En 2015 se actualizó la normativa sobre procedimiento administrativo encaminada a alcanzar una Administración pública sin papeles. Un objetivo dirigido a ofrecer un servicio público mejor que, entre otras cosas, facilite al ciudadano realizar cualquier trámite sin mareos y entregas de documentación que ya se encuentra en poder de los estamentos públicos.
Ocho años después, varias familias con algún miembro con discapacidad alegan que la Administración camina en sentido contrario a lo que marca la ley, inundándolas con papeleo y peticiones de documentos que deben entregar una y otra vez.
Agotamiento burocrático
C.B. es licenciada en derecho y mamá de dos hijos con neurodiversidad que confiesa estar agotada por culpa de la Administración. "Para la renovación de la discapacidad tienes que presentarlo en todos los sitios, y esto, cada tres o cinco años (o el plazo que indique la Administración en su resolución), así hasta que se alcance una valoración definitiva, si es que la dan, y que hace que tengamos que volver a presentar ese documento en la Seguridad Social y en Hacienda".
Las oficinas de la Seguridad Social en Barcelona
Efe
"Para que te hagan una valoración te tiras una media de un año de espera pero cuando te piden algo a ti tienes un mes para presentarlo todo", insiste. Eso sí, "si te llaman en agosto y te niegas, pueden quitártelo todo", lamenta la mujer.
"Incompetencia y opacidad"
Su relato, al igual que el de otras madres, coincide en calificar la actitud de la Administración de cansina y poco empática con las familias. "Yo lo llamo cansinocracia", lamenta. "Juegan a cansarnos para ver si así se ahorran algunos euros", sostiene C.H., mamá de un niño con autismo para la que no solo es "cansinocracia", sino "opacidad, incompetencia y picardía", la que muestra el sistema a la hora de realizar trámites e incluso de informar de posibles ayudas existentes.
"A las familias nos sorprende mucho que estemos tan fichados para algunas cosas por parte de la Administración y que no alcanzamos a comprender, porque no es automática la información entre las Administraciones. Con sólo darle a un enter lo saben todo de nosotros: rentas, deudas, salud... ¿y no pueden saber si se ha renovado la discapacidad? De la misma manera que conocen la fecha de caducidad, pueden saber si se ha renovado o si está en trámite", sostiene C.B.
En sentido contrario a lo que marca la ley
Fuentes jurídicas respaldan el relato de estas madres, y no solo eso, sino que afirman que la Administración está errando en su proceder e incumpliendo la ley de forma sistemática. Según establece el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: "Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección".
Por tanto, "las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente".
Un deber
El presidente de la Comisión de los Derechos de las personas con discapacidad, Xavier Puigdollers, lo tiene claro. "Están incumpliendo la ley y de forma sistemática" porque "hay que presentar la misma documentación en todas las ventanillas aunque esté una al lado de la otra". Sin embargo, sostiene, "esto es así desde hace años porque no hay nada que lo sancione y porque es más cómodo pedirlo que irlo a buscar". Puigdollers considera que "hay incluso desprecio" hacia los ciudadanos.
"Es necesario que la Administración cambie su actitud prepotente y muestre empatía porque tender debidamente a las familias con miembros con discapacidad no es un favor, sino un deber. Es hora de que la Administración actúe de manera más eficiente y esté al lado de las personas, brindando un apoyo real y facilitando los trámites burocráticos que tanto afectan a estas familias".
Las Asociaciones levantan la voz
A este llamamiento se han unido Susi Cordón Almela, directora de Aprenem Autisme y Marta Robles, neuropsicóloga clínica que ha trabajado en múltiples asociaciones y federaciones dedicadas al autismo en Cataluña. Ambas han compartido con el resto de testimonios la "prepotencia y falta de empatía" que encuentran las familias a la hora de realizar cualquier tipo de trámite.
Cordón habla, incluso, de "violencia administrativa", haciendo referencia a otras cuestiones tan sencillas como informar a los chicos con neurodiversidad al finalizar el curso escolar, en qué clase o con qué profesores irán el próximo curso. Esto, sostiene Cordón, "es algo que saben con antelación y que a ellos les daría una tranquilidad y bienestar". Sin embargo, es la forma de trabajar.
Falta de información
También, denuncian estos padres, se les ponen palos en las ruedas a la hora de recabar información sobre las ayudas a las que podrían optar. "Las familias se encuentran con confusión y falta de claridad. La información no es clara y se enteran de las posibilidades a través del boca a boca o de las asociaciones de familiares".
"Esta falta de transparencia dificulta el acceso a los recursos disponibles", resumen. Varios testimonios confirman a Crónica Global haber perdido alguna vez una prestación por no haber presentado a tiempo un documento que, según marca la ley, la Administración no debería haberles pedido. Sin embargo, "el 90% no acaban en los juzgados por cansancio e incertidumbre", explican los afectados a este medio. Puigdollers sostiene que hay sentencias desfavorables a la Administración, por lo que anima a los ciudadanos a exigir que se garanticen sus derechos.
Una persona firmando un documento
PX
Un "fichaje selectivo"
Es preocupante que, a pesar de que la Administración tiene acceso a información detallada sobre las familias, como sus ingresos, deudas y salud, no pueda verificar automáticamente si se ha renovado la discapacidad. Las familias se sienten "fichadas" por parte de la Administración, pero esta falta de comunicación entre los diferentes organismos dificulta el proceso y genera más trámites innecesarios.
En conclusión, las dificultades burocráticas a las que se enfrentan las familias con miembros con discapacidad son numerosas y generan un estrés adicional en su día a día. Es necesario que la Administración simplifique los trámites y cumpla con la ley, evitando solicitar documentación innecesaria y facilitando el acceso a las ayudas disponibles. Las familias merecen un trato justo y empático por parte de la Administración, que debería estar al servicio de los ciudadanos y no al revés.
