Explotación laboral en los supermercados 24 horas de Cataluña: condiciones que rozan la esclavitud

Agentes del Grupo 6 de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional en Barcelona patrullaban por un municipio del cinturón metropolitano cuando detectaron un establecimiento sospechoso de estar incumpliendo la normativa laboral.

El olfato policial del inspector David González, curtido a base de muchas investigaciones, detectó en aquel pequeño supermercado 24 horas algunos patrones idénticos a casos anteriores: trabajadores extranjeros y horarios que iban de sol a sol. 

Tras las primeras comprobaciones, los agentes del Grupo 6 pactaron una intervención con la colaboración de funcionarios de Inspección de Trabajo. Durante el registro, y tras entrevistarse con los trabajadores --de origen pakistaní--, los investigadores de la UCRIF pudieron determinar que todos ellos se encontraban en condiciones de explotación laboral.

El objetivo: los supermercados franquiciados

Preguntado por este medio, González reconoce que se han puesto las pilas y que, en el último año, han aumentado las inspecciones en establecimientos comerciales, principalmente supermercados franquiciados o 24 horas, donde se promueven prácticas que rozan lo esclavo. 

Sin contrato; con salarios que, a veces, no superan los 500 euros; obligados a trabajar entre 12 y 14 horas; controlados y sin libertad de movimiento; sin vacaciones o en entornos laborales que ponen en riesgo la integridad y la higiene de los trabajadores. "Eso es explotación laboral de manual", reconoce el Inspector. 

Cedida / CG

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¿Infracción o delito?

Los agentes trabajan, codo con codo, con Inspección de Trabajo para diferenciar las infracciones administrativas de los delitos penales. Y es que no todo es competencia de la UCRIF.

En algunos establecimientos, solo se detectan infracciones administrativas y es incumbencia de Inspección de Trabajo interponer las sanciones correspondientes. Multas que ascienden a los 10.000 euros por cada trabajador sin contrato, por ejemplo.

Agentes de la Policía Nacional durante la detención de un hombre acusado de un delito de explotación laboral CNP

De este modo, el ámbito penal entra en juego cuando se puede demostrar que los empleados, además de no tener contrato, sufren unas condiciones laborales extremadamente precarias. "Solemos hacer una salida semanal y aprovechamos para realizar tres o cuatro inspecciones", manifiesta el inspector. 

Víctimas que ni siquiera lo saben 

En muchos casos, las víctimas desconocen que están siendo explotadas, especialmente aquellas que provienen de otros países, como Pakistán o la India, y ven estas condiciones precarias como una oportunidad laboral.

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Esta falta de conciencia de su situación como víctimas agrava el problema, pues muchos no denuncian por miedo (ya que suelen estar en situación irregular) o desconocimiento. Además, se suma que muchos de ellos suelen llegar a España solos y su miserable sueldo es crucial para ayudar a sus familias en el país de origen. 

El grueso de denuncias que recibe la UCRIF en Barcelona son anónimas: "No podemos afirmar que sean los propios trabajadores, pero lo cierto es que muchos exempleados toman la iniciativa cuando ya no están vinculados al negocio. Incluso ciudadanos españoles, que llegan a intuir rutinas sospechosas". 

Explotadores extranjeros y españoles

Del mismo modo, muchos explotadores alegan ignorancia de las normativas; sin embargo, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad penal, y tanto Inspección de Trabajo como Policía Nacional advierten de las consecuencias administrativas o penales.

"Nos encontramos explotadores de todo tipo. Extranjeros y españoles. Y está claro que los nativos saben perfectamente que las condiciones que exigen son inhumanas. Nunca hay excusa, pero en estos casos, menos", verbaliza el jefe del Grupo 6. 

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Estos abusos no son nuevos. Durante años, casos de explotación laboral han proliferado en el área metropolitana de Barcelona, especialmente en sectores como las naves industriales, la construcción o los salones de uñas. En especial, áreas de baja especialización y formación profesional. 

Sin embargo, el aumento de patrullajes preventivos y la colaboración más estrecha entre las fuerzas policiales y la Inspección de Trabajo ha dado pie a una mayor detección y sanción de estos abusos. El objetivo es perseguir y erradicar una práctica que afecta a la integridad de los trabajadores y distorsiona el mercado laboral en la región.