Un juez de Barcelona investiga al fundador de Glovo por un delito contra los derechos de los trabajadores

Glovo vuelve a situarse en el punto de mira de la justicia. Tras la denuncia presentada la semana pasada por la Fiscalía de Barcelona, este martes el Juzgado de Instrucción número 31 de la capital catalana ha abierto una investigación contra el fundador y consejero delegado de la empresa de reparto, Óscar Pierre Miquel, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. 

En su escrito, al que ha tenido acceso Crónica Global, el ministerio público sostiene que la empresa de Pierre Miquel ha ignorado las diferentes sentencias dictadas por distintos juzgados toda España --incluido el Supremo-- en las que establece que los repartidores de la empresa de las mochilas amarillas debían de haber sido contratados como asalariados y no operar como falsos autónomos.

Penas de entre seis meses y seis años

De este modo, la Fiscalía de Barcelona acusa a Pierre Miquel de un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores con base en el artículo 311 del Código Penal, que castiga dicha conducta con penas de prisión de entre seis meses y seis años.

En la denuncia, la acusación pública recuerda varias de las sentencias en relación con los litigios que Glovo ha mantenido abiertos en distintas audiencias provinciales españolas y añade que, a pesar de todo ello, los repartidores "siguen obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa, lo cual constituye una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección de la Seguridad Social". 

El ministerio público considera que la condición de empleados por cuenta ajena de los repartidos de Glovo es "indiscutible", por haber sido declarada, en múltiples ocasiones, por los órganos judiciales competentes en la materia, en referencia a las múltiples sentencias que existen sobre esta controvertida relación laboral. 

Así, los riders de la empresa debían haber sido contratados como asalariados y no operar como autónomos. Un modelo que permite a Glovo trasladar los costes de Seguridad Social a los propios repartidores, privándoles de derechos laborales básicos, como es la protección social asociada a la condición de asalariado o costearles la cobertura de gastos médicos o de vacaciones, entre otros.

Por ello, la Fiscalía de Barcelona solicitó en su denuncia que se tomara declaración en calidad de investigado a Óscar Pierre, además de poder interrogar a varios testigos para que explicaran si han seguido operando como falsos autónomos para Glovo desde el cambio del Código Penal, el 12 de enero de 2023.

Ahora, el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona estudiará la denuncia de la fiscalía y será el órgano encargado de dictar las primeras diligencias, si es que lo considera necesario, tal y como ha adelantado El Periódico.

Un pulso constante 

Glovo acumula hasta finales de mayo una deuda con la Seguridad Social de unos 200 millones de euros en cuotas no abonadas (73,4 derivados de actas de liquidación y 127,2 millones sobre la que se ha constituido aval) y en torno a otros 50 millones en sanciones, un castigo que pone en riesgo a la compañía. 

Además, hasta principios de abril Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha ordenado el alta de oficio de 40.889 repartidores de Glovo, todos ellos desde que la empresa empezó su actividad en 2014.

La respuesta de Glovo 

Por su parte, la empresa de reparto ha declinado ofrecer declaraciones al respecto y ha trasladado a preguntas de Crónica Global que, por ahora, no emitirá ningún comunicado.