Helena Maleno: "Dejar morir a determinadas poblaciones da dinero"

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Un dosier que la policía española envió a las autoridades marroquíes acusaba a Helena Maleno (El Ejido, Almería, 1970) de tráfico de personas y de fomentar la inmigración ilegal, por las llamadas que hace a Salvamento Marítimo, en las que alerta de pateras a la deriva. Un supuesto delito por el que le pedían cadena perpetua en el país norteafricano, donde reside desde hace 18 años. Fue investigada por ambos territorios y, finalmente, la Audiencia Nacional archivó el procedimiento en marzo de 2019, tras 15 meses de pesadilla. Su crimen; defender los derechos humanos en la frontera sur.

Esta periodista, investigadora de los movimientos migratorios y la trata de personas, es fundadora del colectivo Caminando Fronteras. Una mujer valiente y comprometida que dedica su vida a denunciar que “dejar o hacer morir a determinadas poblaciones da dinero: se llama necropolítica”. Advierte así de que “el control de movimiento migratorio es uno de los grandes negocios del mundo”, y subraya que “el control del territorio nunca puede estar por encima del derecho a la vida”. Sus vivencias las ha plasmado en Mujer de frontera (Ediciones Península).

--Pregunta: Llega a Marruecos en 2002, se adentra en los asentamientos provisionales y comienza a denunciar violaciones de derechos humanos contra los que cruzan la frontera que les permite llegar a Europa. Recibe la primera llamada desde una patera --de centenares que vendrían después-- en 2007. ¿Cómo se establece esa red que llega hasta usted?

--Respuesta: Estar entre la vida y la muerte forma parte de la dinámica de la frontera y, al final, si estás con determinadas comunidades o colectivos, esa es la vida que hay. Una vez decides cruzar, o estás en tránsito, sabes que tienes un 50% de posibilidades de vivir y otro 50% de morir. Cuando estás en esa realidad, para sobrevivir se desarrollan estrategias de resistencia, dejar números de teléfono o información a amigos, dejar el contacto de tus padres por si te pasa algo. Una serie de cosas que ocurren de forma natural. Trabajar en estos contextos te lleva a implicarte de esta forma. Estás o no estás, no hay medias tintas.

--Esa primera llamada le hizo pensar que ojalá no recibiese ninguna más así, pero lleva todos estos años ayudando y recibiéndolas. ¿Cómo convive con ello?

--Pueden llegar a cualquier hora, dependiendo del tipo de ruta. Por ejemplo, con las toys en el estrecho; llamadas mucho más angustiantes porque son embarcaciones nada fiables y cada minuto cuenta para un rescate. No es lo mismo que te llame un familiar y te diga que hay una embarcación desaparecida desde hace dos días a que estés hablando con ellos directamente y te expliquen que se están hundiendo. Luego hay que buscar información para que los servicios de rescate puedan encontrarles, y muchas veces hay que calmarles, porque los datos son básicos: si están o no viendo tierra, por ejemplo. No solo convives con esas llamadas sino con las que llegan después, porque si son rescatadas, ya sea por Marruecos, Argelia o España, sabes que están bien, y ellos ya tienen el contacto con los familiares. Pero si no llegan a ser rescatados o desaparecen, las llamadas continúan por parte de los parientes que quieren recuperar los cuerpos; saber cuáles fueron los últimos momentos de sus seres queridos; buscar justicia. En el caso de que se encuentren los cuerpos, nos toca ver si pueden ser devueltos a su país de origen, si pueden ser enterrados en ese lugar. Un montón de cuestiones que se derivan a través de estas llamadas de auxilio.

Helena Maleno, fundadora de Caminando Fronteras / EFE

--¿Se ponen medios suficientes para los rescates?

