Presión política e indemnizaciones: sigue la lucha de las familias contra el cierre de una escuela

Continúa la lucha de las familias afectadas por el cierre repentino de la escuela concertada Mary Ward de Barcelona. Los padres visitan este martes el Parlament para pedir la implicación de los partidos con la que lleva siendo su preocupación desde hace varias semanas: sus hijos no tienen colegio para el curso 2022-23. La reunión arrancará a las 08:30 horas con el PSC y después departirán con Junts, Vox, Ciudadanos y PP. 

La Fundación Narcís Jubany anunció que cerraba sus puertas de un día para otro y una vez finalizado el plazo de inscripción para otros centros educativos. Los padres lamentan que se haya vulnerado su derecho a elegir en primera opción y en base a criterios de equidad e igualdad respecto al resto de estudiantes. Por ello, y más allá de la presión política, estudian pedir indemnizaciones a la titularidad del colegio por daños y perjuicios.

Depurar responsabilidades

Un grupo de padres abogados se ha unido para estudiar acciones legales contra las Administraciones correspondientes --Consejería de Educación y Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)-- y contra la Fundación Narcís Jubany al considerar que se ha bajado la persiana de forma “precipitada y desordenada”. Por eso, en declaraciones a Crónica Global, han anunciado que impugnarán la decisión.

“La Administración tiene la labor de supervisar y adoptar medidas correctivas porque el cierre se ha llevado a cabo sin respetar los derechos de las familias y los alumnos”, explica Eric Jordi, uno de los afectados. 

Consorcio de Educación de Barcelona / EUROPA PRESS

Asimismo, exigen a la titularidad depurar responsabilidades por tomar una decisión “unilateral”, a espaldas de las familias y en contra de los propios principios de la fundación, que establecen que realizará cuantas actuaciones sean necesarias “en el impulso, subsistencia y continuidad” en las escuelas de su titularidad. Algo que no han garantizado por "falta de voluntad", pese a que los padres plantearon esperar un año para cambiar de centro de forma más ordenada.

Daños materiales y morales

Por último, las familias se reservan el derecho a "reclamar daños y perjuicios en caso de demostrar que el cierre es ilegal". Son varios los costes que deberán soportar. Por un lado, en cuanto a daños materiales, se verán obligadas a producir cambios logísticos y económicos. Por otro, en cuanto a daños morales, "se ha infringido el derecho a la libre elección de centro", además de las afectaciones que tiene ello en los niños.

Es el caso de Catarina Font, presidenta del Ampa, pero también madre de cuatro niños. Se siente “desmotivada y preocupada” por no poder responder a las demandas de sus hijos. Especialmente las de uno de ellos, con trastorno del espectro autista (TEA), quien asegura que ha tardado cuatro años en que se acostumbre al colegio. “Estabilidad es, hoy por hoy, lo único que no le puedo ofrecer”.

Colegio Mary Ward de Barcelona

Cientos de euros más al mes 

Font también avisa de que el cierre de Mary Ward implica cambios logísticos y económicos en su familia. “Según donde esté el nuevo centro, no podré traer a los niños a comer a casa, por lo que tendré que gastar entre 170 y 200 euros más al mes en el comedor”. Esta cantidad, multiplicada por cuatro, supone entre 680 y 800 euros mensuales que no se pueden permitir. “Es un precio que estamos pagando muy alto”, añade.

Aun así, se ha puesto el cronómetro en marcha para que los padres elijan un nuevo centro donde acudirán sus hijos el próximo curso. Pero prevén apurar el plazo al máximo y "llegar hasta el final para que ningún niño más se quede en la calle de manera impune".