Los peligrosos okupas que se hacen fuertes en Sant Pere de Ribes

“Imagínate estar a las 12 de la noche con tu niña y ver entrar a unos hombres encapuchados, que empiezan a dar golpes con una pata de cabra en tu edificio”, relata uno de los vecinos de una urbanización de Sant Pere de Ribes, hasta hace pocos meses idílica, que prefiere permanecer en el anonimato por temor a posibles represalias. “Salgo de casa cada 15 días para hacer la compra. Esto me está generando mucho estrés”, confiesa otro.

Los pocos vecinos legítimos que quedan en el complejo costero Casas del Mar, emplazado en un lugar privilegiado de las costas del Garraf, a medio camino entre Sitges y Vilanova i la Geltrú, están desesperados. En los últimos meses han visto con resignación como tres clanes conflictivos han asaltado una docena de pisos y se han instalado a la fuerza. 

La irrupción de tres clanes

Aunque en el complejo ya había dos viviendas ocupadas por familias en situación de vulnerabilidad procedentes del Magreb, una de las vecinas asegura que, hasta la irrupción de tres clanes enfrentados en octubre, “la zona era maravillosa”. Desde ese momento, el pequeño enclave a las afueras de Sant Pere se ha convertido en una urbanización sin ley. 

“En mi bloque quedamos solo dos inquilinos, los otros tres pisos están okupados. Nos encontramos con los okupas en el portal y en el garaje. Te preguntan quién eres y a dónde vas. Utilizan las plazas de párking que no son suyas, abren los trasteros, sueltan a los perros –de raza peligrosa– que dejan sus heces por todas partes, han montado chiringuitos en las terrazas, hacen ruido de noche y han estropeado ascensores y puertas”, relata otro vecino.

Autores de un tiroteo

Además de los destrozos en las zonas comunes, los vecinos aseguran que su lugar de residencia se ha convertido en un punto de venta de sustancias estupefacientes. “Se dedican al trapicheo y hay trasiego de coches y gente a deshora”, explica una vecina. “No queremos que se convierta en un punto de droga”, apostilla otra. El perfil de los okupas que han turbado la tranquilidad de la zona residencial, dicen, no es el de personas desfavorecidas. 

“Son varios clanes conocidos en Vilanova por su conflictividad. En la urbanización se han golpeado y se han dedicado malas palabras, pero en el centro de Sant Pere se liaron a tiros”, aseguran. “Los he visto armados y con vestimenta antibalas”, asegura una vecina. “Los coches y la ropa que llevan son mejores que los nuestros, piden continuamente comida a domicilio, las bolsas de supermercado no faltan y celebran numerosas fiestas”, continúa. La propia alcaldesa, Abigail Garrido, cuando acudió al lugar asumió ante los afectados que esas familias contaban con ayudas y viviendas sociales.

Solvia “expulsó” a los vecinos legítimos

El problema de okupación que padecen los vecinos se remonta años atrás. Uno de los más antiguos asegura que después de las primeras okupaciones, a pequeña escala “hace más de dos años”, alertó al propietario, la inmobiliaria Solvia. Después de la salida de varios vecinos por una subida del alquiler les dijo “que si continuaban poniendo precios desorbitados no los alquilarían y terminarían okupados”. 

Sin embargo, Solvia hizo oídos sordos y siguió inflando los precios hasta en un 30% en los últimos tres años, lo que supone más de 200 euros por vivienda. En paralelo, abandonó el cuidado de las instalaciones y dejó de preocuparse por su mantenimiento. “Comenzamos pagando 600 euros y cuando tuvimos que renovar nos subieron a 800 euros o más. Pero además nos quitaron la seguridad privada. No hay papeleras, no hay servicios de limpieza, no pasan los barrenderos y tenemos problemas de humedades”. 

La inmobiliaria continúa lucrándose

La semana pasada, en mitad del chaparrón, Solvia también despidió al conserje, la persona encargada de limpiar los portales y el párking y de vigilar que las cosas funcionaran correctamente. Con este panorama, los vecinos han solicitado a la gigante inmobiliaria una rebaja del alquiler que se ajuste a la situación actual, pero la empresa no solo se ha negado sino que este mismo año ha vuelto a subir los precios. A esto se suma el coste, que han tenido que asumir los vecinos, de la instalación de alarmas. 

