La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar si la Generalitat y el Ayuntamiento de la ciudad toleraron “conductas violentas” de los okupas de la Bonanova, los allanadores que residían El Kubo y La Ruïna y fueron desahuciados en un espectacular dispositivo a finales de noviembre.
El tribunal estima de este modo el recurso de apelación que presentó el líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera. En ella, pedía reconsiderar la decisión del titular de Juzgado de Instrucción número 25 de archivar su denuncia sobre presunta inacción pública ante los okupas que vivieron durante años en dos inmuebles propiedad de la Sareb, el llamado banco malo de España que gestiona activos inmobiliarios desde el fin de la burbuja inmobiliaria de 2008.
Denuncia presentada durante la campaña de las municipales
Sirera enmarcó esta denuncia en la campaña de las elecciones municipales del pasado mayo. El popular acusaba a Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana de “inacción” ante las “actitudes violentas” que tenían los squatters antes los avisos de desahucio que habían recibido. El primero fue en marzo de 2023, aunque se aplazó ocho meses porque la policía catalana estimó que no era seguro.
Esto convirtió el desalojo de El Kubo y La Ruïna en materia de debate electoral. Incluso propició un movimiento de la empresa Desokupa, especializada en desalojos extrajudiciales, para actuar primero en las casas allanadas y unirse a una manifestación organizada en el barrio de la Bonanova donde marcharon junto a los Casuals. Como explicó Crónica Global, el movimiento de la compañía también se enmarcó en una estrategia de márketing para relanzar su actividad.
Falta de motivación del juez instructor
El juez instructor descartó investigar lo denunciado por Sirera. Consideró que no se podían depurar responsabilidades ni en el gobierno local de Barcelona ni en el catalán. Entendió que no había visos de delito, cuestión que la Audiencia de Barcelona ha enmendado ahora.
En el auto publicado, advierte al juez que, antes de archivar la denuncia, debe practicar “diligencias tendentes a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas responsables de los mismos". Sin estas, continúa, no se puede concluir que los hechos denunciados "carecen de significación delictiva" ni que el delito no está debidamente justificado.