Fachada del Palau de Justícia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y de la Audiencia de Barcelona / EUROPA PRESS

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Vida

El dueño de una discoteca de Barcelona se enfrenta a 22 años de cárcel por prostituir a una menor

La fiscalía lo acusa de proporcionarle alcohol y drogas a cambio de mantener sexo con él y otros hombres

7 junio, 2023 16:34

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El dueño de una discoteca de la provincia de Barcelona se sentará el próximo lunes en el banquillo de los acusados de la sección 7 de la Audiencia de Barcelona por instar a una menor a prostituirse a cambio de proporcionarle alcohol y drogas. Por estos hechos se enfrenta 22 años y medio de prisión.

Según el escrito de la fiscalía, al que ha tenido acceso Crónica Global, “a sabiendas de la grave adicción al alcohol” que tenía la menor, en las ocasiones en las que la adolescente se fugaba del centro donde estaba acogida, el acusado la impulsaba a que se prostituyera “diciéndole que le proporcionaría dinero, alcohol, cocaína y marihuana”. 

Lo acusan de lucrarse

El ministerio público sostiene que la menor, de 14 años, fue obligada a prostituirse en tres ocasiones tanto en la discoteca que el procesado regentaba como en el domicilio de este. En otras seis ocasiones lo hizo en pisos y hoteles, en las que mantuvo relaciones con otros hombres que el acusado localizaba. A cambio, le deba dinero, drogas y alcohol, mientras él se lucraba de esta situación, quedándose con parte de los beneficios generados. Como consecuencia de estos hechos la menor ha sufrido intentos de suicidio, aislamiento y problemas para relacionarse. 

Durante el registro en la discoteca los agentes hallaron una pistola de aire comprimido, munición, bolsas monodosis con restos de cocaína y una cucharilla quemada por su lado convexo con restos de la misma sustancia. Según el ministerio fiscal son una prueba más de que el acusado suministró drogas a la víctima “para lograr los objetivos ilícitos”.

Piden más de 22 años

Por estos hechos lo acusan de los delitos de prostitución de una menor de edad especialmente vulnerable, un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal y un delito contra la salud pública por los que solicitan un total de 22 años y medio de prisión. Además, piden que indemnice a la víctima por los daños morales ocasionados con 18.000 euros.