--Es una convención internacional --sobre búsqueda y salvamento marítimos (Convenio SAR)-- sobre la protección del derecho a la vida en el mar, que tienen tanto Argelia, como Marruecos y España. Y nosotras tenemos que estar muy orgullosas de Salvamento Marítimo. Es un servicio público puntero en el mundo. En medio de esto están las pateras, pero este servicio público tiene que proteger una vida que se encuentra en riesgo, de un náufrago, porque al final cuando estás en el mar no eres un migrante, con o sin papeles, o un pesquero o un yate. Esa convención obliga a que los países se coordinen. De hecho, cuando uno llama a un servicio de rescate, este llama inmediatamente al otro. En nuestro caso, llamamos a los tres si es necesario porque no sabemos donde están las embarcaciones. Y los tres países tienen que colaborar para buscarles y encontrarles lo antes posible para que sus vidas no corran peligro. Ese marco es al que apelamos.

--¿Qué es lo que falla entonces?

--Que esos servicios de rescate se han visto atravesados por las políticas de control migratorio. Tenemos un mando único desde 2018, operaciones de Frontex; también la reducción de personal de Salvamento Marítimo que ha sido denunciada por el sindicato CGT; Marruecos no tiene operativos y depende de la marina que no tiene aviones. Una serie de consecuencias por las que existe mayor riesgo de que esas personas mueran, y lo que estamos diciendo es que existe una obligación. Una cosa es la migración, ese control del territorio, y otra cosa es la salvaguarda del derecho a la vida en el mar. Y están obligados todos los países.

--Sigue persistiendo esa idea, que dice, se asentó en 2005, de la impunidad en la frontera; ¿que la protección del territorio parece estar por encima del derecho a la vida?

--Sí, claro, hemos normalizado que eso es así pero no lo es. Se ha normalizado porque ha habido un discurso racista, detrás del que ni si quiera hay una consideración ideológica. Utilizan el racismo y muchas falacias para esconder un negocio. Porque el control del movimiento migratorio es uno de los grandes negocios del mundo. En eso han invertido las principales empresas de venta de armamento europeas. Entonces, la cuestión del territorio no está basada en lo que siempre oímos, lo que les preocupa es el negocio que ellos tienen, donde van los 9 millones de euros que se gastan en las operaciones Índalo y Era en el Mediterráneo cuando lo que tienen es una fragata. ¿Quién se está llevando todo ese dinero? Esa es la transparencia que tiene que importarnos. Y con esas consignas vacías de contenido, lo que hacen es engañar a la ciudadanía. El control del territorio en una democracia nunca puede estar por encima del derecho a la vida. Eso está clarísimo, tú puedes controlar una frontera pero tienes que respetar los derechos humanos. Y todo lo demás, lo que viene después, es simplemente tapar todo ese negocio que viene detrás. Ningún Gobierno europeo, sea cual sea su ideología, tiene una política migratoria diferente. Todos han hecho la misma, para proteger el dinero de esas empresas y lobbys.

Personas rescatadas por Salvamento Marítimo / EFE

--¿Cómo se lucha contra eso? Recuerda la condena a España del Comité de Tortura de la ONU tras la muerte por ahogamiento del senegalés Lauding Sonko, después de que la Guardia Civil de Ceuta le pinchase el salvavidas, pero las prácticas del Estado no cambian.

--Claro que no cambian. Ahora estamos en un momento muy importante: las vidas negras importan --en referencia a la muerte de George Floyd a manos de un policía en EEUU y las protestas que ha generado--. Importan en EEUU, en los invernaderos de Huelva, de Almería y en Lleida. Importan allí e importan en nuestras fronteras. Lo que va a hacer cambiar esto es que la ciudadanía de verdad entienda que esto beneficia a los de siempre y no a la democracia. Cambiará cuando las personas tengan de verdad la capacidad de estar ahí, cuando de verdad entendamos que quienes nos han estado dando de comer no han sido los que ha salido en fila con las banderas, ellos no han recogido las frutas y las hortalizas para que otros estuvieran confinados. Son todas esas personas sin documentación, a las que el racismo asesina, quienes han estado sacando la fresa, y la frambuesa adelante. Son ellos quienes están durmiendo en la calle en Lleida para que la gente confinada siga comiendo. Esta pandemia era una oportunidad para darnos cuenta de cómo era el sistema, y de que podemos salir más reforzadas con solidaridad, apoyo mutuo y con la defensa de derechos humanos y los servicios públicos. Y, dentro de esos derechos humanos, tienen que estar todas las personas que están en un territorio.

