Desobediencia contra el 25% y el regreso de una empresa

La actualidad catalana atraviesa por primera vez en muchos años una fase de calma ecuatorial. La ausencia de viento, ruido y alteraciones dificulta la navegación en el plano real (como ha sucedido ya algunos días en la Copa América de vela) pero fomenta la tranquilidad política, una especie de suave pasar de los días que poco o nada tiene que ver, por ejemplo, con la situación interna de partidos como ERC. Entre tanto y en Madrid, se agudiza el incendio en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una evidencia más de que el "Procés" ha migrado a la capital de España.
Sea como fuere, persisten en Cataluña ciertos hábitos difíciles de modificar por mucho que hayan variado las condiciones, las circunstancias y el contexto de la política. Las cosas no cambian de un día para otro. Es el caso de la propensión de eso que llaman "comunidad educativa" a hacer lo que le salga del níspero a sus componentes cuando se trata de erradicar el idioma español de los usos escolares. Los directores de los centros están acostumbrados a la desobediencia judicial. Es uno los rasgos de la "escola catalana", pasarse sentencias y fallos por debajo del arco del triunfo para solaz de los más furibundos comisarios lingüísticos.

"Familias fuerzan a impartir el 25% de español a colegios que habían dejado de cumplir la sentencia con el PSC: 'Intentan agotarte'", destaca un titular de El Mundo. En el sumario se añade que "Tres escuelas catalanas iniciaron el curso, el primero de los socialistas en la Generalitat, desacatando el fallo del TSJC. Dos de ellas ya han rectificado ante la amenaza de los progenitores de acudir a la Justicia". El texto es de Víctor Mondelo y arranca así: "Tres de los 24 colegios públicos catalanes obligados a impartir un 25% de materias en castellano en una de sus clases por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) iniciaron el presente curso escolar, el primero con el PSC en el Govern, desobedeciendo la sentencia judicial. El desacato fue detectado por las familias que habían vencido a la Generalitat en los tribunales, y amenazaron a las direcciones de las escuelas implicadas con denunciar al TSJC el incumplimiento del fallo judicial, consiguiendo que dos de los centros hayan rectificado ya, antes de ser empujados a hacerlo por el Alto Tribunal catalán. La tercera familia está a la espera de la decisión de la dirección para determinar si emprende acciones legales contra ella en caso de persistir en su desobediencia".

CG Cornellà de Llobregat

Caen las ventas y beneficios de la comercial química Barcelonesa

Sigue la pieza: "«Si no llego a preguntar a mi hijo si este curso le seguían dando las matemáticas en castellano, me lo como. Es siempre lo mismo. Es una pelea constante. Intentan agotarte. Aunque tengan sentencias firmes, se inventan películas para no cumplir», relata Jordi López, padre de uno de los alumnos afectados. Su hijo cursa cuarto de ESO en el Instituto Salvador Dalí de El Prat de Llobregat (Barcelona) y, en cumplimiento de la sentencia, su grupo escolar recibe las clases de matemáticas en castellano. Así ocurría el pasado curso, pero éste la dirección decidió unilateralmente que dejarían de hacerlo para pasar a cursar en castellano Plástica, lo que supone un incumplimiento de la sentencia, puesto que el fallo establece que, además de la Lengua Castellana, el hijo de Jordi y sus compañeros deberán recibir otra materia troncal en la lengua común. Así lo fija el TSJC para evitar que las escuelas intenten burlar la sentencia impartiendo en español materias menores o talleres en los que apenas se usa la expresión oral o escrita. Jordi fue el padre que denunció a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la imposición de la inmersión lingüística en Cataluña, dando lugar a la misión de europarlamentarios que el pasado diciembre visitó Cataluña para comprobar el funcionamiento del sistema monolingüe en catalán y acabó reclamando en su informe «el mismo trato para el castellano y el catalán como lengua vehicular» de la enseñanza".

