Banderas europeas ondean frente a la sede de la Unión Europea
Bruselas impone un ‘impuestazo’ al tabaco para costear su rearme militar
La Comisión Europea prepara un impuesto sin precedentes sobre el tabaco, impulsado por Teresa Ribera, para costear el nuevo presupuesto de Defensa de la Unión Europea
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El humo vuelve al centro del tablero en Bruselas, pero no por razones de salud pública. La Comisión Europea debatirá este 16 de julio una drástica revisión de la fiscalidad del tabaco, amparada en la Directiva TED (Impuestos Especiales al Tabaco), que podría suponer un aumento histórico de los tributos sobre cigarrillos, tabaco de liar y productos asociados.
Aunque la iniciativa tiene un rostro técnico –el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra–, el verdadero peso político recae en Teresa Ribera, Vicepresidenta primera para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, su superior jerárquica y una de las impulsoras clave del plan. El objetivo no se oculta: se trata de financiar el rearme europeo, un giro estratégico de la Unión que necesita fuentes frescas de ingreso.
Teresa Ribera, Vicepresidenta primera para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea
Un golpe fiscal sin precedentes
La propuesta, adelantada en parte por el portal Euractiv, prevé una subida de hasta el 139% en los impuestos sobre el tabaco, lo que encarecería el precio de una cajetilla en España en 1,40 euros, y elevaría el coste de una bolsa de tabaco de liar un 60%, pasando de 6,60 a 10,60 euros.
En total, la UE aspira a recaudar 15.000 millones de euros anuales con este nuevo marco tributario, ingresos que irían directamente al presupuesto comunitario sin pasar por los Estados miembros, como ya ocurre con el sistema de comercio de emisiones (ETS). Este diseño, que excluye a las haciendas nacionales, deja claro que el fin último es reforzar la autonomía financiera de la UE en materia militar.
Una fiscalidad militarizada
El contexto no es menor: la Comisión quiere apuntalar el compromiso de los Veintisiete con la OTAN, que exige elevar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB en menos de una década. A esto se suman las tensiones comerciales con Donald Trump, que amenaza con aranceles del 30% si Europa no flexibiliza sus barreras no arancelarias.
Frente a este escenario, Bruselas ha optado por una vía rápida, aunque impopular: subir el precio de fumar y desviar ese dinero directamente al aparato comunitario. La medida no solo implica un golpe al bolsillo de los ciudadanos, sino que también reabre el debate sobre el equilibrio entre fiscalidad, consumo y soberanía nacional.
La mecha se enciende en el norte
El primer estallido de rechazo ha llegado desde Suecia, que denuncia el carácter injusto y desigual del impuestazo, temiendo una explosión de compras transfronterizas y contrabando. A su lado se alinean Dinamarca y Países Bajos, que proponen centrar el esfuerzo fiscal en productos de nicotina considerados de menor riesgo.
También Italia, Grecia y Rumanía han mostrado su oposición, recelando del impacto económico y social que podría provocar esta subida en sus respectivos mercados.
Contrabando al alza, precedentes peligrosos
Los antecedentes no juegan a favor del plan de Ribera. En países como Francia y Países Bajos, cada escalada fiscal sobre el tabaco ha disparado el mercado negro. En 2024, el consumo de cigarrillos falsificados en Europa superó los 15.300 millones de unidades, un 20% más que el año anterior, y en el caso neerlandés, el contrabando se duplicó tras su última gran subida tributaria. La historia muestra que gravar más no siempre significa recaudar más.
El gran escollo, sin embargo, será político: la reforma necesita unanimidad entre los Estados miembros, lo que augura meses de negociaciones tensas en los pasillos del Consejo. Mientras tanto, la pregunta flota en el aire: ¿deben ser los fumadores quienes financien la nueva arquitectura militar de Europa? Bruselas parece tener clara su respuesta.
