La campaña de las elecciones municipales comenzó y acabará con el foco en la okupación. Las manifestaciones convocadas para hoy y para el jueves por parte de antisistema y de la empresa Desokupa, respectivamente, vuelven a centrar la atención mediática.
Los alcaldables de Barcelona Eva Parera (Valents), Anna Grau (Cs), Jaume Collboni (PSC), Ernest Maragall (ERC), Ada Colau (BComú), Xavier Trias (Junts), y Daniel Sirera (PP), en el debate electoral de Betevé
De ahí que los partidos políticos se hayan visto obligados a lanzar mensajes al respecto, sobre todo los de la derecha, mientras que en la izquierda se han mostrado más tibios sobre la tensión vivida en el barrio de la Bonanova. Incluso han pasado de puntillas por un problema que tanto Barcelona en Comú como ERC incluyen de forma muy sucinta en sus programas.
Fuera del padrón
Y es que las formaciones políticas que concurren a las elecciones municipales del 28M ofrecen soluciones en algunos casos muy radicales. Es el caso del PP, en cuya campaña en Barcelona –donde Daniel Sirera es el alcaldable– se ha volcado el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien en un reciente acto en Tarragona prometió el desalojo urgente en 24 horas, aumentar las penas, evitar que se considere domicilio la vivienda okupada y devolver a los propietarios las cantidades de IBI e impuesto de patrimonio mientras su vivienda permanezca okupada y considerar nula la inscripción de los okupas en el padrón.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo
Una medida, esta última, de las más extremas que los políticos ofrecen y que se asemeja a la de Vox. Ambas formaciones se muestran muy críticas con la legislación aprobada por el Gobierno español. Partidaria también de endurecer las penas, la extrema derecha vincula las usurpaciones de viviendas con la inmigración y la delincuencia. El programa de la formación, que presenta a Gonzalo de Oro-Pulido como cabeza de lista, insta a “impedir que los okupas e inmigrantes ilegales puedan inscribirse en el padrón municipal, con los derechos que ello concede”.
"A costa de la miseria"
Vox cree necesario “perseguir a las mafias de la okupación para proteger a los vecinos”. Una medida que otro partido al otro lado del espectro ideológico, ERC, también propone. Los republicanos centran sus críticas en las mafias que hay detrás de los allanamientos y que “hacen negocio a costa de la miseria”, según denuncia el candidato Ernest Maragall.
Por su parte, Barcelona en Comú ignora prácticamente el fenómeno okupa –la oposición ha recordado el pasado activista de la alcaldesa Ada Colau y le reprocha su connivencia con los antisistema– y centra su ideario en el acoso inmobiliario y en la especulación. Una postura muy parecida a la de la CUP y su alcaldable, Basha Changue.
Cuerpo antidisturbios de élite
Todo lo contrario que Valents, liderado por Eva Parera, que sí dedica parte de su programa a la lucha contra los okupas. “Barcelona necesita un cuerpo de antidisturbios de élite, que luche contra las okupaciones, el narcotráfico y el tráfico de personas y que actúe en otras situaciones extraordinarias. Trabajará en coordinación con otros cuerpos policiales”, afirma el partido, que promete facilitar desalojos exprés en 48 horas. Y, al igual que el PP, propone subvencionar el IBI a todos los propietarios que hayan denunciado una okupación de su propiedad, viviendas o locales, durante todo el proceso judicial de expulsión.
Para Ciudadanos también “es irrenunciable la creación de una unidad especial antiokupación de la Guardia Urbana para frenar okupaciones antes de que se produzcan y para facilitar el desalojo en 24 horas”.
Dani Esteve, administrador de la empresa Desokupa
El partido que propone a Anna Grau como alcaldable por Barcelona promueve la creación de una Oficina del Vecino que concentre en una sola ventanilla el acceso a todos los recursos legales para defenderse del avasallamiento okupa. “Esta ciudad no puede ser la meca de las okupaciones mafiosas y delincuenciales mientras los verdaderos sin hogar se mueren de frío en las calles”, afirman.
Centro de Emergencias
El PSC ha intentado calmar los ánimos tras la tensión vivida en la Bonanova, admitiendo no obstante que la okupación es un problema. Jaume Collboni, alcaldable por Barcelona, propone cambios legislativos para que los lanzamientos puedan llevarse a cabo en un máximo de 72 horas y se suma a otros partidos favorables a impulsar una unidad especial de la Guardia Urbana.
El socialista propone crear un Centro de Emergencias Metropolitano con tres funciones: acompañar a los propietarios en situación de okupación delictiva, lo que incluye la presentación del ayuntamiento como acusación cuando el propietario del inmueble no denuncia en el plazo de tres días; establecer una coordinación entre los servicios de convivencia y protección social, con los Mossos d'Esquadra y la judicatura, y evitar que se consolide la okupación a través de una serie de actuaciones.
Desarrollar el Código Civil
Junts per Catalunya también se ha mostrado proactiva en la lucha contra la okupación. El partido de Xavier Trias quiere desarrollar los nuevos mecanismos previstos en la Ley 1/2023, de 15 de febrero, de modificación de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, y del libro quinto del Código Civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, en relación con la adopción de medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de okupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. De hecho, los neoconvergentes impulsaron estos mecanismos legales antes de abandonar el Govern en octubre de 2022.
También son partidarios de ampliar la plantilla de la Guardia Urbana para combatir las okupaciones conflictivas y delincuenciales.