El Gobierno español aportará 220 millones de euros para la construcción de una nueva desalinizadora en Tordera (Barcelona), una infraestructura con la que se pretende reducir los efectos de la sequía en el futuro en Cataluña, sobre todo en la zona del Maresme.
Esta es una de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en un nuevo decreto ley para afrontar la falta de agua en España y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos. Entre ellas, el objetivo de elevar al 20% el uso de agua reutilizada, y que el Ejecutivo central asuma obras hidráulicas en Cataluña, Andalucía y Levante.
Obras que deberían hacer las autonomías
"Asumimos obras que corresponden a otras administraciones autonómicas y que no se han llevado a la práctica, y para las que las administraciones autonómicas en territorios especialmente afectados por la sequía, como Cataluña y Andalucía, nos han pedido ayuda", ha manifestado la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Al ser declarada de interés general, el Estado central asumirá la construcción de desalinizadoras en Cataluña --la planta de Tordera, con un coste de 220 millones--, y también en Málaga y Almería --200 millones--, así como la intensificación de la reutilización en Alicante, con una inversión de 224 millones.
Las obras en cuestión no estarán hechas para este verano, pero la ministra considera "obvio" que los episodios de sequía serán cada vez más intensos y graves debido al cambio climático. "Es clave que podamos acompañar a quienes nos han pedido apoyo", ha añadido Ribera, que ha explicado que también han aprobado intervenciones para reducir la presión sobre los acuíferos que nutren Doñana, en Andalucía.
Más agua reutilizada
En consonancia con la normativa comunitaria, el decreto del Gobierno modifica la Ley de Aguas para impulsar la reutilización de las aguas urbanas para que pasen del 10% al 20 % del volumen de recursos hídricos destinados al abastecimiento de poblaciones. Así, el objetivo es pasar de los actuales 400 hectómetros cúbicos anuales a cerca de 1.000 en 2027.
Según el Gobierno, las medidas contempladas en el decreto ley suponen una inversión de 2.190 millones de euros para afrontar la sequía y aumentar la disponibilidad de recursos hídricos, de los que 1.400 millones los aportará el Ministerio para la Transición Ecológica.
Recelos en la Generalitat
Ante estos compromisos del Gobierno español, la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña ha valorado que el ministerio invierta en la construcción de la desalinizadora de Tordera y espera "no quede solo en palabras en un contexto electoralista".
Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la conselleria que encabeza Teresa Jordà, remarcando que lo que piden es un "un trato justo con Cataluña y "un compromiso de inversiones para minimizar el déficit hídrico de las cuencas internas". Según dicen, el departamento ya trabaja en el anteproyecto de la desalinizadora de Tordera y lo tendrá a punto este año.
La conselleria también quiere que el Gobierno español tenga presentes otras inversiones previstas por la Generalitat, y ha reiterado la oferta de un convenio para la modernización del Canal d'Urgell, "donde la urgencia de mejora al acceso al agua de los agricultores es una cuestión clave".