La Generalitat de Cataluña matiza su plan que permite abrir piscinas privadas al público para combatir el verano durante la sequía. El conseller de Acción Climática, David Mascort, ha tratado de atajar este jueves la polémica generada por el decreto ley, que traslada a los ayuntamientos la toma de esta decisión.
Los consistorios de la segunda corona metropolitana han respondido con críticas de "improvisación" y se han desmarcado de esa responsabilidad, recordando lo "ingobernable" de que comunidades de vecinos abran sus recintos al resto de la ciudadanía, por ejemplo. La medida cosechó el mismo rechazo entre los administradores de fincas.
Pensado para una casuística muy concreta
Acompañado por la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, Mascort ha insistido ahora en que "el objetivo del decreto ley es responder a las peticiones de los ayuntamientos de abrir sus piscinas municipales", ya que el Plan especial contra la sequía no lo permitía.
Ante esta situación, el Ejecutivo ha habilitado a los municipios la opción de declarar estas instalaciones refugios climáticos bajo la "debida justificación". Y para cubrir las necesidades de las localidades sin este tipo de recintos públicos, ha emplazado a sus gobiernos municipales a negociar la apertura de equipamientos privados.
De esta forma, el conseller ha matizado que el plan tan solo está pensado para municipios del interior con esta casuística concreta, y no es algo tan generalizado como lo había presentado Plaja esta semana.
No habrá lugar para la picaresca
Sobre la posibilidad de que los propietarios pidan declarar su piscina refugio climático para poder utilizarla, Mascort ha defendido dejar fuera la picaresca, tanto de hoteles que no paguen por una desalinizadora, como de particulares.
"¿Que puede darse la casuística de que alguien quiere abrir su piscina así? Pues no, ese no es el objetivo del decreto ley, que busca dar salida a la necesidad expresada por los municipios", en palabras del titular de Acción Climática.
Una desalinizadora flotante en el Puerto de Barcelona
Mascort y Plaja han anunciado en la misma rueda de prensa un plan por el que habilitará una "desalinizadora flotante" en el Puerto de Barcelona y 12 nuevas desalinizadoras móviles que operarán al norte de la Costa Brava.
Con este plan, cuyo coste alcanza los 100 millones de euros y entrará en pleno funcionamiento en otoño, entierra definitivamente el traslado de agua en barcos durante la grave sequía que atraviesa Cataluña, así como el minitrasvase del Ebro.