Más agresiones y más violencia: qué ocurre en los centros de justicia juvenil
Los sindicatos señalan que el principal motivo es la falta de personal y un aumento de problemas psíquicos entre los menores; desde Justicia aseguran que ya se ha reforzado el personal de cara al verano y que hay dos pruebas piloto en marcha para ampliar la plantilla
18 junio, 2024 00:00Noticias relacionadas
“La mejor forma de contención es la educación”. Así de tajantes se pronuncian fuentes del sindicato IAC-CATAC, que junto a su homólogo CSIF, denuncian que en los últimos años han detectado un aumento de agresiones “cada vez más graves” en los centros de justicia juvenil de Cataluña.
Estos centros albergan a menores de edad a partir de 14 años que han sido condenados por haber cometido delitos por los que los adultos van a parar a un centro penitenciario.
El funcionamiento de los centros
En ellos pueden permanecer en régimen cerrado, semiabierto o abierto, dependiendo de la gravedad del delito cometido, hasta finalizar la condena impuesta o hasta alcanzar la mayoría de edad. Si al cumplir los 18 años su comportamiento es problemático van a parar a una prisión ordinaria, como el Centro Penitenciario de Jóvenes, en La Roca del Vallès (Barcelona). Si es bueno, pero aún no han cumplido la pena íntegra, el juez puede autorizar que, de forma excepcional, permanezcan en estos centros hasta cumplir los 21 años.
La mayoría de los jóvenes que ingresan en estos centros están en régimen cerrado -previsto para los casos de mayor gravedad- o semiabierto. En el caso de los primeros, realizan toda la vida dentro del centro, incluso la formación reglada, gracias a un convenio con el Departamento de Educación de la Generalitat que, según los sindicatos, arroja buenos resultados. “Los talleres, cuya competencia recae sobre la empresa pública CIRE, adscrita al Departamento de Justicia, funcionan bastante peor”, denuncian desde IAC-CATAC, sindicato que asegura que, "por falta de personal, no siempre se puede garantizar la realización de las actividades".
Los sindicatos lo achacan a la falta de personal
Cuando esto sucede, los educadores consultados aseguran que el clima de tensión se incrementa, primero entre los propios chavales y, después, hacia la plantilla. “En un medio tan hostil estas cosas siempre han sucedido, pero hemos detectado que ahora suceden más a menudo y nuestro análisis es que se debe a la falta de personal, que redunda en una peor educación”, aseguran desde IAC-CATAC.
“Trabajo desde hace 30 años y, hasta hace cuatro o cinco, agresiones graves había visto dos”, refrenda Carlos, delegado de CSIF de justicia juvenil. Desde esta fecha hasta hoy, el educador sostiene que ha contabilizado “muchas”. En 2021, recuerda, unos chavales le rompieron el pómulo a un compañero y que el año pasado le propinaron una paliza a una coordinadora que tuvo que cogerse la baja. “El perfil de los internos ha cambiado mucho. Hay muchos que tienen problemas mentales”, sostiene.
Dos agresiones graves
En las últimas semanas se han producido dos agresiones de relevancia. Hace aproximadamente un mes, un menor salió blandiendo una barra de hierro de un taller en el centro de justicia juvenil L’Alzina, en Palau-solità i Plegamans (Barcelona) y atacó a tres vigilantes de seguridad. La semana pasada, otro realizó tocamientos a una educadora después de solicitar que le abriese la puerta durante la noche para ir al baño. Sucedió en El Segre, el Lleida.
Sobre este último episodio de violencia, fuentes de la Consejería de Justicia han aclarado a este medio que la trabajadora estaba acompañada de un vigilante de seguridad “como marca el protocolo” cuando se produjo el abuso sexual, que se paró antes de que fuese a mayores. Además, añaden que en cuanto la dirección del centro tuvo conocimiento de lo que había ocurrido lo puso inmediatamente en conocimiento de la justicia. Desde el primer momento, añaden las mismas voces, la educadora recibió apoyo por parte de la dirección general, que le ofreció tanto acompañamiento psicológico y jurídico como un cambio de destino para su mayor tranquilidad.
En lo que respecta al joven, la dirección del centro le ha abierto un expediente, se le ha apartado de la unidad y le ha ofrecido apoyo psicológico para evitar que vuelva a tener este tipo de comportamientos en el futuro.
Amenazas, escupitajos y lanzamiento de orines
Aunque estas son las que se han conocido, los sindicatos denuncian que en los últimos años el personal que trabaja en estos centros sufre un goteo de agresiones que, por ser de menor intensidad que las mencionadas anteriormente, no trascienden: desde amenazas hasta escupitajos o lanzamiento de orines.
En estos casos, al no estar tipificadas, “poco se puede hacer”. Se cierran con una sanción dentro del centro, pero estas acciones van minando a los trabajadores sociales, que a la larga optan por otras salidas profesionales, como las prisiones. Así las cosas, en los centros de justicia juvenil suelen recalar profesionales inexpertos, recién salidos de las facultades. “Es un cóctel molotov”, sostiene una de las fuentes sindicales.
“Nos faltan educadores, llevamos meses en los que un solo educador trabaja con alguien de seguridad, cuando lo normal es trabajar, como mínimo, dos o tres personas con un mismo grupo”, denuncia Carlos, delegado de CSIF de justicia juvenil. “Faltan recursos, sobre todo recursos humanos. Llevamos años con deficiencias de personal, con lo cual el control de la vida cotidiana de los jóvenes es deficitario”, apuntalan desde IAC-CATAC. “No estamos ofreciendo el servicio que deberíamos dar a los jóvenes, que hay que recordar que son un colectivo de especial vulnerabilidad por el hecho de ser menores de edad”, añaden .
Justicia asegura que reforzará el personal
Desde justicia defienden que el equipo directivo del centro en el que sucedió el abuso a la educadora, desde finales de 2023 hasta la fecha de hoy, siempre ha sustituido al personal cuando ha habido alguna ausencia, por lo que no se puede relacionar con un déficit en la plantilla.
Además, desde el departamento añaden están realizando una prueba piloto de 12 refuerzos en dos centros de justicia juvenil: el de Can Llupià, en Barcelona, y el de L’Alzina, en Palau-solità i Plegamans, que comenzó en abril y que se prevé que finalice en septiembre. La intención es, por lo tanto, seguir reforzando la dotación en estos centros.
Las fuentes consultadas también señalan que “ya se han contratado y se contratarán refuerzos de verano para cubrir las ausencias derivadas de las vacaciones del personal titular” y que se abrirá una bolsa de sustituciones.