Sin poder salir al exterior; sin luz natural; comiendo únicamente lo que les proporcionaba algún miembro de la organización para la que "trabajaban". Durmiendo en colchones y colocados por el fuerte hedor que desprendían los cientos de plantas de marihuana que les rodeaban.
Estas eran las condiciones en las que se encontraban dos ciudadanos albaneses, que trabajaban como jardineros en una plantación de Molins de Rei. Estuvieron encerrados dos y tres meses, respectivamente, hasta que fueron liberados por la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional en Barcelona.
A ambos los captaron en Albania, donde les prometieron un futuro más próspero en España. Sin embargo, lejos de la realidad, al salir del aeropuerto de El Prat los encerraron en la plantación. Les retiraron sus pertenencias, incluido el pasaporte y el teléfono, y los líderes del entramado empezaron a decidir por ellos.
Explotados para cometer delitos
Este caso encaja con lo que la legislación española y los organismos internacionales identifican como un delito de trata de seres humanos con fines de explotación, en este caso, para la comisión de delitos.
Según el Protocolo de Palermo de la ONU, que establece la definición internacional, este delito implica la captación, el transporte, la transferencia, la acogida o la recepción de personas mediante amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, con fines de explotación.
Entre estas finalidades se incluyen la explotación sexual, los trabajos forzosos, la esclavitud, la extracción de órganos y, más recientemente, la explotación para realizar actividades ilícitas.
Agentes de la Policía Nacional en el operativo de detención de los líderes de un entramado dedicado a la trata de seres humanos
Las víctimas quedan anuladas
A diferencia de la explotación laboral --que también constituye un grave delito, pero que se centra en condiciones abusivas en el ámbito del trabajo-- la trata implica una privación absoluta de libertad. Las víctimas son controladas por completo, tanto física como psicológicamente.
En este caso, los ciudadanos albaneses no solo fueron engañados y despojados de sus documentos, sino que también quedaron confinados bajo amenazas, sin posibilidad de escapar, obligados a trabajar en condiciones inhumanas y al margen de la legalidad.
Operativo reciente
La trata con fines de explotación para cometer otros delitos está en auge. Así lo señalan informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ejemplo de ello, el macrooperativo que protagonizaron este miércoles, 27 de noviembre, agentes de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional en Cataluña.
Agentes de Policía Nacional y Mossos d'Esquadra durante un dispositivo contra la trata de seres humanos
Más de 700 agentes de ambos cuerpos policiales se movilizaron para desmantelar una organización criminal dedicada a la trata de personas, al narcotráfico, tráfico de armas y al blanqueo de capitales.
Los sospechosos, todos ellos de origen español, contaban con la presencia de jardineros para cuidar las plantaciones de marihuana que tenían escondidas en varias fincas de Castellbisbal. Trabajadores que eran engañados y traídos desde otros países para trabajar en una situación de esclavitud.
Un delito en auge
Las fuentes policiales consultadas aseguran que este fenómeno ha crecido notablemente en sectores criminales como el cultivo de marihuana. "Las organizaciones criminales captan y esclavizan a personas vulnerables para minimizar sus riesgos y aumentar beneficios", explican.
Estas redes se aprovechan de la desesperación de las víctimas, provenientes mayoritariamente de contextos de pobreza, conflicto o marginalidad, para someterlas a un sistema de explotación que las convierte en marionetas del crimen organizado.
Las voces expertas advierten que el aumento de estos casos no solo evidencia la sofisticación de las redes criminales, sino también "la necesidad de reforzar la prevención, persecución y atención a las víctimas de este delito".
La primera sentencia en Cataluña
De hecho, hasta hace unos años esta tipología delictiva era prácticamente inexistente en Cataluña. Uno de los primeros casos que trascendió a la prensa sucedió en el año 2021, cuando una investigación de los Mossos d'Esquadra logró desarticular una organización de origen chino que explotaba a compatriotas en sus plantaciones.
La policía catalana liberó entonces a diez personas que llevaban más de un año encerrados en una nave industrial de Sant Andreu de la Barca, donde la organización poseía una plantación indoor de marihuana. Las víctimas ni siquiera sabían por qué los agentes llevaban mascarillas como consecuencia de la pandemia de la covid-19.
Tres años después de aquella operación policial, y según adelantó El País, una sentencia pionera de la Audiencia de Barcelona ha condenado a 15 años y medio de prisión al líder del grupo por trata de personas con finalidad de explotación delictiva.