestiona. Antepone la seguridad jurídica y la estabilidad del marco normativo frente a los debates precipitados, y llama la atención sobre los tres ejes que definen los convenios colectivos: la jornada laboral, el salario y las condiciones de tal empleo.   

Arias aboga por la negociación entre las partes, no por una acción legislativa "casi coactiva". Por una parte, reconoce que la inacción de la patronal genera malestar entre los sindicatos, pero también pide que se deje demonizar a la pequeña y mediana empresa en España. "Es un tema de responsabilidad y diligencia, porque estas compañías funcionan con unos presupuestos y una previsión de ingresos y gastos", por tanto, la modificación de la "capacidad productiva" supone un hándicap en su planificación.

Una camarera coloca una terraza EFE

La cita del 22 de julio

La negativa de Junts es el principal escollo para que salga adelante la aprobación en el Congreso de los Diputados, dado que el partido mantiene la enmienda a la totalidad, junto a PP y Vox. Condicionan su sí a que el recorte de horas venga acompañado de una reducción salarial. Su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, escuda su negativa en defender a las pymes catalanas.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, persiste en su hoja de ruta y, aunque ha admitido que el acuerdo será complicado, someterá su medida estrella a la votación parlamentaria, sin esclarecer si será definitivamente el 22 de julio o en septiembre. Un escenario que marcará el devenir de la legislatura para Sumar.