La Audiencia de Barcelona denuncia que los jueces de lo civil asumen el 97% más de causas de las que pueden dirimir

La justicia de Barcelona está saturadísima. La jueza decana de la capital catalana, Cristina Ferrando, advertía la semana pasada de que los procesos penales especiales, los llamados juicios rápidos, acumulan una demora de tres años por la falta de recursos humanos.

Ahora, el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, añade otra cifra a esta realidad que deja en el aire la eficacia de uno de los principales pilares de una democracia. Se trata de la situación límite que viven los jueces de las secciones de lo civil, que pueden asumir un máximo de 200 asuntos al año, pero reciben 395 en la partida provincial, el 97,5% más de los que pueden dirimir.

Más carga de trabajo

“Estamos absolutamente superados de carga de trabajo”, ha asegurado en la presentación de la Memoria judicial 2023: “No tenemos posibilidad de resolver más asuntos si queremos mantener la calidad”. Por ello, clama por un refuerzo serio y en todos los sentidos de los recursos de los que dispone la demarcación para hacer frente a las catalogadas como causas ordinarias o comunes, desde un acuerdo de divorcio a una disputa con una aseguradora, entre otras cuestiones que acaban en estos tribunales.

“En 2020 partíamos de 12.594 asuntos, aunque fue un año especial por el Covid”, ha relatado ante la prensa. “En los anteriores estábamos en torno a los 14.000 o 15.000; ahora se superan los 18.000, estamos cerca de los 19.000”. Cifras que son inasumibles con los magistrados actuales y que no tienen una perspectiva demasiado optimista, ya que los juzgados de Instrucción reciben más causas que nunca. Esto implicará más carga de trabajo para la Audiencia en los próximos ejercicios, cuando se abra el periodo en el que se puedan recurrir los primeros fallos de estos procesos que ahora se inician.

Faltan manos

Recio ha detallado que el Ministerio de Justicia mantiene sus esfuerzos de personal, las comisiones de servicio de magistrado, en las secciones penales “por razones obvias”. Pero como carece de capacidad presupuestaria para reforzar el resto de secciones, no hay suficientes manos para atender al alto volumen de litigiosidad.

Actualmente, la Audiencia tiene 23.304 recursos de lo civil, mientras que en el mismo periodo de 2020, los magistrados de esta sección tenían 11.149 cuestiones pendientes de resolver.

Mercantiles y familia

Por subsecciones, los titulares de salas que abordan cuestiones civiles mercantiles empiezan a coger oxígeno. Hasta 2022 estaban absolutamente colapsados por el alud de recursos de las cláusulas suelo, pero los expedientes que aún colean de esta materia ahora se reparten entre las secciones civiles generales, por lo que la carga de trabajo se ha reducido de “forma sustancial”.

En los Juzgados de Primera Instancia especializados en familia y en los de violencia sobre la mujer hay “estabilidad”, aunque en estos últimos merecen una atención especial las víctimas, lo que conlleva dedicar más tiempo que cualquier otro procedimiento.

Reducción en lo penal

Los juzgados de Instrucción también han sufrido un incremento de asuntos (de 68.750 en 2020 a 92.051 en 2023) y de tiempo de la respuesta y de la resolución, en especial en el de El Prat de Llobregat (Barcelona).

Por otra parte, los juzgados de lo penal han registrado un ligero descenso en la entrada de asuntos, y se han reforzado los de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Terrassa (Barcelona) con el fin de agilizar los juicios rápidos “para que respondan a su nombre y se celebren a la mayor brevedad posible”, logrando un tiempo de espera de unos cuatro meses (aunque deberían celebrarse entre 15 días y un mes), frente al año de media de los juzgados de Barcelona.

Mediación

En cuanto a los juicios de jurado, Recio ha subrayado son “muy complejos y con un coste elevadísimo para la Administración”, aunque se celebran dentro de plazo, de forma adecuada, y los miembros del jurado salen satisfechos y con una opinión más favorable de la justicia. La mayoría de conformidades son sobre casos de allanamiento, por lo que “no tiene sentido tener toda la maquinaria del jurado si no se celebran”, y Recio ha reivindicado que este ilícito se excluya de los juicios de jurado lo antes posible.

Para mejorar la situación, Recio ha pedido un aumento de los recursos de los juzgados civiles y un impulso de la mediación para que los casos no lleguen a la Audiencia y saturen sus secciones, medida que está dando resultado en los procesos penales, en los que las conformidades ya rondan entre el 50 % y el 60 % de los casos, algo que "debe ocurrir también en lo civil", ha insistido.