--El Gobierno ha podido regularizar la situación de muchas personas migrantes, como Italia o Portugal durante la emergencia sanitaria, pero se ha negado.

--No han querido hacerlo porque no han sido valientes, porque hay una parte del sistema que mata. Hacer o dejar morir a determinadas poblaciones da dinero. Eso es así. Se llama necropolítica. Pero la parte que sobrevive, cuando llega a Europa vive en condiciones, en su mayoría, de explotación y esclavitud, eso interesa también al sistema. La situación de esclavitud da dinero al sistema. Si le queremos dar una vuelta, para hacerlo más solidario, para que nadie se quede atrás, necesitamos ser valientes. Y es una pena perder esta oportunidad. Que las personas sean regularizadas, después de lo que hemos visto, que han estado en primera fila, luchando contra esta pandemia, muchos de ellos sin acceso a algo tan básico como es el derecho a la salud. Cuando dijeron ‘nadie se queda atrás en esta pandemia’: nadie es nadie, porque un virus no entiende de documentación, sino de todas las personas que comparten un espacio y un territorio.

Cadáver de una de las personas que viajaba en una patero que naufragó en Caños de Meca / EFE

--El dosier que hicieron en su contra, ¿busca amedrentar a otros defensores de derechos en la frontera?

--El sistema te deja el marco de las políticas de la compasión. Maquillar vulneraciones de derechos con cuestiones humanitarias y la acogida, pero no puedes ir más allá. En cuanto sales de ahí y reclamas derechos, puedes ser perseguido. Hay más de 250 casos en territorios europeos de persecución de la solidaridad. Y la criminalización de redes de apoyo mutuo. También me pasó a mí por hacer llamadas a Salvamento Marítimo. Claro que intentan hacer casos ejemplarizantes y meter miedo a la gente que está defendiendo derechos. Los primeros, los migrantes, que son los que sufren esa vulneración.

--¿Cuáles son las consecuencias?

--En mi vida ha dejado una marca terrible porque he salido absuelta, pero el sufrimiento está ahí. Mi vida ya no volverá a ser como era antes porque un proceso de criminalización obliga a tomar medidas de protección y seguridad, con las que aún vivo, porque las personas que hicieron mi dosier siguen en sus puestos de poder, no se las ha investigado, no sabemos si siguen haciendo dosieres, no solo de mí, sino de otras personas. Hay que protegerse porque el Estado no te protege, y estamos en zonas muy complicadas. No solo en España, ocurre en otros países como México, Honduras o Baréin. Lo triste es que desde un Estado que se dice democrático se deje a la policía invertir horas y dinero en estas prácticas, en vez de hacer lo que deberían, que es desmantelar verdaderas redes criminales que existen.

--No tiró la toalla.

--Fue una victoria colectiva por toda la movilización internacional que generó, pero también de organizaciones sociales de muy distinto signo. Tuve mucho apoyo de la Iglesia, por ejemplo, pero también de grupos muy opuestos. Fue un arco muy amplío y ,como ganamos, eso es lo importante para seguir luchando y trabajando. No se puede parar. Con la pandemia, un momento histórico, el mundo está reflexionando y cambiando rápidamente, y es importante seguir ahí. Yo sigo recibiendo amenazas de muerte, me insultan por redes, pero siempre les digo lo mismo: ‘respeten ustedes a los tribunales’. He sido investigada por dos países, por tres policías, la marroquí, la española y la europea, y la Audiencia Nacional dijo que lo que yo hacía no era delito y un tribunal marroquí también. ‘Sean ustedes demócratas y respeten las decisiones judiciales’. Pero las amenazas siguen ahí porque saben que lo que hacemos atenta sobre todo contra sus intereses económicos, porque al final , eso es lo que hay detrás, grandes intereses económicos.