Cuenta atrás para juzgar a los señores de la droga 'made in Terrassa'

Todo empezó con cuatro amigos. Corría el año 2015 cuando un grupo de colegas se enzarzaron en el cultivo y tráfico de marihuana. Así, pronto, lo que empezó como un negocio de menudeo se convirtió en una auténtica factoría criminal, llegando a funcionar como un cártel de la droga donde cada jefecillo tenía sus propias plantaciones y se daban apoyo logístico y de trabajadores para maximizar el rendimiento.

Se hacían llamar el Clan Egara -por su ciudad de origen, Terrassa (Barcelona)-; y entre 2015 y 2020 se especializaron en cultivar y vender oro verde, con unos ingresos que rozaban los seis millones anuales. Una vez montados en el dólar, bajar de la cresta de la ola fue algo impensable. 

Hasta 16 años de prisión

Así, los cuatro amiguetes de barrio se convirtieron en los señores de la droga made in Terrassa, liderando un entramado criminal que, en los próximos meses, sentará a 41 personas en el banquillo de los acusados por presuntos delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, defraudación del fluido eléctrico y blanqueo de capitales. 

Hace escasamente un mes, el fiscal del caso, Carlos Díaz Maroto, presentó su escrito de calificación en el que detalla, con todo lujo de detalles, la estructura criminal que habían montado los investigados: con contratos fraudulentos y empresas pantalla para blanquear sus millonarios ingresos anuales. Según ha podido saber Crónica Global, el representante del ministerio público pide penas de prisión de hasta 16 años para los miembros de este entramado, la mayoría de ellos sin antecedentes penales. 

42 entradas y registros

El chiringuito criminal bajó las persianas de forma inesperada a finales de junio de 2020 (en plena pandemia), cuando los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo un dispositivo policial sin precedentes -con la participación de más de 300 agentes- y que se saldó con la decapitación del grupo y la detención de 27 personas. Cifra que aumentó con el avance de la investigación.

Bajo la batuta judicial del Juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa, ese mes de junio se realizaron 42 entradas y registros en las localidades de Terrassa, Sabadell, Castellar del Vallès, Matadepera, Sant Quirze del Vallès, Rubí, Cercs, Gironella, Casserres, Artés, Sant Salvador de Guardiola, Monistrol de Calders, Roda de Berà y La Bisbal del Penedès. Un dispositivo que llevaba meses cocinándose, desde que arrancó la investigación policial en diciembre de 2019. 

El Celler de Can Roca como lugar de encuentro

Según se extrae del escrito del fiscal, los investigados compraban todo el material que necesitaban para montar las plantaciones en Grow Shops o asociaciones cannábicas de confianza. Luego, cultivaban la droga en casas alquiladas o adquiridas por los integrantes del grupo para, finalmente, entregarla a otros miembros de la organización que se encargaban de venderla al comprador final: mayoritariamente ciudadanos extranjeros u otras asociaciones cannábicas que también formaban parte del entramado. 

Para justificar ante la Agencia Tributaria que obtenían ingresos provenientes de actividades legales, se daban de alta en la Seguridad Social con contratos entre sus miembros. De este modo, aprovechaban para pagarse las deudas que generaban entre ellos a través de las nóminas. 

De la investigación se destaca que una de las conversaciones clave que permitió hacer caer al grupo se registró en una amplia mesa del reputado restaurante Celler de Can Roca, donde los cuatro cabecillas se reunieron para celebrar que su negocio iba viento en popa. En un momento dado de la comida, entre copa y copa, pasaron de hablar de inmuebles y construcciones a conversar sobre su business de marihuana.

Posible vulneración de derechos 

Con todo, según ha podido saber Crónica Global, los abogados de los 41 acusados tenían hasta este jueves 25 de abril para presentar sus escritos de defensa, la antesala antes de llegar al juicio oral, que se prevé largo y extenso. En este sentido, Álvaro Machado, de Vosseler Abogados, letrado de uno de los investigados, ha asegurado que en esta causa se han cometido "varias vulneraciones de derechos e irregularidades en los protocolos de obtención de las pruebas que se han presentado por parte de la policía y la fiscalía". 

"El boom del cannabis en Cataluña ha supuesto una prueba de estrés para los protocolos y acuerdos en materia de actuaciones de decomiso y aprehensión de alijos. Y, dado el volumen actual de incautaciones, se suelen cometer graves irregularidades en las actuaciones, lo que redunda en una vulneración de derechos de las personas investigadas por los delitos de tráfico de drogas", sentencia el abogado, experto en delitos contra la salud pública.