Y: "Los parlamentarios europeos visitaron, precisamente, el Instituto Salvador Dalí, en el que su director, Marcel Rodà Panadès, reconoció a los miembros de la misión que 30 de sus 700 estudiantes -esto es, el grupo al que pertenece el hijo de Jordi- cursan matemáticas en lengua española. Así consta en el acta de la visita, consultada por este diario, en la que también se destaca que el director subrayó que esa ampliación de las horas de castellano para esta treintena de estudiantes «no es una decisión del centro, sino un mandato judicial». El director de este colegio ya dejó de aplicar la sentencia en otra ocasión, cuando en septiembre de 2022, el entonces consejero de Educación de la Generalitat, el dirigente de ERC Josep Gonzàlez-Cambray, instó a las escuelas que impartían el 25% en una de sus clases a dejar de hacerlo en cumplimiento de la ley aprobada por el independentismo y el PSC para sortear el fallo del TSJC que ordena impartir un 25% de castellano en todos los colegios de Cataluña. Norma que ahora analiza el Tribunal Constitucional (TC) para determinar su legalidad. El colegio tuvo que rectificar por orden del TSJC, que desautorizó a Cambray y descartó que las escuelas con sentencias individuales sobre el 25% pudieran dejar de acatarlas".

CG

El Casual rebelde desafía a la cúpula y apalea a un miembro de los Boixos Nois

Continúa el jolgorio mediático en torno al peculiar evento "Som 1 d'octubre" y las peripecias de su impulsor, don Jordi Mateu. "El promotor de la fiesta independentista ya se arruinó con un festival que impidió Ada Colau", señala La Vanguardia. La pieza es de Fede Cedó: "“En mi vida he tenido grandes fracasos”. De esta forma, Jordi Mateu, el impulsor del controvertido festival independentista, que el pasado 28 de octubre involucró a la flor y nata del movimiento independentista catalán, reconocía que con el ‘Som 1 d’octubre’ en Arenys de Mar, suma un nuevo fracaso, y que alguno de los anteriores llegó a arruinarle. Mateu admitió que “perdí más de 100.000 euros” en un festival que tenía que celebrarse en Barcelona, pero que “Ada Colau acabó por no autorizar” cuando estaban todas las actuaciones comprometidas. Ahora, con el festival independentista suma un nuevo fiasco en su carrera de promotor de espectáculos".

Continúa el texto: "Una vez que ha saltado el escándalo en Arenys de Mar, a los personajes del mundo de la farándula, el nombre de Jordi Mateu no les es desconocido. El fundador de una importante empresa de montajes escénicos detalla que conoció a Mateu, que era miembro de la burguesía catalana -cuya familia estaba muy vinculada a Fira de Barcelona- y a su hermano “una bellísima persona, que era mánager de una famosa banda musical de los ochenta” lo que le abrió la puerta a intentar varios negocios “la mayoría fallidos” en el mundo del espectáculo".
Y: "“A mí me ha enganchado hasta en tres ocasiones, hasta que decidí dejar de trabajar con él”. Otro empresario pone como ejemplo un colosal montaje que promovió en Extremadura “en el que tenían que participar grandes divos como la Caballé o Josep Carreras” y que se truncó dejando un reguero de deudas. Otro promotor artístico lo recuerda e ironiza con que aún guarda un cheque de las antiguas pesetas, incobrable. En el caso de Arenys de Mar, Mateu empezó por involucrar a “dos o tres personas próximas” para luego generar un efecto llamada que propició una comisión de 11 personas, a las que ahora responsabiliza del fracaso económico, que según él “ha dejado una deuda de 39.000 euros” pero que los acreedores elevan: “supera en mucho esta cifra”".

