La escultura íbera decomisada por la Policía Nacional en un museo de Tarragona

La escultura íbera decomisada por la Policía Nacional en un museo de Tarragona MUSEU DE ARQUEOLOGÍA CAL VICARI

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El detenido por el expolio de obras de arte en Tarragona se defiende: “Fueron adquiridas antes del saqueo”

El presidente del museo sostiene que compró las piezas de forma legal en anticuarios y ferias

6 septiembre, 2023 23:30

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Àngel Segarra, el director del Museo d’Arqueologia Ibèria de Figuerola del Camp (Tarragona) y presidente del patronato de la Fundación Privada Catalana per a l’Argueologia Ibèrica, ha roto su silencio tras su detención como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico, receptación y sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.

En el marco de la operación Pendejo, se le acusa de exponer en el museo hasta 37 piezas arqueológicas de extraordinario valor histórico procedentes de expolios. Sin embargo, Segarra sostiene que tiene documentación que acredita que las compró en anticuarios, de forma legal, y que previamente pertenecían a colecciones privadas anteriores a los años 80, fecha en la que se data el saqueo del yacimiento de Aratis, en Zaragoza. Cabe destacar que la Policía Nacional asegura que el origen de parte de las piezas incautadas es esta ciudad celtíbera ubicada en Aranda de Moncayo.

El inicio: un toro

El director del patronato ha explicado a Crónica Global que la investigación se inició en junio de 2021 con la intervención de una primera escultura en el museo: un toro de origen íbero del siglo IV a. C. que la Policía Nacional sostiene que procede de un saqueo en una finca de la provincia de Córdoba ocurrido a finales de la década de los 90. “En ese momento me pidieron hacer fotografías de todas las piezas”, en una actuación que Segarra considera "prospectiva".

En relación con este procedimiento, en enero de 2023 la fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa después de que la defensa de Segarra demostrara que las labores de restauración “no técnica” que se efectuaron sobre la pieza, y que la “dañaron irremisiblemente”, se practicaron antes de llegar al museo que dirige el acusado. En el documento, al que ha tenido acceso este medio, se recoge que no ha quedado acreditado “quién (o quiénes) ni cuándo se efectuaron las labores de restauración”, por lo que los daños no pueden atribuirse a su último dueño.

El posible delito ha prescrito 

Los documentos aportados por el investigado, entre los que figuran la descripción de la escultura y fotografías del estado en el que llegó el toro a la fundación, en abril de 2006, prueban que los daños infligidos a la escultura se cometieron en una fecha anterior. En cualquier caso, recuerda la fiscalía, los hechos estarían ya prescritos por haber transcurrido más de 14 años desde el momento de la compra.

Por eso, el 16 de febrero de 2023 la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Valls emitió un auto de prescripción del delito. Sin embargo, en el marco de la investigación, los agentes de la Policía Nacional se incautaron, en una segunda fase de la operación, de otras 55 piezas del museo que dirige Segarra. De estas, sostienen que 37 son de procedencia ilícita y 18 son falsificaciones. Una afirmación que el investigado niega taxativamente. 

Compras en anticuarios y donaciones

Asegura que todas fueron adquiridas de forma legal en anticuarios en regla y abiertos al público --sometidos a controles periódicos para impedir que vendan obras procedentes de hurtos-- o de ventas privadas y donaciones de los propietarios, de las que guarda recibos.

Entre los últimos efectos aprehendidos por la policía destacan cinco cascos: dos romanos de tipo montefortino y otros tres de origen celtibérico. Estos últimos son, según la policía, piezas icónicas que fueron saqueadas del yacimiento celtibérico de Aratis. Sin embargo, Segarra matiza que se han descubierto cascos de la misma época en otras zonas de la Península, como en Alicante o en la desembocadura del Ebro, “como sostiene Raimon Graells en un libro centrado en esta temática”.

“No todos los cascos proceden de Aratis”

“No es verdad que procedan del expolio del yacimiento de Aratis”, asevera Segarra. “Entre las 37 piezas incautadas hay un umbo celta-alemán, que compré en la famosa feria de antigüedades de Maastricht”, subraya. De los otros tres cascos calcídicos, explica, “dos fueron adquiridos en anticuarios de Barcelona y provenían de colecciones privadas anteriores a la década de los 80, lo que descarta que procedan del saqueo del yacimiento zaragozano de Aratis”. 

Cascos recuperados en el Museo de la Fundación Privada Catalana para la Arqueología Ibérica

Cascos recuperados en el Museo de la Fundación Privada Catalana para la Arqueología Ibérica CNP

El tercero, añade, lo compró en una subasta pública en la German Histórica de Múnich. “Me lo traje para España, cosa que no hizo el Gobierno español si tanto valor histórico tiene”, denuncia: “Tengo documentación sobre el origen de todas las piezas”. Sobre las 18 restantes, catalogadas como falsificaciones por el Museo Arqueológico Nacional, Segarra sostiene que son originales, aunque tengan una tipología distinta a las piezas conocidas hasta el momento.

El museo, abierto

Las 37 piezas incautadas en esta segunda fase de la operación policial se encuentran ahora en Zaragoza, mientras que las 18 esculturas restantes, que la policía ha catalogado como falsificaciones, permanecen en el museo tarraconense. Por el momento, y a pesar de la prescripción del primer procedimiento, tampoco han recuperado el toro íbero.

Pese a este revés, Segarra anuncia que la fundación seguirá operando con normalidad y regularidad. “No tiene por qué cesar sus actividades, que son absolutamente legales y correctas”, defiende. También seguirá funcionando el museo, que avanza que abrirá al público el 10 de septiembre por la mañana.  

“Estaría prescrito” 

El presidente del museo ya ha solicitado a través de su abogado el archivo de este segundo procedimiento, sin que haya recibido todavía respuesta judicial. “No hay ningún delito, pero en caso de que hubiese alguna responsabilidad penal habría prescrito, porque todos los cascos fueron adquiridos entre 2006 y 2010”.