Un ex de la 'batasuna catalana' divulgará "valores democráticos" en los colegios

Hace años que partidos y entidades constitucionalistas denuncian que la Generalitat utiliza la educación pública para adoctrinar a los alumnos en el ideario nacionalista catalán. Ahora tienen un nuevo elemento para apuntalar sus argumentos.

La Oficina de Derechos Civiles y Políticos autonómica, dirigida por el polémico Adam Majó --un veterano activista del independentismo más radical--, colaborará con la Consejería de Educación para guiar a los profesores en la difusión de “los valores democráticos y los derechos civiles y políticos” entre los estudiantes catalanes.

“Herramientas para la divulgación”

Así lo admitió el propio vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès --de cuyo departamento depende la Oficina de Derechos Civiles--, el pasado 24 de mayo, en una respuesta parlamentaria a una solicitud impulsada por Ciudadanos que no había trascendido hasta ahora.

Interpelado por la formación naranja sobre la relación entre la oficina de Majó y los centros educativos a propósito de una intervención de éste en sede parlamentaria, Aragonés contestó: “La Oficina de Derechos Civiles y Políticos no ha hecho divulgación ni asesoramiento en los centros educativos. No obstante, tiene previsto trabajar conjuntamente con el Departamento de Educación para facilitar al personal docente y a los centros educativos herramientas para la divulgación de los valores democráticos y de los derechos civiles y políticos”.

 

Exmiembro del MDT, brazo político de Terra Lliure

Esta respuesta de Vicepresidencia generó preocupación en las filas de Cs por considerar que el perfil de Majó no es el más apropiado para asesorar a los maestros de la enseñanza pública en la instrucción de valores democráticos a los alumnos. Un razonamiento que basan en la trayectoria del director de la Oficina de Derechos Civiles.

Majó no solo ha sido un destacado militante y dirigente de la CUP --formación antisistema y partidaria del incumplimiento de algunas leyes, además de vinculada a grupos violentos como Arran--, sino que fue miembro del Moviment de Defensa de la Terra (MDT), considerado como el brazo político de la organización terrorista Terra Lliure.

Obsesionado con el 1-O

Desde su constitución en octubre de 2018, la Oficina de Derechos Civiles y Políticos no se ha caracterizado precisamente por su imparcialidad ni su objetividad. Tal y como partidos y entidades constitucionalistas alertaron entonces, este departamento se ha convertido en manos de Majó en un elemento más de agitprop independentista.

El proyecto estrella de la oficina ha sido la elaboración de la “cartografía de la represión del 1 de octubre” para denunciar que “la prohibición del referéndum de autodeterminación y la persecución de los que lo organizaron puede implicar una vulneración de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos llamados a participar”. La web incluye un plano detallado con las actuaciones policiales del 1-O y un balance de heridos por “las actuaciones represivas” --aunque olvida los policías heridos--. Y presenta un resultado devastador que atribuye a la respuesta del Estado al intento de secesión unilateral.

Defensa de los lazos amarillos

De hecho, la actuación policial del 1-O --para criticarla-- y el juicio del procés --para defender a los encausados-- han sido las principales obsesiones de Majó y de su oficina en este año de trabajo. También ha dedicado amplios esfuerzos en denunciar los “ataques de la ultraderecha”, mientras ha minimizado la violencia independentista y ha olvidado por completo cualquier denuncia de discriminación a causa del nacionalismo catalán.

Majó ha criticado duramente las decisiones de las juntas electorales de ordenar la retirada de los símbolos partidistas --lazos amarillos y pancartas en favor de los presos del 1-O-- de los edificios públicos durante los periodos electorales, y ha considerado que, en consecuencia, también debería retirarse la bandera de España. Por otra parte, ha cargado contra los que retiran pancartas y símbolos independentistas de los espacios públicos y ha defendido a los ayuntamientos que colaboraron en el 1-O.

“¿Es Majó la persona apropiada?”

Ante esta situación, Cs ha registrado una batería de preguntas en sede parlamentaria destinadas al Govern con el objetivo de aclarar si esa colaboración entre la Consejería de Educación y la Oficina de Derechos Civiles y Políticos ya se ha iniciado y en qué ha consistido.

“¿Se ha producido alguna reunión con el Departamento de Educación? En caso afirmativo, ¿cuántas? ¿en qué fechas? En caso negativo, ¿cuál es el calendario de reuniones previsto? ¿Ha entregado la Oficina de Derechos Civiles y Políticos documentos que describan las ‘herramientas para la divulgación de los valores democráticos y de los derechos civiles y políticos’ para el personal docente y los centros educativos? En caso negativo, ¿cuáles son los documentos y cualquier tipo de herramienta que se tiene la intención de entregar a los centros educativos? Debido a que Adam Majó ha militado en el MDT, próximo a la organización terrorista Terra Lliure, ¿cree el Departamento de Educación que es una persona apropiada para dar ‘herramientas’ al profesorado y a los centros educativos?”, son las interpelaciones presentadas por la formación naranja.

“Protección de los menores”

La diputada de Cs Sonia Sierra --impulsora de estas iniciativas parlamentarias-- ha advertido de la importancia de priorizar la “protección de los menores” por delante de la imposición de una ideología partidista.

“Cualquier familia estaría preocupada si supiese que la educación de sus hijos depende de una persona con antecedentes como los de Majó”, ha sentenciado.