Confirman la condena a un exconcejal de La Mina y al clan 'Los Manolos' por falsos contratos de vigilancia
La administración pagó a una empresa que nunca hizo los trabajos, sino que repartió el dinero con el socialista Juan Carlos Ramos y el jefe del clan familiar, conocido como Tío Cristina
26 enero, 2024 08:32Noticias relacionadas
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena al segundo teniente de alcalde Juan Carlos Ramos, al clan Los Manolos y al administrador de una empresa pantalla por la trama de falsos contratos en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Fingieron contratos con una sociedad que nunca operó y, en su lugar, hizo y cobró los trabajos el grupo familiar, liderado por el conocido como Tío Cristina.
La sentencia, consultada por Europa Press, da por buena la decisión de la Audiencia de Barcelona, que condenó a los cuatro implicados por un delito de prevaricación administrativa por hechos ocurridos en 2016. De esta manera, rechaza los recursos de dos de los acusados, entre ellos el exedil, y ratifica la pena de inhabilitación para los cuatro.
Contratos irregulares por la vigilancia de pisos
Los hechos que se juzgan se remontan a los años 2016 y 2017, cuando el concejal del PSC contrató de forma irregular con fondos públicos a empresas controladas por los clanes de Sant Adrià de Besós para vigilar pisos de protección oficial en el barrio de la Mina.
En el juicio, dos de los acusados --el patriarca del clan Los Manolos, Ángel Amaya, conocido como Tío Cristina; y el titular de la empresa adjudicataria del servicio anteriormente, José Fernández Franco-- reconocieron los hechos, y el último explicó que no pudo presentarse de nuevo al concurso público por impagos a Hacienda.
La sentencia considera demostrado lo evidenciado por la Audiencia de Barcelona en octubre de 2020: que pactaron una comisión para José Fernández Franco, quien contrató al administrador de la nueva empresa adjudicataria a cambio de una comisión compartida con Amaya, quien realmente hacía el trabajo a pesar de no tener una empresa de vigilancia ni cumplir con los requisitos legales.
Pagos directos del Consorcio de La Mina
Así, la empresa Visegurity recibió los pagos directos del Consorcio del Barrio de la Mina a través de transferencias bancarias periódicas, y al recibirlas hacía, a la vez, transferencias a las empresas que administraba José Fernández Franco --el anterior adjudicatario--, sumando un total de 41.058 euros reenviados con este sistema.
Por su parte, José Fernández Franco retiraba parte del dinero en efectivo --en total, 27.400 euros-- y entregaba una parte a Amaya, para lo que al menos cuatro veces "tuvieron encuentros que se producían en dos fases diferenciadas". Primero, José Fernández Franco quedaba con el concejal Juan Carlos Ramos y le daba un sobre con una parte del dinero en efectivo recibido de Visegurity; después, el concejal quedaba con Amaya y le entregaba el mismo dinero.
Las condenas
La inhabilitación del entonces concejal, autor del delito, es de nueve años; mientras que la del administrador de Visegurity, cooperador necesario, es de siete años.
Tanto Amaya como José Fernández Franco fueron cooperadores necesarios y además la sentencia toma en cuenta como atenuante su confesión, por lo que su inhabilitación es de dos años y tres meses.