“Nos atacan con destornilladores, cuchillas, palos de hierro, punzones o ganchos…”. Los funcionarios de las prisiones catalanas tienen que lidiar, prácticamente a diario, con todo el arsenal de armas artesanas que los presos elaboran para agredirse entre ellos o, en el peor de los casos, para atacar directamente a los trabajadores que intentan poner paz en los centros penitenciarios de Cataluña.
“Nos encontramos de todo”, lamentan trabajadores de cuatro cárceles catalanas a preguntas de Crónica Global. Lamentablemente, las agresiones a funcionarios son constantes y los internos, aseguran desde el colectivo, “se están profesionalizando, incluso, en la elaboración de estas armas rudimentarias”.
El detonante: el crimen de Núria
La muerte de Núria L. -la cocinera de Mas d'Enric asesinada a manos de un preso- ha sido la gota que ha colmado el vaso. El macabro crimen se ha convertido en el detonante que ha motivado a los funcionarios a romper su silencio y coger las riendas de las protestas, bloqueando los accesos de los principales centros penitenciarios de Cataluña. Denuncian que las recientes políticas “garantistas” del Govern de la Generalitat los han dejado atados de manos y pies, sin margen para poder hacer frente a los internos más conflictivos.
Por ello, los trabajadores de las cárceles han levantado barricadas en las entradas de las prisiones y no cesarán las protestas hasta que la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, dimita de sus funciones o sea cesada por el president Pere Aragonés.
“La señora Ubasart no conoce la realidad que se vive en los centros penitenciarios. No ha vivido la tensión, ni sabe lo difícil que es gestionar a decenas de personas privadas de libertad, con familias desestructuradas, con problemas de drogadicción, con enfermedades de salud mental…”, critican.
Agresiones constantes
Y esta realidad lleva intrínseco que decenas de internos escondan armas de todo tipo bajo sus camas. Herramientas rudimentarias que roban o que se autoconstruyen ellos mismos y que utilizan para atacar a los funcionarios o saldar ajustes de cuentas entre ellos. “Hay compañeros con secuelas físicas y psicológicas irreparables” aseguran los funcionarios. “Esta es la triste realidad de las prisiones catalanas”, matizan.
“Tenemos compañeros que han necesitado intervenciones quirúrgicas, que han sido salvajemente agredidos con las armas que los internos consiguen, roban o se construyen” aseguran. Algunos casos, especialmente graves, han dejado a funcionarios discapacitados, sin la posibilidad de volver a ejercer su oficio o tener una vida normal.
Reclamo histórico: ser considerados agentes de la autoridad
Sin embargo, no están considerados agentes de la autoridad. “La Generalitat nos ningunea y nos excluye, incluso de los carteles corporativos donde aparecen todos los actores que trabajan o colaboran en preservar la seguridad pública en Cataluña”, denuncian, haciendo referencia a un póster corporativo del departamento de Interior.
“¿Y por qué no somos considerados agentes de la autoridad?”, se preguntan con cierta ironía los funcionarios de las prisiones catalanas. “¿Por qué nuestras lesiones tienen menos valor? Pues no tenemos respuesta”. Mientras que otros colectivos, como los médicos o los profesores, son considerados la autoridad a ojos de la ley, los trabajadores de las cárceles todavía no han recibido esta distinción. “Eso significa que muchos de los episodios violentos que se viven en los centros penitenciarios no llegan, ni siquiera, a los juzgados”, lamentan a preguntas de esta redacción.
De este modo, graves agresiones quedan reducidas a meros delitos de lesiones, nunca con la agravante de atentado a la autoridad. Sin embargo, insisten, “nosotros somos quienes debemos velar por la integridad física de todos los que convivimos en las prisiones: la nuestra, pero también la de la población reclusa”.
De este modo, los funcionarios no son indemnizados y los casos pasan sin pena ni gloria por los despachos judiciales. "No tenemos el apoyo de la Generalitat, el departamento nos deja desamparados por completo", denuncian.
El reto de la Administración
Coincidiendo con el estallido de las protestas y la pseudoparalización del funcionamiento de las cárceles catalanas, desde Madrid, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró este lunes que su departamento promoverá el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como “agentes de la autoridad”. Reclamo que estos empleados públicos vienen pidiendo desde hace años.
Para los funcionarios, pasar a ser representantes de la autoridad les proporcionaría un elemento coactivo más para enfrentarse a los internos y que piensen dos veces las consecuencias que les acarrearía la agresión. "Ya no les saldría gratis", manifiestan.
En la actualidad, tal y como están las cosas, "no hay recursos ni herramientas para garantizar que el reglamento penitenciario se cumpla y tenga sus debidas consecuencias", aseguran. "Hace unos años, un simple insulto comportaba que el interno en cuestión fuese expulsado del módulo con una sanción de cinco días… ahora son el pan de cada día".
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