CG

Premio Planeta: el paripé de cada año

Más noticias de la esfera soberanista. "El último fracaso independentista: nadie pedirá perdón por el fusilamiento de Companys" advierte El Confidencial. Escribe Antonio Fernández: "El PSC ha truncado la última ocurrencia independentista: que España pida perdón por la muerte del expresident Lluís Companys, fusilado por el franquismo el 15 de octubre de 1940. Los partidos soberanistas intentaron, con el apoyo de los comunes, que el Parlamento catalán aprobase una declaración institucional que sirviera como instancia al Gobierno de España para que presente sus disculpas sobre este episodio. “El Parlament de Cataluña considera que el Estado debería de pedir perdón por el asesinato del president Companys, y por haber tardado más de 8 décadas en reconocer la nulidad del juicio al único presidente de Europa asesinado por los fascistas”, rezaba la moción. No salió adelante".

Sigue la pieza: "El Gobierno de Pedro Sánchez anuló la sentencia a muerte de Lluís Companys el pasado 21 de octubre de 2022, fecha en la que se aprobó la Ley de Memoria Democrática. En la norma se establece la nulidad, ilegalidad e ilegitimidad “de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido para imponer, por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal, así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones”. Para los independentistas, eso no valía, puesto que no había una mención directa a Companys. El Gobierno, a petición de ERC, anuló en julio el juicio sumarísimo en que se condenó al presidente catalán, aduciendo que “padeció persecución por razones políticas e ideológicas”. Pero eso tampoco ha bastado. El soberanismo exige que España pida perdón. Es una especie de mexicanización de la política catalana. Los independentistas acaban de aplaudir las exigencias del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de su sucesora, Claudia Sheinbaum, para que España pida perdón por la colonización de América hace más de 500 años".

Y: "La petición coincidió con la primera sesión de control de Salvador Illa. “La muerte del president Companys simboliza el sufrimiento de todo un pueblo que vio su identidad, su lengua y sus derechos amenazados durante décadas de dictadura. Hoy, 84 años después, el Parlament de Cataluña quiere rendir homenaje a la figura del president Companys, hombre de paz y de diálogo, comprometido con los más débiles y un defensor infatigable de los derechos del pueblo de Cataluña”, manifestaba el texto. Pero la actitud del PSC evitó la declaración. Para firmar una declaración institucional son necesarios dos tercios del pleno y la abstención de los socialistas frustró la iniciativa. El PP y Vox votaron en contra".

Pasados cinco años del juicio en el Tribunal Supremo por los hechos del otoño de 2017, una parte del independentismo sigue dándole vueltas a la estrategia utilizada por los letrados que asistieron a los líderes de la asonada. Vilaweb publica un extenso reportaje con la firma de Josep Casulleras Nualart en el que se analiza la actuación de los abogados y del tribunal y se señala a Xavier Melero como un "factor" discordante. El reportaje empieza de esta manera: "Van voler jugar al joc del tribunal i no van poder; van pensar que, si ho feien, en traurien alguna cosa, i només hi va haver humiliació, primer, i una condemna a cent anys de presó, després. Jugar al seu joc no els va privar del càstig, no els el va disminuir. D’allò, ja n’ha fet cinc anys, i encara no ha quedat prou clar què va passar durant aquells quatre mesos a les sales i passadissos del Tribunal Suprem, i per què les defenses dels presos van ser incapaces de fer cap gest de ruptura durant els quatre mesos que va durar el judici. Hi va haver una barreja de causes, totes relacionades: l’escassa consciència política d’aquell “judici històric” (en terminologia emprada pel Suprem mateix); la manca d’unitat de les defenses, lligada al factor Xavier Melero; i la por i la mentalitat de l’oprimit que la repressió havia inoculat en els presos, que, en la majoria dels casos, esperaven esgarrapar una condemna menor. Hi va haver una darrera oportunitat de capgirar la tònica del judici, ja a les acaballes, després de més de tres mesos en què Manuel Marchena els havia portat per on havia volgut: tallant els advocats, ridiculitzant-los, maltractant testimonis de les defenses, impedint de contraposar els testimonis exasperants dels policies i guàrdies civils sobre una violència inexistent amb els vídeos de la seva violència brutal… Fins aquell migdia calorós del 29 de maig de 2019 a Madrid, quan van tenir una bona arma a les mans per fer un cop de força, i la van desaprofitar".

