La otra crisis de Junts: el plan de Argimon ataca a la vieja CiU

Alertan de ello fuentes del sector críticas con el nombramiento de Vegué. Recuerdan que el plan del asesor del consejero dinamita las cuentas de la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu en Cataluña, "pese a que este grupo es una institución afín a Convergència". Recuerdan que, por ejemplo, la actual presidenta de la Comisión de Salud del propio Parlament, Assumpció Titón Laïla, de Junts, es alto cargo de enfermería en la Orden, "algo que la diputada recuerda a menudo en sesiones y reuniones de trabajo". 

Recorte de ingresos

Ahora, la Orden --que rige 20 centros en Cataluña, incluido el prestigioso Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat-- se enfrenta a un desafío mayúsculo en forma de recorte económico. Como informó este medio, el plan en salud mental que Argimon y Vegué presentaron la semana pasada restaría de un plumazo unos ingresos de 12 millones de euros anuales al conglomerado. 

Los exconsejeros de Salud de Cataluña, con Xavier Pomés (2i) y Eduard Rius (3d) / Govern

Es la cifra que se desprende de los conciertos que tiene la Orden con el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) para hospitalización psiquiátrica de media y larga estancia. Argimon y Vegué la quieren reducir a cero, lo que supondría un golpe para las finanzas de la orden religiosa. De este modo, conseller y máximo asesor socavan el trabajo de un grupo que está trufado de cargos afines a la antigua CiU. 

Dos 'exconsellers' de Salud

Empezando, por ejemplo, por dos predecesores en la consejería de Salud: Eduard Rius (1996-2002) y Xavier Pomés (2002-2003). El primero fue médico en la cabecera de la Orden en Cataluña, el Hospital maternoinfantil de Esplugues, y, según fuentes del sector, "una figura referente" dentro de la institución. Por su parte, Pomés dirigió la expansión del conglomerado en Suramérica, donde fue delegado de la curia. 

Si la hoja de ruta de Argimon y Vegué prospera, lo más impactado será la actividad de salud mental del grupo. El hospital de Esplugues apenas perderá concierto, aunque las finanzas de la orden en Cataluña sufrirán por el descalabro del internamiento psiquiátrico, que Salud quiere reducir de 2.300 pacientes estables a "cero". 

Visto como una "deslealtad"

Las voces consultadas recuerdan que los dos impulsores de la gran reforma en salud mental en Cataluña, Argimon y Vegué, son también afines, por bien que el conseller es oficialmente independiente por su condición de médico. Eso sí, el partido le sondeó como alcaldable por Barcelona cuando cesó Elsa Artadi por motivos personales. Él no se descartó hasta que cobró forma la papeleta del exalcalde Xavier Trias, que sopesa sus opciones y contestará tras el verano. 

En relación al segundo, Joan Vegué, el también exconsejero de CPB SSM, donde era director médico, apoyó la candidatura del expresident Artur Mas antes de las elecciones de 2012. La propia CPB, explica el entorno de la empresa, "está alineado con Junts y más concretamente con Waterloo", en referencia al municipio belga donde reside el expresident catalán huido de la justicia, Carles Puigdemont. 

Polémica

La lectura política del caso Vegué es un elemento más en un nombramiento y la presentación de un plan estratégico que no genera un consenso total en el sector sanitario. Directivos de la industria afean al doctor Vegué su pecado iniciático: ser juez en la reforma y parte en los beneficiados de la misma, al ser cargo de CPB SSM y TLP Barcelona, que se beneficiarían de forma directa del fin de la hospitalización psiquiátrica al operar centros de estancia de día.

Ello por un lado, sin perjuicio de que el máximo asesor del conseller Argimon en el campo de salud mental, una prioridad de la consejería, concomite con el sector privado, algo que no gusta a todo el mundo, como los prosanidad pública. Asimismo, no se ha aclarado la remuneración y emolumentos de Vegué y el uso que hace la empresa donde trabaja del concierto con el CatSalut, pues como avanzó este medio, parte de los alquileres se pagan a una inmobiliaria de Rosa Verdaguer, directora general. Este hecho ha provocado que la CUP estudie llevar el caso a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).