Nuevo incidente en la cocina de una prisión catalana: tres funcionarios heridos en dos ataques

Las agresiones a funcionarios no cesan en las prisiones catalanas. Este sábado tres trabajadores públicos han resultado heridos en dos nuevos ataques: uno acaecido en el centro penitenciario de Joves (Barcelona) y otro en la cárcel de Ponent (Lleida). En este último caso el incidente ha empezado en la cocina.

Según ha podido confirmar Crónica Global, en Joves, prisión ubicada en La Roca del Vallès (Barcelona), un preso ha agredido dos funcionarios que le pidieron que dejara de golpear el teléfono. 

Segunda agresión en una semana

Se trata de la segunda agresión en este centro penitenciario en tan sólo una semana. El martes por la mañana se produjo una "batalla campal multitudinaria" que acabó con ocho presos en aislamiento y cuatro trabajadores trasladados a la Mutua para ser atendidos por diversas lesiones

El sindicato Csif alerta de que, aunque se trata del centro con el menor número de internos de toda Cataluña, en los últimos meses se ha registrado un alarmante aumento de incidentes, convirtiéndolo en uno de los más "inadaptados y violentos de todo el sistema".

Incidente en la cocina de Ponent

En el caso de la prisión de Ponent, los hechos ocurridos este sábado empezaron en la cocina. Según ha podido saber este medio, un recluso que estaba trabajando en esta zona fue expulsado por mal comportamiento después de agarrar a un compañero por el cuello y castigado en una celda de aislamiento. Fue allí donde este interno agredió a un funcionario. 

En total, sólo en la jornada de hoy, han resultado heridos tres trabajadores de las prisiones catalanas. 

Los funcionarios, en pie de guerra

Los funcionarios de prisiones protestan desde el 13 de marzo, fecha en la que un preso asesinó a cuchilladas a Núria L., la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona).

Desde esa fecha la plantilla se ha autoorganizado y ha efectuado cortes en las entradas de los centros penitenciarios catalanes para pedir la dimisión de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. 

Se sienten un colectivo invisible y desamparado por la administración, con un déficit de más de 400 trabajadores y una plantilla envejecida que debe lidiar, a diario y sin recursos, con delincuentes muy peligrosos, profesionales del crimen organizado transnacional.