Los 'indepes' asedian ahora un CAP por atender en castellano

Otro capítulo de guerra lingüística a pequeña escala en Cataluña. El independentismo está atacando a un Centro de Atención Primaria (CAP) por el idioma en el que atienden sus sanitarios: el castellano. Nacionalistas catalanes han apremiado a la Consejería de Salud a intervenir en un presunto incidente idiomático en el ambulatorio de Esparreguera (Barcelona). Lo que es más: un organismo oficial de la Generalitat, la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, ha invitado a denunciar al centro.

La nueva cruzada del secesionismo por la lengua la ha iniciado el usuario de Twitter @capricorniacat. En tres mensajes en su perfil oficial, el internauta ha afeado a los sanitarios del ambulatorio que "le obligaran a hablar en castellano, cuando apenas lo habla" en urgencias ayer sábado. Asimismo, ha avisado de que "también con el médico, porque solo entiende español". A renglón seguido, se ha preguntado si "el catalán es obligatorio en el sector público".

"O en catalán o que no trabajen"

Las publicaciones del usuario de la sanidad pública catalana se han viralizado en la red social de los 280 caracteres, con un millar de retuits y cerca de 1.700 likes. En paralelo, ha generado un debate entre usuarios sobre los derechos y deberes de los trabajadores sanitarios. Los navegantes independentistas han exigido que este personal "entienda el catalán" o lo dominen. Uno de ellos, Pep Térmens (@Suedstern99) ha invitado a despedir al personal si carece de "conocimientos de catalán". Otros nacionalistas han tratado de poner en alerta las cuentas del Departamento catalán de Salud y el Síndic de Greuges, entre otros.

Por su parte, otros internautas han recordado que los trabajadores sanitarios "siempre quieren ayudar" o han lamentado que "la lengua vaya primero que otros derechos" en Cataluña. "Os importa más la lengua que vuestra propia salud", ha criticado @SoyRomanPearce.

Un ente oficial invita a denunciar

Lo más llamativo del caso, que no pasaría de rifirrafe en las redes sociales, es que un organismo oficial de la Generalitat de Cataluña haya intercedido. Se trata de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, un chiringuito independentista con funciones muy similares al Síndic de Greuges, equivalente al defensor del pueblo autonómico. El ente dirigido por el excupaire Adam Majó ha invitado a denunciar el caso mediante un formulario en línea.

Como avanzó este medio, la Oficina de Derechos Civiles la comanda un activista independentista que cobra más que el presidente del Gobierno. Teóricamente montada para blindar los derechos de los ciudadanos, la oficina arremetió contra la Plataforma por Tabarnia, a quien calificó de extrema derecha, provocando una denuncia de esta entidad civil. Ello sin perjuicio del gasto en propaganda del despacho: 200.000 euros en sus 15 meses de existencia.