La especialización de los juzgados de violencia contra la mujer genera una crisis entre la Generalitat y los abogados catalanes. Los 14 colegios de abogados de Cataluña han rechazado los planes de la conselleria de Justicia, que pretende centralizar la atención a las denunciantes.

El Departament quiere evitar que las víctimas sean atendidas en juzgados de primera instancia e instrucción, algo que sucede en aquellos partidos sin juzgados Vido, los que abordan el machismo. No obstante, los letrados critican que eso dejaría "una decena de ciudades catalanas sin poder asumir los casos de violencia de género".

Centralización

La Generalitat ha encargado al Institut Metròpoli un estudio técnico para "explorar nuevos escenarios de reterritorialización que deberían permitir aumentar la población atendida por un juzgado especializado".

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Durante su presentación, la consellera en funciones Gemma Ubasart ha lamentado que las víctimas de violencia sobre la mujer están atendidas por un juzgado especializado "solo si este tipo de juzgado existe en el partido judicial donde viven". Si no lo hay, se las atiende en juzgados de primera instancia e instrucción, "que abordan todo tipo de delitos".

Los abogados lo rechazan

No obstante, los 14 colegios de abogados de Cataluña han cargado contra este plan porque eso dejaría "una decena de ciudades catalanas --del área de Barcelona y Tarragona-- sin poder asumir los casos de violencia de género".

Sede del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona / CG

En concreto, aseguran que los juzgados de ciudades como Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès (Barcelona) o Valls (Tarragona) "dejarían de asumir estos casos", que pasarían a estar centralizados en los juzgados de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Granollers, Terrassa, Vilanova y la Geltrú, Tarragona o El Vendrell.

"Paso atrás"

La presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana, Marta Martínez, considera que sería "un paso atrás que puede tener graves consecuencias para las víctimas y sus familias" porque aleja la justicia de la ciudadanía, ha advertido.

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Martínez recuerda que estas mujeres "muy a menudo se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad" y añade textualmente que se puede poner en riesgo algo tan básico como es la garantía del derecho a la defensa al dificultar el acceso a la justicia y agravar el colapso judicial.

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