Sigue Casulleras: "El Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l’ONU acabava de fer públic un dictamen demolidor que exigia l’alliberament immediat de tots els presoners polítics per la violació dels seus drets fonamentals durant l’empresonament preventiu. S’havia fet públic al matí, mentre a la sala es projectaven per primera vegada els vídeos de la violència policíaca l’1-O. A la pausa per als dinars el dictamen va caure a les mans dels advocats. Impressionava que fos tan favorable als acusats i tan dur contra el Suprem espanyol; això fins i tot va arribar a fer-ne desconfiar inicialment alguna de les defenses; unes altres ni se’l van mirar o bé van pensar que no calia fer soroll, que més valia esperar que d’aquell judici al qual mancaven poques sessions en poguessin treure algun fruit".

Y: "La defensa de Jordi Cuixart es va quedar sola demanant de brandar el dictamen als nassos de Marchena. I tampoc no tenia gaire clar com fer-ho, si d’una manera tova o d’una manera dura. I van triar la tova; la dura hauria significat de prendre la paraula a la represa de la sessió, alçar la veu i exigir l’alliberament de Cuixart i la resta dels presoners polítics, encarant-se amb el tribunal i plantant-lo si no hi accedia. Però va anar així: Benet Salellas va demanar la paraula –Marchena ja sabia que ho faria, l’havien avisat–, va fer avinent al tribunal l’existència del dictamen del grup de l’ONU, i la petició de llibertat del seu client. Marchena li va dir que ho demanés per escrit, que no era el moment. Entesos. I ningú més no va dir res. Cap més advocat. Cap. I la sessió va continuar amb els magistrats mirant vídeos, i el judici va encarar la recta final. (...) Melero va introduir el miratge que el judici es podia guanyar; que si feies bondat i seguies les regles, els fets i la veritat eren tan contundents que no hi havia marge per a una condemna, o si més no una condemna dura. I això va contagiar totes les defenses, d’una manera o d’una altra. Tant els advocats com, sobretot, els clients, van provar de convèncer el tribunal. Van entrar en el marc del tribunal, mirant de demostrar que els fets no encaixaven ni amb la rebel·lió ni amb la sedició ni amb la malversació, amb una actitud barreja d’obediència i de protesta esporàdica".

Seguridad. "Dos mujeres llegan a la última fase de acceso a la unidad de élite de los Mossos". apunta El País. En el sumario se indica que "La policía catalana es pionera en adaptar los ejercicios físicos por género para los grupos operativos, en los que no hay ninguna mujer en España". Bien por los Mossos, siempre al frente en materia de innovación. El penúltimo ejemplo fue la no detención de Carles Puigdemont en una brillante operación de disimulo. Pero esto de El País parece algo más serio. Escribe
Rebeca Carranco: "Dos mujeres están por primera vez en la última fase del acceso al Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d’Esquadra, los equipos de élite de la policía catalana que intervienen ante amenazas graves. Una vez terminen los test médicos, las dos mujeres iniciarán las convivencias, como se conoce la “fase de adaptación al trabajo”: 21 días como máximo en los que se pone a los aspirantes al “límite físico y mental”. Es la primera vez que dos mujeres llegan tan lejos, después de superar las pruebas físicas de esta unidad, que se han adecuado para las aspirantes femeninas en la última convocatoria. Hasta ahora, ni los GEI, ni sus equivalentes en la Policía Nacional (GEO) y en la Guardia Civil (Unidad Especial de Intervención), cuentan con mujeres en sus filas. Los Mossos son pioneros en rebajar las exigencias físicas por género para el acceso a un grupo operativo, una cuestión polémica que despierta recelos en el resto de fuerzas de seguridad".

