Tres agentes denuncian acoso laboral en la Urbana de Barcelona

Más de una década como agentes de la Guardia Urbana de Barcelona. Tres policías que denuncian acoso laboral entre las filas del cuerpo; dos de ellos, por parte del mismo subinspector y que, pese a haber seguido el cauce establecido, e informar de lo ocurrido a asuntos internos —la UDAI en el caso del cuerpo citado— se encuentran en un laberinto de indefensión administrativa que planean trasladar a la vía judicial. El tercer afectado, de menor edad, todavía no entiende como tras sufrir un accidente en acto de servicio y tras una baja por su lesión cervical le retiraron el arma y acabó relegado a un puesto administrativo sin mayor explicación.

En la actualidad él, y otro de sus compañeros, aún se encuentran de baja por depresión. En su caso, medicado y con visitas periódicas a un especialista. El efectivo restante sí se ha reincorporado al servicio aunque tras un largo calvario, relata. Tras 15 años en el cuerpo, y por una labor que incluso le valió la medalla de bronce al mérito, todo cambia cuando tras una baja de tres meses por estrés, a su vuelta traslada que no tiene tiene intención de reincorporarse a tareas de policía de paisano. “Llega un momento en el que me doy cuenta de que estoy asumiendo una carga de trabajo y unas responsabilidades que no son propias de un agente. Me derivan consultas fuera de mi horario laboral sobre locales de pública concurrencia que son objeto de seguimiento, por ejemplo”, relata a Crónica Global.

Nuevo subinspector

Todo comenzó con el cambio del jefe de su unidad. Con la llega del nuevo subinspector, este agente decide dejar de prestar servicio de paisano, y el mando, asegura el afectado, “se lo toma como algo personal. Con un cabo de testigo —del que aporta su identificación, TIP, en su queja a la UDAI—me dijo: ‘si yo te digo que vas de paisano; por mis cojones vas’, a gritos”, recuerda. No quedó ahí. Tuvo que soportar, narra, otras salidas de tono de otro mando como: ‘tú a mí no vas a echarme ningún pulso, porque quien lo hace abandona la unidad’. Llegó a más, y es que solo unos días después de reincorporarse de su baja por estrés, su superior le espetó que temía que le sucediese “lo mismo” que a agente que se suicidó ante un sargento de Ciutat Vella.

Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona / GUARDIA URBANA

Poco después, durante uno de sus días libres, el citado subinspector se puso en contacto con él para trasladarle que debía prestar declaración ante asuntos internos. El agente afectado todavía no había denunciado el acoso laboral, sino que le habían denunciado a él por la supuesta venta de un pantalón y unas botas de la Urbana a través de la plataforma Wallapop. Unas prendas que, efectivamente, admite al aludido, compartió en el portal, aunque no tenían ninguna enseña policial. Tras las acusaciones de robo de otros objetos de su comisaría —champús entre ellos— se plantó, y decidió presentar la queja formal ante la UDAI, según fijan las directrices del cuerpo.

Asuntos internos remite al protocolo municipal

Diez días después, en enero de 2019, y tras el acoso y derribo sufrido, lamenta, le conceden una nueva baja laboral por ansiedad. Todo ello relegado a un puesto “01”; tras el mostrador de comisaría, “como un perro”, señala. Permanece alejado del cuerpo hasta noviembre. Un tiempo durante el que solo mantiene contacto con su compañero de patrulla durante años, y algunos otros agentes. “Muchas noches he llorado en mi casa, y aguantas porque tienes una familia, pero es muy difícil”, explica, visiblemente afectado.

Meses antes, en abril, es cuando declara ante la UDAI, y le transmiten que se trata de un tema “personal” entre él y su mando. Él insiste en que es una cuestión laboral y aporta testigos, pero le remiten a activar el protocolo municipal contra la discriminación en el trabajo. Entonces, el agente afectado contacta —y aporta documentos de ello—con Marc Balsebre, gestor de proyectos del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. La conclusión es que se trata de un caso de ámbito profesional y que la Guardia Urbana cuenta con “órganos competentes” para dilucidar qué responsabilidades se derivan de dicha denuncia. Es decir, asuntos internos deriva la queja a riesgos laborales, y de ahí vuelve, a su vez, la UDAI.

