Los consumidores pondrán los 220 millones de euros de la nueva desalinizadora de la Tordera

Las obras de ampliación de la desalinizadora de la Tordera en Blanes (Girona) serán sufragadas con un crédito del Estado que la Generalitat deberá devolver a través de una repercusión tarifaria en el recibo del agua.

La nueva desalinizadora, que se estima que costará unos 220 millones de euros, es una de las infraestructuras claves para afrontar futuras sequías junto con otra planta proyectada en el Foix, entre Cunit (Barcelona) y Cubelles (Tarragona).

Fórmula de financiación

La previsión del Govern es que ambas estén operativas en el horizonte del 2030. Se sumarían a las dos que están en marcha desde hace años en la Tordera y El Prat de Llobregat (Barcelona).

La fórmula de financiación elegida será un préstamo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en vez de una transferencia a fondo perdido por parte de la Administración central a la Generalitat. Dado que los fondos del Plan de Recuperación están sujetos al principio europeo de recuperación de costes, los usuarios retornarán el gasto efectuado a través del recibo del agua.

Queda por saber qué sucederá con los 165 millones de euros consignados para esta infraestructura por el Ejecutivo autonómico en sus presupuestos de 2023.

Devolución en 30 años

En todo caso, los fondos del Gobierno se devolverán en 30 años y el préstamo se concederá en "condiciones muy favorables", según ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, Hugo Morán.

La actual planta ubicada cerca de la desembocadura del río Tordera se inauguró en 2002 y fue la primera desalinizadora instalada en Cataluña.

Vuelven las inversiones

Inicialmente, la central se concibió para producir hasta 10 hectómetros cúbicos de agua al año. Pero durante la grave sequía de los años 2007 y 2008 se duplicó esta capacidad hasta los 20 hectómetros cúbicos. El principal destinatario de estos recursos fue el área metropolitana de Barcelona.

Su ampliación pondrá fin al parón inversor de infraestructuras hidráulicas en las cuencas internas de la comunidad. Durante la última década, la delicada situación financiera de la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha frenado las actuaciones de mejora sobre las infraestructuras de gestión del agua.

Esta situación, añadida a los 38 meses consecutivos sin lluvias, ha sumido la región en una situación límite que podría llevar el Govern a decretar la fase de emergencia por sequía en las próximas semanas.