Desokupa pasa de comunicar su “gran manifestación” contra Colau

Dani Esteve, administrador y cofundador de la polémica empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa, no ha comunicado al Departament de Interior la “gran manifestación contra Colau” de este jueves, concentración que lleva semanas publicitando a través de sus redes sociales. Tampoco los antisistema lo han hecho y también saldrán a la calle esta noche en el centro de la capital catalana, aunque en su caso es coherente teniendo en cuenta su ideología contraria a las normas establecidas. 

Desokupa “no la ha comunicado, como tampoco comunicaron la del pasado jueves en la Bonanova”, añaden las mismas voces de Interior, que señalan que la Ley Orgánica 4/2025, de 30 de marzo, de Protección Ciudadana, conocida vulgarmente como Ley Mordaza, recoge que cualquier manifestación no comunicada debe sancionarse. Aun así, “siempre se aplica como prevaleciente el derecho de manifestación si la concentración transcurre sin incidentes”, aclaran. 

Consecuencias administrativas o penales

Desde el Departament de Interior, no obstante, advierten de que se abrirán expedientes administrativos si en el transcurso de la manifestación se produce algún tipo de altercado. Si hay actos vandálicos u otro tipo de incidentes de mayor gravedad “podría haber consecuencias penales”; recaerían sobre el autor de los hechos, y no sobre el organizador.

Pero, en el supuesto de que no se haya comunicado de forma oficial a las autoridades, ¿cómo se determina quién es el organizador? El artículo 30 de la Ley Mordaza, sobre “sujetos responsables”, recoge que “se considerarán organizadores o promotores de reuniones en lugares de tránsito público las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la comunicación”.

Responsable, aun sin comunicación 

En caso de no comunicarlo, continúa el mismo artículo, se considerará igualmente organizador a quien “presida, dirija o ejerza actos semejantes” durante el transcurso de la protesta, como hizo Esteve el pasado jueves 11 de mayo en la Bonanova. También quienes por “sus publicaciones, por la difusión de manifestaciones orales o escritas o por los lemas, banderas u otros signos que ostenten” permitan determinar “que son los directores” de las protestas.

Sobre los organizadores, recuerda la ley, recae “el buen orden” de la manifestación, y son los responsables últimos de lo que suceda. Quizás por este motivo Esteve pidió con vehemencia a través de sus redes sociales que el comportamiento de los asistentes fuera “ejemplar”. En el mismo post, el administrador de Desokupa avanzaba que junto a él, por el centro de Barcelona, marcharía un equipo de seguridad que supera el centenar de personas. “Como veamos que un tonto levanta la mano --en clara alusión a los saludos fascistas de la Bonanova-- o haga un cántico fuera de lugar, que rompa un cristal o tire una moto… lo vamos a calentar y después se lo entregaremos a los Mossos”.

Elevadas multas

Esteve debería haber comunicado “por escrito a las autoridades gubernativas correspondientes” la celebración de la protesta con una antelación de 10 días naturales como mínimo y de 30 como máximo. El hecho de no hacerlo viene recogido en la Ley Mordaza como infracción leve, con multas que van de los 100 a los 600 euros.

Además, si las reuniones no comunicadas o prohibidas se celebran en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones o pongan en riesgo la vida o integridad de una persona, se podría imponer sanción por infracción muy grave, castigada con multas de entre 30.001 y 600.000 euros.