Dos agentes de la Guardia Urbana de Barcelona / GUARDIA URBANA

Persecución laboral

El problema, atestigua otro de los agentes afectados, es que dicha unidad hace que la queja del policía acabe dependiendo, de nuevo, de la voluntad del mando señalado, a quien este también denuncia por acoso laboral. En su caso, de los tres, es el que más años de servicio ha prestado en la Urbana. Su conflicto se desencadena por denunciar el proceder del citado jefe de unidad —que se autodenomina el papi— quien, indica el afectado, realiza cambios arbitrarios en la comisaría en la que ambos prestan servicio. En concreto, apunta que traslada los efectivos a otras dependencias, bajo el pretexto de mayor disponibilidad de “material operativo” —vehículos—. Materializó las quejas sobre el subinspector en varios escritos, dado que es representante sindical, lo que, indica el agente en cuestión, supone gran parte de la discriminación que sufre. Su periplo administrativo con la UDAI tampoco se saldó con la resolución del problema. “Muchos compañeros se han cambiado de unidad antes de que salgan las plazas de traslado para no aguantarlo”, relata.

En su caso, asegura, la persecución laboral se saldó con la apertura de dos expedientes por motivos arbitrarios. Uno de ellos; un retraso de 5 minutos en una clase de gimnasia. “Ponen la lupa sobre ti y aprovechan cualquier excusa para intentar que el expediente acabe en sanción”, lamenta este policía, en la actualidad, de baja por depresión. También a él le retiraron el arma sin justificar el motivo, cuando el reglamento de policías locales por el que se rigen establece que sí debe argumentarse. Dicha retirada no se limita a quitar la pistola al efectivo, sino que conlleva dejar de "pisar la calle" y limitar su actividad a tareas administrativas, así como una reducción salarial asociada, en su caso.

Un coche patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona / GUARDIA URBANA

Retirada del arma

Lo mismo le sucedió al tercer afectado. Este agente, también con más de diez años de experiencia a sus espaldas en la Urbana de Barcelona, sufrió un accidente con un vehículo policial en enero de 2019, que derivó en una baja de tres meses por cervicalgia. Su compañero, aún en prácticas, no la solicitó, por miedo al estigma. Una vez se reincorporó; el ambiente, tanto con compañeros como con mandos, siguió siendo “excelente”. En octubre, tras otro siniestro de tráfico —igual que el anterior, sin heridos, solo con daños materiales— durante su servicio, estuvo otras tres semanas de baja porque aún arrastraba molestias de la lesión anterior. “Para mi sorpresa, cuando volví, encontré en mi taquilla una nota que decía que se me había retirado el arma por prescripción médica, cuando a mí no me había visitado ningún facultativo”, señala.

Quería una explicación, y acudió a hablar con su mando. Durante ese periodo le destinaron al “09” de su comisaría, es decir; “atento a estacionamientos, de cara al público; marginado”. “Tú eres el primer filtro, y cualquiera que venga con malas intenciones, te encuentra desarmado, pese a que por protocolo no puedes estar en ese puesto sin el arma”, denuncia. Su superior le argumentó que no sabía si sufría “un problema psíquico o tenía mala suerte”. El policía se quedó estupefacto.

Efectivos de la Urbana patrullan por Barcelona / GUARDIA URBANA

“No apto"

Esperó así a la realización del test psicotécnico correspondiente, durante seis meses, para poder volver a tener acceso a su arma en el mismo puesto “de cara al público”. Cuando pasó la prueba, esta no se limitó, asegura el policía, a lo "habitual" —que ya había cursado con anterioridad— sino a “preguntas de todo tipo” y llegó un momento en que, “tras cuatro horas”, señala, hasta se le nubló la vista. “No sé a qué vino todo aquello, para una entrevista y unas preguntas que suelen durar media hora”. A pesar de ello, al terminar le trasladaron que “todo estaba perfecto”.

Perfecto, pero la resolución resultó ser “no apto”. Sin justificación, así se lo comunicó su superior. Junto a él, también se lo trasladó a otro compañero. Preguntó qué podía hacer para obtener una explicación, pero, tras acudir de un departamento a otro, no consiguió saber los motivos. Eso sí, su colega, en ese tiempo, obtuvo el “apto”.

