Las patronales de ocio nocturno Spain Nightlife y Fecasarm ejercerán la acusación popular en la causa contra los organizadores de la rave de Fin de Año en Llinars del Vallès, que se prolongó casi 40 horas con la participación de más de 400 personas a pesar de las prohibiciones del Govern en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

El juzgado de instrucción número 1 de Granollers ha aceptado su petición de ejercer la acusación contra la fiesta ilegal, según han informado en un comunicado. Aquella rave se saldó con la detención de los dos organizadores y cinco personas investigadas, a quienes el juez dejó en libertad en un auto que también estudiarán recurrir.

El seguimiento a los asistentes

Una vez han recibido el aval judicial, las patronales estudiarán las actuaciones y, si así lo estiman, solicitarán que se requiera al Departamento de Salud toda la información relativa a los asistentes que fueron identificados y al seguimiento de contagios de coronavirus que se hayan podido producir a raíz de la fiesta para depurar responsabilidades. "Es evidente que el ocio nocturno profesional no puede permitir que hechos como estos queden sin el castigo más elevado que prevé la normativa, aunque consideramos que el mismo es muy reducido si tenemos en cuenta la gravedad de los hechos", han señalado las organizaciones.

Según el secretario general de Fecasarm y Spain Nightlife, Joaquim Boadas, no creen que la causa lleve a "una condena a la altura de la gravedad de los hechos" ya que, a su juicio, "difícilmente" se imputará a los presuntos autores un delito contra la salud pública. En su opinión, los presuntos autores, si son declarados culpables serán condenados, como mucho, a un año de prisión por un presunto delito de desobediencia grave y ello al margen de la multa correspondiente de hasta 600.000 euros por la infracción administrativa para organizar la actividad ilegal, que muy difícilmente pagarán, aseguran en el comunicado.

Explicaciones del Govern

Las patronales también han tachado de "inaceptable y carencia de respeto hacia los locales legales" que la Generalitat "negociara" con los organizadores de la rave y no con el sector, que dice haberse enterado del cierre a través del diario oficial en julio. Por ello, pedirán también al juez que requiera a la Generalitat para que justifique por qué tardó 36 horas en desalojar la macrofiesta al considerar "no aceptable el argumento de que se estaba esperando un protocolo del Departamento de Salud".

Por último, la patronal recuerda que recientemente han solicitado al Gobierno la reforma del Código Penal con el fin de que las conductas de transmisión de enfermedades y pandemias pasen a ser delito contra la salud pública