Continúa la nota: "Para lograr incorporar a la mujer en sus equipos de élite, la policía catalana se reunió con los equipos de igualdad del cuerpo, pensaron en fórmulas sin reserva de plaza, y optaron por trabajar con profesionales del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat. “Queríamos que nos asesorasen para preparar las pruebas físicas”, explica el subinspector jefe de los GEI. Con ellos, elaboraron unos baremos que suponen “la misma exigencia física a hombres y mujeres” dado que “a igual preparación, el hombre supera a la mujer”. Los ajustes se han hecho ejercicio a ejercicio. Primero una carrera de 800 metros, en 2,16 minutos para los hombres y 2,39 para las mujeres que buscan la máxima nota. Le sigue circuito, con una prueba de sacos de 20 kilos para los hombres y de 15 para las mujeres, en 15,30 y 18,9 segundos, respectivamente. En tercer lugar, press banca con 65 kilos ellos y 42 ellas, a repetir 15 veces en 45 segundos. Después un ejercicio de natación, apnea y habilidad, en 42 segundos ellos y 52 segundos ellas. Y por último, los hombres deben acabar el tramo final de pruebas físicas, como el plinto, o pesos, en 4,55 minutos, y ellas en menos de 6".

Y: "De los 350 hombres y 15 mujeres que se presentaron a la última convocatoria para cubrir las 17 plazas en los GEI, 180 hombres pasaron la prueba, y de las nueve mujeres que llegaron a las físicas, las aprobaron ocho. Hasta ahora, ninguna mujer había conseguido superar esa fase, que era igual para hombres y mujeres hasta el año pasado. Las mossas provienen de distintas unidades: desde orden público (ARRO y BRIMO) a seguridad ciudadana o investigación. Después, los aspirantes fueron sometidos a un batería de tests psicotécnicos y entrevistas para “ajustar un perfil competencial” deseado, que les llevó a seleccionar a los 57 candidatos (55 hombres y dos mujeres) que están a las puertas de las convivencias, donde realmente se batirán el cobre".

Una buena noticia para acabar que confirma los benéficos efectos de no estar todo el día dando la brasa con la autodeterminación. "Laboratorios Ordesa retorna la sede a Barcelona después de trasladarla por el 1-O", anuncia La Vanguardia. La información es de Gabriel Trindade y Eduardo Magallón: "Laboratorios Ordesa, fabricante de las leches y cereales infantiles Blevil y Blevit, ha retornado la sede social a Catalunya. Esta compañía es una de las primeras que devuelve el domicilio legal a la comunidad autónoma tras la crisis institucional provocada por el referéndum del 1 de octubre de 2017. En las semanas posteriores a la votación independentista, más de 4.000 compañías cambiaron su sede social a otros puntos de España, principalmente Madrid. Aquel movimiento provocó un terremoto político y económico en Catalunya que aún perdura hoy".

Líneas después se explica que "Ordesa, con 140 millones de facturación y 200 trabajadores, es una empresa de tamaño medio que, como muchas otras, siguió la estela de los grandes grupos que abandonaron Catalunya en 2017. Fundada hace más de 70 años, es propiedad de la familia Ventura. Hace siete años, al comunicar su marcha de Barcelona, la empresa se limitó a señalar que instalaba su sede en Huesca, donde están los orígenes del negocio, y no entró en valoraciones políticas. Fuentes de Laboratorios Ordesa explicaron ayer que la actual decisión de retornar la sede se enmarca en criterios “técnicos, operativos y prácticos”. Las mismas fuentes añadieron que, tras el cierre de su fábrica de Sant Boi de Llobregat, han decidido unificar todos los registros en las nuevas oficinas en la Torre Ponent, en el paseo de la Zona Franca de Barcelona. De esta manera, se unifican también en una única sede social las sociedades adquiridas en los últimos años: Font Activ y Sodeinn".

18 de octubre, santoral: Lucas evangelista, Amable de Riom, Asclepíades de Antioquía y Monón de Nassogne.