Tratamiento psiquiátrico

A partir de ahí comenzaron los problemas en casa. El agente ocultó, tanto a su madre como a su pareja, sus problemas laborales. “Por vergüenza. Estoy en un puesto de trabajo donde me denigran, donde no me dejan salir a patrullar, tampoco hacer horas extras y eso tuvo repercusiones a nivel personal y salarial”, explica. “No entendía nada. Pasaron los meses hasta que mi cuerpo dijo basta y comencé a somatizar: vomitos, dolor de cabeza, no podía dormir pensando en qué podía estar pasando, sin tener ninguna explicación. Así pasaron meses”, recuerda. Un tiempo en el que superiores y compañeros le “giraban la cara” cuando lo veían tras la vitrina. “Al verme allí pensaban ‘por algo será’, y crearon un entorno de trabajo denigrante”.

Un agente de la Urbana de Barcelona / GUARDIA URBANA

En marzo de 2020, una doctora le dio la baja por un cuadro de depresión y ansiedad. “A mi pareja se lo tuve que decir, pero me daba vergüenza, porque no había hecho nada para llegar a esa situación”, detalla. Es entonces cuando acudió a la Seguridad Social, y una psiquiatra le recetó medicación. “Estoy en tratamiento y me hacen seguimiento”, explica. Ha sido este martes, 20 de octubre, cuando le ha visitado, “casualmente”, apunta, el especialista de inspección médica del ayuntamiento.

Vía judicial

También se remitió a la UDAI para preguntar por la retirada del arma. “La respuesta fue abrir un expediente informativo —que puede derivar en sanción, por falta leve— para que diese la versión de unos hechos de cinco meses atrás”, dice en referencia al accidente de tráfico durante su servicio. Una explicación que nadie pidió cuando sucedió, y que reclamaron cuando el urbano, ya de baja, solicitó una justificación para su degradación profesional —la retirada del arma—, tal y como recoge el protocolo de policías locales. Se trata, apunta, de “guardarse las espaldas jurídicamente”, para sustentar dicha decisión.

Dicho expediente sigue sin resolución y el policía sigue de baja. También el agente que ejerce representación sindical. El único que se ha reincorporado al servicio —en vía pública— tras el calvario de acoso laboral que denuncian los tres, es el funcionario que se negó a seguir patrullando de paisano, y que atesora méritos reconocidos por su labor en el cuerpo. Todos ellos estudian emprender acciones legales contra la discriminación sufrida en la Guardia Urbana de Barcelona. No han abandonado sus puestos, subrayan, porque tienen vocación de servicio público, y no darán la batalla por perdida.

Dos agentes de la Urbana patrullan Barcelona en moto / GUARDIA URBANA

Nuevo protocolo

Y es que, ante las denuncias de otros afectados, CSIF demandó la pasada semana la creación de un nuevo protocolo contra el acoso laboral en las filas de la Urbana de Barcelona. El portavoz del sindicato, Eugenio Zambrano, señala que la dirección de Recursos Humanos del consistorio ha tenido una respuesta “sensible y positiva” ante la problemática expuesta, y que ha mostrado su predisposición para erradicar esta lacra. Eso sí, la organización de agentes lamenta que no así la actual jefatura del cuerpo, de la que critican su gestión al respecto, y apuntan que está llevando a la “deshumanización” de la policía.

Lamenta así Zambrano que muchos agentes ocultan que están siendo víctimas de persecución laboral por parte de un superior para ahorrarse expedientes disciplinarios, aplicados de forma arbitraria para aplacar sus quejas, y tener que acabar en el contencioso-administrativo, con el coste laboral —“aislamiento por parte de los compañeros”— y personal que ello conlleva.

"Disposición" del consistorio

Por su parte, desde el consistorio indican que el protocolo actual —por la dignidad y la no discriminación en el trabajo—, aprobó su última versión, con representación sindical, en 2013. Un mecanismo con “aplicación al personal de la Urbana”, que señala que los responsables de su puesta en marcha se ponen a disposición del afectado para “escuchar su queja”. En el caso de los agentes, cuenta con “especificidades”. Estas son, por la ley de policías locales —16/1991 del 10 de julio—, la evaluación del caso por parte de un “grupo asesor” que integran representantes de prevención de seguridad y salud, así como delegados de prevención del cuerpo.

Señalan desde el consistorio que “no tienen constancia de ninguna queja en el comité de seguridad y salud laboral” al respecto y tampoco “de ninguna petición de atención que no haya sido atendida”. Subrayan, eso sí, su “disposición” a abordar “aspectos que sean susceptibles de mejora para proceder a su revisión” en el citado comité.