Lo único que ha hecho la inmobiliaria, en su propio beneficio según los vecinos, ha sido poner seguridad privada para controlar los pisos vacíos que todavía no han sido okupados. “Los vigilantes tienen la autonomía y la potestad legal de intervenir en nombre de Solvia, tienen un documento legal que los acredita como representantes de la inmobiliaria. Sin embargo, durante las últimas ocupaciones la policía dijo que no podía intervenir porque no había representación legal del propietario”. 

Las limitaciones legales de los Mossos

Los vecinos se quejan de la inacción de los Mossos d’Esquadra, que no han desalojado ninguna de las viviendas ocupadas pese a que, dicen, acababan de producirse. Fuentes del cuerpo se defienden y aclaran que ellos “no están para evitar las okupaciones, sino que tiene que ser el propietario del bien quien lo haga”. Las mismas fuentes señalan que, lejos de la imagen hollywoodiense de la policía tumbando puertas de una patada, los Mossos solo pueden actuar en las okupaciones “en caliente”, aquellas en las que “no han pasado 48 horas”. Cuando se cumple el plazo, si la persona ya ha pernoctado allí y ha introducido elementos de vida como un colchón o una nevera, “por ley ya no se puede acceder si no es con autorización judicial”. 

La única forma, aclaran, es que se estuviera produciendo un ilícito. Y no cualquiera. Para vulnerar un derecho fundamental como es la inviolabilidad de un domicilio, se tiene que haber cometido un delito grave. “Aunque tengamos constancia de que han pinchado la luz, es una defraudación del fluido eléctrico. Si pinchar la luz supone que detrás hay una plantación de marihuana, entonces sí que podemos actuar porque es un delito flagrante, pero si la luz está pinchada para un consumo de una vivienda no es una gran estafa, no suele superar los 400 euros, por lo que no se considera delito sino falta y por lo tanto no se puede acceder a una vivienda. Si no, lo que puede pasar es que el policía sea quien acabe imputado”, rematan. 

El dilema de los menores

Sobre la denuncia de los vecinos, que sostienen que los clanes utilizan a niños para disuadir a la policía y aseguran que los trasladan entre viviendas para evitar los desalojos, los Mossos explican que la presencia de menores per se no paraliza un desahucio de forma automática. “Cuando hay menores existe una situación que se conoce como ‘situación de vulnerabilidad’ en la cual nos ponemos en contacto con los servicios sociales del ayuntamiento”, explica la policía autonómica. 

Los servicios sociales tienen que desplazar un equipo de trabajo hasta el lugar de la okupación y ofrecer a la familia una alternativa habitacional. A partir de ese momento se suspende el desalojo, se informa al juzgado y es el juez quien decide, con el informe de servicios sociales, si continúa la expulsión. “Los menores tienen que ser suyos, los adultos tienen que demostrar que tienen su tutela, no pueden utilizarlos”, aseguran los Mossos. “Normalmente, si no hay un plan alternativo, el juzgado lo paraliza. Pero si hay otra solución, como un hostal o una vivienda social, se prosigue con el lanzamiento”, aseguran las fuentes policiales.

El ayuntamiento, en el ojo del huracán

Con respecto al ayuntamiento, los vecinos tienen opiniones diversas. Aunque confirman que la alcaldesa se desplazó hasta la urbanización para interesarse por la situación y presionó a Solvia para que ofreciera los pisos que aún están vacíos en alquiler social para evitar nuevas okupaciones, las negociaciones están en punto muerto. 

Algunos de los afectados aseguran que el consistorio no ha hecho lo suficiente para echar a los okupas por tratarse de pisos propiedad de una inmobiliaria, un gran tenedor que especula con el precio de la vivienda. Inciden también en que, mientras esas familias permanezcan ahí, los servicios sociales del consistorio no tienen que buscarles una nueva casa. Pero otros apuntan a Solvia como único culpable. Alegan que la empresa no acepta la propuesta de ofrecer un alquiler social porque aspira a arrendar a precios más altos los pisos para lucrarse. Unos por otros, la casa sin barrer. Sea como fuere los vecinos, que han empezado a desempolvar las maletas, son los más afectados.